Eva Lorentz, la jefa de Recursos Humanos del Ministerio Público cuando se produjo la irregular liberación de varios detenidos por narcotráfico que provocó la caída del entonces procurador encargado Giuseppe Bonissi, es otra usuaria de un singular y popular sistema para evitar la cárcel en Panamá. (Vea nota relacionada).
Lorentz, acusada de delitos contra el orden económico y corrupción de funcionarios por el caso conocido como la “narcoavioneta”, utilizó para garantizar su excarcelación la finca 332406 ubicada en el corregimiento de Río Hato, distrito de Antón, provincia de Coclé, cuya extensión, según la escritura correspondiente, es de cuatro hectáreas.
Según información de la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales, el propietario actual del terreno es el español Miguel Amat Torras, quien lo compró en $5 mil a Pablo Chávez Restrepo el 4 de marzo de 2011.
El Registro Público, por su parte, también tiene registrada el 4 de marzo de 2011 como la fecha de traspaso de la finca.
Sin embargo, al momento de la supuesta “compraventa”, Chávez Restrepo tenía un año de haber fallecido de un “infarto cerebral”, según certifica el Registro Civil.
¿Cómo se explica esta incongruencia? En el Registro Público no tienen respuestas, solo alegan que reciben diariamente múltiples resoluciones notariadas y que solo las registran en su sistema. En pocas palabras, le atribuyen la responsabilidad a los notarios y a Catastro.
