La propuesta legislativa que reforma el derecho a réplica en los medios de comunicación, aprobada por unanimidad en primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, ha encendido las alarmas en el sector periodístico y reabierto un debate sensible sobre los límites entre la regulación y la libertad editorial.
Diversos grupos, como el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información y el Consejo Nacional de Periodismo (CNP), advirtieron que la iniciativa no solo toca un tema que ya se encuentra regulado en la legislación vigente a través de la Ley 22 de 2005, sino que además podría abrir la puerta a nuevas formas de intervención en el delicado funcionamiento editorial de los medios de comunicación.
Para estos sectores, el proyecto de ley (que lleva el número 391) plantea posibles riesgos para las libertades de expresión y de prensa al establecer disposiciones que, según sostienen, podrían incidir directamente en la forma en que los medios publican, corrigen o responden a las informaciones difundidas, un terreno donde cada palabra suele pesar tanto como el silencio.
Pero, ¿cuál fue la motivación de algunos diputados de la Comisión de Gobierno para darle el visto bueno a esta propuesta y qué esperan en el segundo debate?
La diputada de la coalición Vamos, Janine Prado, explicó que su posición frente al proyecto de ley que reforma el derecho a réplica estuvo marcada por los cambios que ha experimentado el ecosistema mediático en las últimas dos décadas, un periodo en el que la forma de comunicar también cambió de ritmo.
Cambios en la comunicación
Ante la consulta de este medio, Prado señaló que en los últimos 21 años el mundo de la comunicación ha sufrido transformaciones profundas, especialmente por la expansión de los medios digitales, un fenómeno que —según sostuvo— obliga a revisar el marco legal vigente para adaptarlo a las nuevas dinámicas informativas.
En ese contexto, la diputada quiso saber cuál era la opinión de los medios de comunicación. Ni un gremio emitió concepto (favorable o no) al proyecto de ley presentado por el diputado Ernesto Cedeño, como suele ocurrir cuando un proyecto en discutido en primer debate.
Cedeño respondió que se había cursado invitación a diversos gremios y organizaciones vinculadas al sector para conocer sus opiniones, pero que —según su versión— nadie respondió.
Guido Rodríguez, que es parte de la junta directiva del Fórum, recalcó que Cedeño nunca les consultó sobre el tema.
Prado insistió en que el proceso legislativo aún ofrece espacio para ampliar la discusión. A su juicio, en el segundo debate (cuando todavía se podrían introducir modificaciones) debe garantizarse la participación de todas las partes involucradas, en particular de los sectores vinculados al periodismo y a los medios de comunicación.
“Los proyectos de ley se fortalecen cuando escuchamos a todos los sectores”, sostuvo la diputada, al abogar por un debate más amplio antes de la aprobación definitiva de la propuesta.
Mientras tanto, el diputado Roberto Zúñiga, también del movimiento Vamos, subrayó que el debate sobre la iniciativa debe darse en un ambiente democrático, donde se escuchen todas las posiciones, incluidas las críticas provenientes del sector periodístico.
“Tiene todo el derecho a estar en contra del proyecto. Vivimos en democracia. Se tienen que escuchar las opiniones de todos”, afirmó, al tiempo que consideró fundamental que periodistas y gremios participen en la discusión legislativa para introducir los ajustes que sean necesarios.
Durante la discusión en primer debate se introdujo un cambio específico: que el derecho a réplica tenga la misma “prominencia” con la que se difundió la información original.
Según sostuvo Zúñiga, la modificación también busca aclarar el tema de la responsabilidad sobre los contenidos publicados, al señalar que la propuesta apunta a redefinir quién responde por la información difundida en los medios.
No obstante, Zúñiga recordó que el proyecto aún se encuentra en una etapa inicial del trámite legislativo y que su contenido puede ser modificado en el segundo debate.
Otras opiniones
Este jueves en el pleno de la Asamblea, el diputado del movimiento Movimiento Otro Camino (Moca), Ernesto Cedeño, defendió la iniciativa al sostener que su propuesta no crea una figura nueva, sino que busca hacer efectivo un principio ya reconocido en la legislación panameña y en el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Rodríguez, en el programa Cuarto Poder, de Telemetro, que conduce junto a Atenógenes Rodríguez, dijo que no conoce un solo caso en el que el medio de comunicación haya negado el derecho a réplica.
Lo mismo declaró Jorge Molina, director (encargado) de La Prensa y presidente de Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa).
“No conozco de ningún caso que haya llegado a la Corte o los tribunales porque no se ha cumplido el derecho a réplica. La buena práctica periodística conlleva reconocer el derecho a réplica y ciertamente se respeta. Conforme viene planteado lo que se conoce del proyecto distorsiona el derecho a réplica y lo convierte en un mecanismo de facilitar situaciones conocidas como la postverdad o fake news”, señaló Molina.
Agregó que el proyecto genera una situación desafortunada porque se ha avanzado en su discusión sin participación de los medios de comunicación. “A Corprensa, nadie la ha convocado a ese debate”, remarcó.
Según explicó, el objetivo es garantizar que, cuando una persona sea afectada por una información inexacta, pueda ejercer una rectificación o réplica con la misma relevancia con la que se difundió la publicación original.
Lo mismo hizo el diputado del partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, presidente de la Comisión de Gobierno, quien respaldó el trámite del anteproyecto al subrayar que la iniciativa fue acogida de manera unánime por los miembros de esa instancia legislativa.
Camacho aclaró que el proyecto no pretende “inventar” el derecho a réplica, ya establecido en la ley, sino introducir ajustes al procedimiento para hacerlo efectivo en la práctica. También criticó lo que calificó como interpretaciones erróneas difundidas en algunos medios y redes sociales sobre el contenido de la propuesta.
Entre los cambios propuestos figura un nuevo criterio de visibilidad para las réplicas. Mientras la legislación vigente establece que la rectificación debe contar con el mismo espacio que la información cuestionada, la reforma añade que también deberá tener la misma prominencia, lo que implicaría garantizar un nivel similar de exposición o relevancia editorial.
El proyecto también elimina una cláusula existente en la normativa actual que condiciona la extensión de la réplica a la “disponibilidad del medio”. En la versión reformada, ese criterio desaparece, lo que, según los gremios, reduce el margen de decisión editorial de los medios de comunicación.
La Asamblea todavía no ha divulgado cómo quedó el texto modificado del proyecto 391, luego de su aprobación en primer debate el pasado 11 de marzo.
Lo próximo será su incorporación en la agenda del pleno legislativo, para su discusión en segundo debate.
