El paquete de reformas al Código Electoral, que ya se encuentra en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional para su discusión en primer debate, plantea cambios clave al sistema de financiamiento privado de las campañas.
La iniciativa, propuesta por el Tribunal Electoral (TE), busca introducir nuevos controles para conocer con mayor precisión el origen de los fondos que reciben los candidatos y partidos políticos.
Todo ingreso proveniente de una donación privada, según el proyecto, requerirá la suscripción simultánea de un documento diseñado por la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político del TE, en el que se deberá detallar el origen de los fondos.
Este comprobante tendrá que ser remitido electrónicamente al Tribunal Electoral al momento de realizar el depósito —para la trazabilidad de los recursos— y formará parte del informe posterior de ingresos y gastos.
Los magistrados incorporaron esta disposición al proyecto con el objetivo de reforzar la fiscalización del financiamiento político. Para el magistrado Narciso Arellano, prevenir el ingreso de recursos de procedencia ilícita constituye uno de los “componentes esenciales de la integridad electoral”.
“Por ello, el proyecto fortalece los mecanismos de fiscalización simultánea y concomitante del financiamiento político, procurando que la supervisión no se limite a una revisión posterior de las cuentas electorales, sino que permita al Tribunal Electoral conocer oportunamente las operaciones relevantes”, dijo Arellano al presentar el proyecto a finales de agosto.
El exfiscal electoral Boris Barrios ponderó la propuesta y consideró válido fortalecer los controles para evitar el ingreso de dinero proveniente del lavado de activos o del narcotráfico. “Eso es para mí la novedad”, dijo.
Para el abogado Edwin Vargas, quien estuvo en la mesa de Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) por el partido Movimiento Otro Camino (Moca), la propuesta es “un paso adelante en materia de prevención”.
Recordó que durante el transcurso de la discusión en la CNRE, Moca propuso la figura del oficial de cumplimiento que tiene como finalidad de verificar el origen de los fondos, “por lo que en principio estamos de acuerdo con esta propuesta” del TE.
El Código Electoral vigente solo establece que los partidos y candidatos deben registrar, mediante un formulario, las contribuciones recibidas, incluyendo el nombre y número de cédula del donante o, en el caso de una empresa, el Registro Único de Contribuyente. Los fondos privados que reciban deben ser depositados en una cuenta única en el Banco Nacional de Panamá o la Caja de Ahorros.
El efectivo tendrá un techo
Otra de las novedades del proyecto es la imposición de un límite al dinero en efectivo. Los candidatos podrán recibir hasta $1,000 en efectivo de un mismo donante durante su campaña.
La propuesta de ley va más allá y establece un límite global: la totalidad de las donaciones recibidas en efectivo no podrá superar el 7% del tope de financiamiento privado establecido para el cargo correspondiente.
Si se lleva a la práctica, el límite permitiría a un candidato presidencial recibir hasta $700,000 en efectivo durante su campaña. Para un aspirante a diputado de la República, el máximo sería de $21,000; para un candidato a alcalde, $1,050; y para un representante de corregimiento, $700.
En el caso del Parlacen, el límite sería de $700, tomando como referencia el tope de $10,000 establecido en el actual Código Electoral.
De acuerdo con el TE, estas medidas buscan “fortalecer los controles” sobre el financiamiento político y permitir una fiscalización más oportuna de los recursos que ingresan a las campañas.
La danza de millones
El volumen de recursos privados que circula durante una elección se cuenta en decenas de millones de dólares. Según el Informe a la Nación 2024 del Tribunal Electoral, los candidatos declararon $29.2 millones en gastos con cargo al financiamiento privado en las elecciones de 2024. En los comicios de 2019, la cifra había alcanzado $34.9 millones.
Esto supone una disminución de unos $5.8 millones, o aproximadamente 16.5%, entre ambas elecciones. Solo las campañas presidenciales declararon gastos privados por $9.4 millones en 2024, frente a $13.2 millones en 2019.
Una medición distinta, elaborada por la plataforma La Ruta de la Plata, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, contabilizó $21.3 millones en ingresos privados reportados por las candidaturas analizadas para las elecciones de 2024. Ambas cifras no son directamente comparables: la primera corresponde a gastos declarados ante el TE, mientras la segunda recoge ingresos reportados dentro del universo examinado por la plataforma.
De ese monto, $986 mil 830 fueron en efectivo; $17 millones 350 mil 860 en cheque; $694 mil 493 en especie, y $2 millones 292 mil 474 fueron clasificados como “recursos propios”.
Los plazos
La reforma también establece un nuevo plazo para la entrega de los informes de ingresos y gastos de campaña de los partidos políticos.
El informe deberá ser presentado mediante una declaración jurada suscrita por el representante legal del partido y el contador público autorizado, dentro de los 45 días calendario siguientes a la elección general. En la actualidad, el código no establece fecha.
La entrega posterior al plazo establecido será sancionada. El proyecto incrementa las multas: la sanción para los tesoreros de los candidatos a presidente pasaría de $2,000 a $4,000, mientras que para los candidatos a diputados aumentaría de $1,000 a $2,000.
Tras las elecciones generales de 2024, un total de 923 excandidatos a cargos de elección popular, no proclamados, no entregaron —o lo hicieron de forma tardía— sus informes de ingresos y gastos correspondientes al financiamiento privado que recibieron para impulsar sus candidaturas.
En la contienda que participaron 6,876 candidatos, hubo 16 —hoy autoridades electas— que sí fueron proclamados, pero que entregaron de forma tardía los informes, según datos del TE.
La discusión del nuevo proyecto de reformas electorales está prevista para esta semana en la Comisión de Gobierno, presidida por el diputado perredista Benicio Robinson.
