El pasado 5 de diciembre, el Consejo Directivo Nacional (CDN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD) hizo público un comunicado de 1,030 palabras de extensión para divulgar la posición de ese colectivo ante el proyecto de ley 163 de reformas a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), y al proceso de consulta, participación pública y deliberación por parte de la Asamblea Nacional de dicho proyecto de ley.
El contenido del documento está organizado en diez párrafos de considerandos, en los que se expresan los marcos de referencia del partido frente a esta temática y 13 puntos enumerados en la sección de “Resuelve” en los que se exponen las propuestas específicas del PRD frente al proyecto de ley 163. El comunicado parece haber sido redactado por tres sectores distintos del partido: un sector que quiere reformar el proyecto de ley 163, un segundo sector que quiere regresar al modelo puramente solidario dándole la espalda a todo lo que contiene el mencionado proyecto de ley, y un tercer sector que no sabe lo que quiere.
Los considerandos
En el segundo párrafo de los considerandos se presenta un alegato de barricada que podría ser invocado por cualquier colectivo que no perteneciera a la partidocracia: “Que el agotamiento del modelo político, económico y social instaurado después de la invasión norteamericana del 20 de diciembre de 1989, como también lo [sic] efectos de la crisis ocasionada por la pandemia de covid del 2019, y la no atención oportuna de las tres últimas administraciones a la situación de la Caja del Seguro Social obliga a que se establezcan mecanismos participativos y basados en la toma de decisiones consensuadas.”. Para efectos de claridad histórica, el PRD gobernaba antes del 20 de diciembre de 1989 y no le iba muy bien al país. Después de la brutal invasión de los Estados Unidos, el PRD ha tenido tres administraciones por un total de 15 años de gobierno.
En el tercer párrafo se extiende lo que parece ser una rama de olivo que pareciera indicar el interés de contribuir a ser parte de la solución de la CSS: “Que reconocemos que es urgente y necesario encontrar una salida con fórmulas sencillas, efectivas, y convenientes que permitan a la Caja continuar garantizando la cobertura de jubilación y pensiones dignas y justas a las actuales y futuras generaciones”.
En el quinto párrafo se plantea una especie de confesión velada, en la que se asume un resultado que no está destinado a suceder, salvo que los propios diputados lo decidan así: “Que el carácter público de la Caja de Seguro Social (CSS) es fundamental para garantizar la equidad, sostenibilidad y justicia en la prestación de servicios sociales y que la propuesta de convertirla en una entidad de “servicio público” podría abrir la puerta a procesos de privatización, como ha ocurrido en el pasado con otras entidades nacionales”. Vale recordar que notables instituciones panameñas como la Autoridad del Canal de Panamá, el Hospital Santo Tomás, o el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, son entidades que dan servicio público sin que en su larga historia se haya intentado privatizarlas. “El que solo se ríe, de sus picardías se acuerda”.
En el séptimo párrafo se da una afirmación punzante contra la trayectoria de los gobiernos PRD del periodo democrático: “Que el sistema dual de pensiones creado por la Ley 51 de 2005 ha generado desigualdades y déficits financieros que afectan a los cotizantes más jóvenes, mientras que la falta de individualización de cuentas y las fallas estructurales en la gestión de los fondos han agravado el problema del sistema solidario.”. Es decir que la Ley que el propio PRD hizo para enfrentar el problema de las pensiones de la CSS no ha funcionado, y la receta propuesta es: ¿volver al sistema solidario?
En el noveno párrafo se expresa una verdad producto de la experiencia vivida por el país: “Que un debate apresurado e insuficiente sobre el Proyecto de Ley 163 pondría en riesgo los derechos de los cotizantes actuales y futuros, así como la estabilidad del sistema de seguridad social en Panamá”. Esto casi es un “mea culpa” en el que el PRD reconoce su responsabilidad por la aprobación apresurada e inconsulta del contrato minero.
Los ‘resuelve’
Esta sección del comunicado comprende la lista de peticiones, propuestas y acciones que hace el PRD con respecto al proyecto de ley 163. Así en el tercer numeral dice: “Instar a la Asamblea Nacional a modificar las disposiciones del Proyecto de Ley 163 que reduzcan la autonomía de la CSS o que limiten las facultades de la Junta Directiva como órgano de dirección máxima”. El concepto fundamental es mantener el poder de la Junta Directiva de la CSS, es decir que no haya un cambio fundamental en la gobernanza de la institución.
En el numeral cuatro está el planteamiento central del PRD en materia de pensiones, unir los dos subsistemas y volver al modelo solidario: “Exigir al Gobierno Nacional la aplicación de políticas que garanticen un sistema de pensiones solidario, sostenible y justo, fusionando las reservas del sistema dual existente y garantizando pensiones dignas para todos los cotizantes”. En todo el documento no aparece una sugerencia o recomendación de cómo se pagaría esta fusión y cuáles serían las medidas económicas que el Estado panameño tendría que tomar para convertir todas las pensiones a beneficio definido.
En el numeral seis, el CDN del PRD propone que el proyecto de ley 163 adopte mecanismos con los que nadie puede estar en desacuerdo: “Verificar que cualquier reforma a este proyecto de Ley, incluya la implementación de mecanismos de transparencia y auditoría ciudadana en la gestión de la CSS, fortaleciendo la confianza de la población en la institución”. El PRD omite en este comunicado mencionar, censurar o reclamar por la mediocre tarea realizada por el Contralor General de la República Gerardo Solís, en lo referente a velar por el buen funcionamiento y en especial por el buen manejo de la CSS.
En el numeral nueve el PRD recomienda más tiempo y más debate para esta propuesta: “Proponer que el debate legislativo sobre el Proyecto de Ley 163 se extienda hasta las sesiones ordinarias que inician en enero próximo, para incluir mesas de diálogo con los distintos actores sociales, representados por diversos especialistas y la academia, con el objetivo de alcanzar un consenso nacional sobre las reformas necesarias para la seguridad social en Panamá”. La recomendación tiene validez, pero si el PRD hubiera dado el ejemplo cuando tuvo la aplanadora legislativa en gobiernos anteriores, esta propuesta tendría mayor respaldo moral. Es difícil convencer a la clase política cuando se manifiesta un grado de hipocresía al actuar de una forma en gobierno y pretender que los demás se comporten diferente cuando se es oposición.
En el numeral diez, se presenta un planteamiento demagógico e irresponsable, cuando se dice querer proteger a la clase trabajadora: “Rechazar el aumento de la edad de jubilación, cuotas y cualquier otra propuesta que afecte a la clase trabajadora nacional”. Si la propuesta del PRD es volver al sistema solidario, y no quiere que se toquen las medidas paramétricas, entonces el pensamiento ideológico de este colectivo político frente a las finanzas públicas corresponde más a la categoría de pensamiento mágico que a la de pensamiento responsable.
En el numeral trece, de forma poética el PRD presenta su posición legislativa en concreto sobre este tema: “Instruir a la Bancada de Diputados de nuestro Partido, a votar en contra del Proyecto de Ley 163, si no son atendidas las consideraciones técnicas, las modificaciones pertinentes exigidas y los artículos del actual proyecto, que vulneran los Derechos Humanos y la Seguridad Social de nuestro país, tal como lo han señalado los Movimientos Sociales y el Partido Revolucionario Democrático (PRD)”. El numeral sería más fuerte si concluyera expresando que los diputados del colectivo rechazarían todo ofrecimiento de nombramientos, aumento de partidas o prebendas en defensa de los verdaderos intereses del pueblo panameño.
El comunicado del PRD refleja una fractura intelectual en un partido político cuya línea ideológica es la social democracia. Los principales gobiernos socialdemócratas del mundo como Alemania, Holanda, Suecia, entre otros, que han llevado adelante reformas pensionales, lo han hecho con responsabilidad y mucha sensibilidad social.
El comunicado del PRD carece de lo primero y quiere disimular lo segundo. Existen críticas muy válidas a la forma y a los tiempos en los que el gobierno de José Raúl Mulino ha avanzado esta iniciativa. Además, hay cuestionamientos a algunos de los planteamientos de fondo del proyecto de ley 163.
En un sistema democrático todo esto es válido y necesario. Sin embargo, pretender un borrón y cuenta nueva histórico sobre la propia responsabilidad del PRD, y respaldar propuestas que se saben inviables y nefastas para el país es un típico acto de politiquería y oportunismo. Eso pinta de cuerpo entero a los partidos políticos tradicionales, y expone de raíz la crisis ética e intelectual que padecen.
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