La eliminación del voto secreto en la Asamblea Nacional se convirtió este martes 14 de julio en uno de los principales temas de discusión del proyecto de ley 594, que reforma el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI).
Diputados de distintas bancadas presentaron propuestas para que todas las votaciones en el pleno y en las comisiones sean públicas y queden registradas en el sitio web del Legislativo, con el argumento de fortalecer la rendición de cuentas.
El diputado Augusto Palacios, de la coalición Vamos, durante su intervención en el debate defendió la eliminación del voto secreto al sostener que la Asamblea debe funcionar “de puertas abiertas”.
“Aquí no debe existir ningún voto secreto. El ciudadano tiene que saber todo lo que hacemos”, dijo.
Añadió que el electorado tiene derecho a conocer cómo vota cada diputado y las razones de su decisión. “Cada diputado debe tener la valentía de decirle al país cómo vota y por qué lo hace”, expresó al presentar una modificación para prohibir totalmente las votaciones secretas tanto en el pleno como en las comisiones.
En la misma línea, el diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (MOCA), propuso incorporar un artículo que establezca que las votaciones en las comisiones, subcomisiones y el pleno sean siempre públicas y que el sentido del voto de cada diputado sea divulgado en la página web de la Asamblea.
Voto censura y renuncia de ministros
Pérez Barboni también presentó una propuesta para fortalecer los efectos del voto de censura contra ministros de Estado.
La iniciativa plantea que, una vez el pleno apruebe una censura, el ministro esté obligado a presentar su renuncia y que el presidente de la República disponga de un plazo máximo de 10 días para designar a su reemplazo.
Además, establece que el funcionario censurado no podrá volver a ocupar un ministerio ni dirigir una entidad del gobierno central o descentralizado durante el resto del período constitucional. Actualmente, la Constitución reconoce la figura del voto de censura, pero no obliga al mandatario a destituir al ministro que fue censurado.
Sobre este mismo tema, el diputado Eduardo Gaitán, de Vamos, propuso incorporar mecanismos coercitivos para garantizar que los funcionarios comparezcan ante la Asamblea cuando sean citados.
Señaló que el reglamento debe contemplar sanciones para quienes incumplan estas obligaciones e incluso sugirió la suspensión del salario de los funcionarios que, tras recibir un voto de censura, se nieguen a acudir al pleno. “Toda norma tiene que tener una sanción. Debemos garantizar que los funcionarios vengan a la Asamblea a rendir cuentas”, manifestó.
Responsabilidad civil para el diputado
Entre las modificaciones presentadas durante la sesión también figura una iniciativa de Pérez Barboni para limitar la inmunidad parlamentaria.
Aunque mantiene el principio de irresponsabilidad jurídica de los diputados por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones, propone que durante la formación de las leyes respondan civilmente cuando sus expresiones sean “evidentemente ofensivas y calumniosas”. El reglamento vigente establece que los diputados no son legalmente responsables por las opiniones que emitan en el desempeño de su cargo.
Por su parte, la diputada Yarelis Rodríguez, de la bancada Vamos, presentó una reforma para endurecer los requisitos de quienes aspiren a ocupar los cargos de secretario general y subsecretario general de la Asamblea.
La propuesta exige ser panameño, tener al menos 25 años, no haber sido condenado por delitos penales o contra la administración pública, además de poseer título universitario y experiencia profesional en áreas como Derecho, Administración Pública, Administración de Empresas, Gerencia o disciplinas afines.
En la actualidad, el reglamento únicamente exige que el aspirante sea “idóneo para el cargo”. El puesto de secretario general, actualmente ocupado por Carlos Alvarado —hijo del exlegislador Carlos ‘Titi´Alvarado (q.e.p.d)—, ha sido tradicionalmente de designación política.
El pleno legislativo cumplió este martes su quinto día consecutivo de debate del proyecto y aún mantiene una lista de más de una decena de diputados pendientes de intervenir, mientras continúan presentándose modificaciones al texto. Según Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas, ya se contabilizan hasta 80 propuestas.
