Reformas para cortar privilegios de los diputados, congeladas en los pasillos legislativos

El diputado que no trabaja no cobra, el voto no será secreto, no habrá exoneración de impuestos al momento de importar un carro, el patrimonio de los diputados será público, la Asamblea podrá exigirle al Ejecutivo un informe sobre sus logros, al terminar su gestión el presidente del Legislativo tendrá que rendir cuentas sobre la planilla y las leyes debatidas, no podrán darle trabajo a familiares, y se reducirá de 15 a 10 las comisiones de trabajo.

Estos son algunos de los aspectos que contienen varias de los proyectos de ley para reformar el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional, documentos que esperan debate desde los primeros días de julio pasado, cuando se instaló el grupo de diputados para el periodo constitucional 2024-2029. Las propuestas están congeladas en la Comisión de Credenciales. No se ha revisado ninguna.

La mayoría de estas propuestas fueron presentadas por diputados que llegaron por primera vez al palacio Justo Arosemena el pasado 1 de julio. En esa lista están, por ejemplo, Alexandra Brenes, de la bancada independiente Vamos, y José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino.

En total, en la Comisión de Credenciales de la Asamblea esperan cuatro iniciativas de este tipo por discusión. Además de las de Brenes y Pérez Barboni, están dos proyectos presentados por José Luis Popi Varela, del Partido Panameñista, y Luis Eduardo Camacho, del oficialista partido Realizando Metas (RM).

“La comisión nunca se ha reunido para tratar este tema”, afirmó la diputada Brenes.

Janine Prado, jefa de bancada de Vamos y miembro de la Comisión de Credenciales, donde se deben discutir las modificaciones al RORI, declaró a La Prensa que aún no se ha fijado una fecha para los debates. Comentó que se han hecho consultas sobre el tema, pero todavía no se ha recibido una respuesta concreta acerca de cuándo se incluirán en el orden del día de la comisión para ser discutidos o revisados.

Añadió que la comisión sigue atendiendo las ratificaciones de los funcionarios nombrados por el Ejecutivo. Recordó que se trata de 200 nombramientos que requieren ratificación, un proceso que continuará a lo largo de los próximos meses.

Por su lado, José Pérez Barboni, el autor del proyecto de ley que propone eliminar el secreto al momento de votar, así como los privilegios que tienen los diputados, indicó que aunque la Comisión de Credenciales se ha centrado en las ratificaciones de funcionarios, considera que este tema debe ser una prioridad. Recordó que este fue el primer proyecto de ley presentado en esta legislatura.

Alexandra Brenes, en tanto, manifestó que “para ellos” —refiriéndose a sus colegas de la Comisión de Credenciales— “puede que esto no sea una prioridad”.

Esta comisión tiene como presidenta a Shirley Castañeda, diputada del partido oficialista RM. Brenes propone establecer un horario en las discusiones del pleno para “evitar los madrugonazos”. Asimismo, aboga para que las reuniones de las comisiones sean públicas y que se descuente el salario al diputado que no asista a las sesiones.

La propuesta de Luis Eduardo Camacho busca ampliar el tiempo de intervención de los diputados en los debates. Actualmente, un diputado tiene derecho a hablar durante 30 minutos en la primera y segunda ronda de debate. Este diputado quiere que se extienda a una hora en la primera ronda.

Por su parte, el panameñista José Luis Varela aboga por reducir el número de comisiones permanentes de 15 a 10, al igual que por eliminar el carácter “reservado” de las reuniones de esas comisiones. También sugiere publicar las planillas legislativas con datos exactos: nombre, cédula, salario, oficina o despacho al que esté asignado. Además, propone prohibir a los diputados nombrar personal hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

La gran promesa

Reformar el RORI es una de las prioridades de los 20 diputados independientes que fueron electos en las elecciones del pasado 5 de mayo. En el quinquenio pasado (2019-2024), el entonces diputado independiente Juan Diego Vásquez impulsó una propuesta que establecía la aplicación de un descuento de salario a los diputados cuando faltaran a las sesiones, los obligaba a presentar una declaración jurada de bienes patrimoniales y a publicar la lista del personal adscrito a sus despachos. También eliminaba uno de sus principales privilegios: la importación de dos vehículos libres de impuestos.

Sin embargo, la propuesta fue desestimada por la aplanadora del oficialista Partido Revolucionario Democrático, que en el gobierno pasado controlaba el Legislativo.

Eliana Morales Gil

Editora Política/Judiciales