Un cruce de información entre el Ministerio de Desarrollo Social de Panamá (Mides) y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) dejó al descubierto una cifra significativa: más de 8 mil beneficiarios de programas sociales mantienen registros vinculados a vehículos o cupos de transporte público, lo que encendió las alertas entre las autoridades encargadas de fiscalizar estos apoyos estatales.
Los datos, correspondientes a los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC), revelan que 8,010 beneficiarios figuran con algún tipo de registro vehicular. De ese total, 7,976 aparecen con placas de autos —ya sean particulares, taxis o buses— y otros 205 con cupos de transporte público, una condición que, en algunos casos, podría contradecir los criterios de elegibilidad.
A partir de este hallazgo, la Dirección de Inclusión y Desarrollo Social del Mides inició un proceso de verificación que abarcó los periodos 2025 y 2026. Como resultado de ese análisis, 154 beneficiarios fueron excluidos específicamente por “poseer cupo de transporte en la ATTT”, al considerarse esta condición un indicio directo de generación de ingresos.
Más detalles
El número de exclusiones aumentó a 158 al sumarse otros cuatro beneficiarios con cupos que salieron del padrón por causas distintas, como defunción, renuncia voluntaria o acceso a una pensión. Sin embargo, el proceso aún no concluye: 47 beneficiarios con cupos de transporte permanecen activos en el sistema y están pendientes de una revisión inmediata.
En paralelo, el informe detalla que 292 beneficiarios con placa vehicular también fueron excluidos, aunque por razones no vinculadas directamente al cruce de datos. Entre estas causas figuran 180 casos por defunción, 45 por pensión o jubilación y 39 por renuncia voluntaria, entre otros factores administrativos.
En total, la depuración derivada de estos hallazgos alcanzó a 450 beneficiarios, quienes fueron retirados de los programas sociales tras detectarse inconsistencias o cambios en su condición. Las autoridades subrayan que este proceso forma parte de un esfuerzo por garantizar la correcta asignación de los recursos públicos.
El programa $120 a los 65 concentra la mayor cantidad de casos detectados, con 6,961 beneficiarios que registran placas vehiculares y 165 con cupos de transporte. De estos últimos, 117 ya fueron excluidos por esta causal, mientras que otros 45 continúan bajo evaluación por parte de las autoridades.
En otros programas, las cifras son menores, pero igualmente relevantes. En Ángel Guardián se identificaron 28 beneficiarios con cupo, de los cuales 25 fueron excluidos; en Red de Oportunidades, los 10 casos detectados fueron procesados en su totalidad, al igual que los dos registrados en el programa Senapan.
El llamado
“Aquellos beneficiarios que aparecían con placas registradas a su nombre en la ATTT fueron remitidos a las direcciones provinciales, comarcales y regionales del Mides para la elaboración de informes sociales que evaluaran su condición”, explicó Magalys Araúz, directora de Desarrollo e Inclusión Social.
La funcionaria recalcó que los controles buscan evitar el uso indebido de los programas. “Los programas sociales existen para proteger a quienes más lo necesitan, no para ser utilizados de forma indebida. Por eso, en el Mides estamos reforzando los cruces de información entre instituciones y aplicando controles más estrictos”, afirmó.
Además, dijo que poseer un cupo de transporte es una causal directa de exclusión por tratarse de un generador de ingresos comprobado, mientras que tener una placa vehicular es solo un indicador referencial.
Entretanto, el ministerio informó que recientemente completó el primer pago de 2026 a 186,225 beneficiarios, con un desembolso superior a 54 millones de dólares.
