La junta comunal de Ancón, dirigida por la representante del Movimiento Otro Camino (MOCA), Yamireth Batista, quedó bajo una creciente sombra de cuestionamientos tras el allanamiento efectuado el pasado 8 de mayo por el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Anticorrupción y agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).
El origen de esta diligencia judicial está relacionado con tres querellas penales presentadas por la abogada Celma Moncada en representación de vecinos y exfuncionarios de esta junta comunal, por presuntos malos manejos de fondos públicos. Además, los denunciantes interpusieron acciones por supuesto maltrato laboral contra personal de la entidad.
Uno de los documentos, presentado ante la Fiscalía Anticorrupción el 24 de abril de 2026, describe un supuesto esquema sistemático de desviación de fondos públicos para beneficio de Batista. La denuncia fue impulsada por José Luis Barrera, quien ocupó el cargo de administrador de la junta comunal y asegura haber sido testigo directo de las supuestas irregularidades.
El relato
El relato del querellante detalla cómo la infraestructura pública habría sido utilizada para fines privados, específicamente en la remodelación del apartamento personal de Batista, ubicado en el PH Country Club, en Condado del Rey.
De hecho, el propio Ministerio Público informó el viernes que, además de allanar la Junta Comunal de Ancón, también realizó diligencias en un apartamento propiedad de la representante de corregimiento, ubicado en Condado del Rey.
Según la denuncia, se utilizaron fondos de la junta comunal para pagar a empresas por materiales y servicios de construcción. Entre las mejoras financiadas con dinero estatal se mencionan la instalación de un “walking closet”, puertas nuevas y trabajos de pintura.
Imágenes del momento: La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público realizó este viernes 8 de mayo, un allanamiento en la Junta Comunal de Ancón, luego de múltiples denuncias contra Yamireth Batista por presunto mal manejo de fondos públicos y posibles casos de acoso laboral.… pic.twitter.com/mUO4vkopf5
— La Prensa Panamá (@prensacom) May 8, 2026
La logística de este presunto desvío de recursos incluía un paso intermedio para intentar ocultar el destino final de los bienes. El documento señala que, en septiembre de 2025, materiales adquiridos con fondos públicos fueron trasladados primero a la bodega de la junta comunal y posteriormente llevados al apartamento privado de la representante, supuestamente bajo sus instrucciones directas.
Uno de los puntos más específicos de la querella se refiere a la adquisición de unidades de aire acondicionado. De las tres unidades compradas con fondos de la junta comunal, dos habrían sido instaladas en el domicilio de Batista y una tercera en el apartamento de una funcionaria de la junta comunal y muy allegada a la edil.
Viajes y compras en Zona Libre
El compendio de supuestas irregularidades también se extiende a un viaje a la Zona Libre de Colón, realizado en abril de 2025. Según el testimonio de Barrera, él acompañó a la funcionaria mientras esta seleccionaba personalmente mobiliario, como escritorios, mesas de noche y papel decorativo. Aunque las compras fueron tramitadas como suministros para la oficina comunal, parte de estos artículos terminó presuntamente decorando la vivienda particular de Batista.
La supuesta utilización de fondos públicos no se limitó a bienes materiales, sino también a eventos de carácter recreativo y personal. La denuncia menciona una fiesta de Navidad celebrada en diciembre de 2025 en Playa Pipas, provincia de Coclé, que incluyó bebidas alcohólicas y coincidió con un día de duelo nacional.
Además, se señala que el cumpleaños de la representante fue celebrado en “Mi Pueblito” con la presentación del artista Ulpiano Vergara, actividad que, según la querella, fue pagada íntegramente con fondos de la junta comunal mientras se cobraba entrada a los asistentes.
El escrutinio financiero también revela una lista de viajes internacionales para la funcionaria, sus hijos y personas de su entorno cercano. La querella documenta pagos con fondos públicos para traslados y trámites de visa a destinos como Medellín, Orlando, Miami y México, realizados entre agosto de 2025 y febrero de 2026.
Otros detalles
El supuesto esquema de peculado habría contado con la colaboración de otros funcionarios clave dentro de la Junta Comunal de Ancón. La denuncia menciona a José Macre, gerente administrativo, por el presunto manejo de efectivo proveniente de cheques, y a Nineika Sanjur, encargada de compras. Según los querellantes, estas acciones habrían sido coordinadas bajo la dirección de la representante para facilitar el desvío de fondos.
Como sustento de estas acusaciones, los denunciantes presentaron cerca de 25 pruebas documentales, entre ellas facturas de comercios y comprobantes de depósitos bancarios. Además, pusieron a disposición del Ministerio Público sus teléfonos celulares, que contendrían imágenes, chats y documentos que, según afirman, corroboran los hechos descritos.
Además de Barrera, la excolaboradora de la Junta Comunal de Ancón, Crystal Madelleyn Morelo Beleño, también presentó una querella contra la edil de Ancón por supuesto maltrato laboral, sumándose así a las denuncias que rodean la gestión administrativa dentro de la comuna.
Este medio realizó llamadas a Batista para conocer su versión de los hechos, tanto el viernes como el domingo; sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta.
