Entrevista a presidente de la Corte IDH

El reto de detectar a los políticos ‘populistas’

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Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Roberto F. Caldas. Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Roberto F. Caldas.
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Roberto F. Caldas. LA PRENSA/Joniel Omaña

Así como considera un desafío diario el trabajar por los derechos humanos, sobre todo ante el panorama actual de irrespeto a la pluralidad de ideas alrededor del mundo, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Roberto F. Caldas, también ve como un reto importante a trabajar el detectar a los políticos que se aprovechan de las coyunturas para deslizar discursos populistas que aparentan tener que ver con la protección de los ciudadanos pero que van en desmedro de aquellos a quienes ven como “los otros”, entre ellos, quienes puedan pensar diferente. 

Caldas, quien es uno de los siete jueces que durante la presente semana actuarán en Panamá, en el marco de audiencias públicas itinerantes de la Corte IDH, está consciente del peligro que representan para las libertades fundamentales del ser humano el surgimiento de gobiernos populistas, tanto aquellos que utilizan momentos como la crisis de migrantes que afecta al mundo por guerras y hambrunas para plantar discursos anti derechos humanos, como aquellos que habiendo llegado al poder bajo medios democráticos utilizan dobles discursos y se vuelven autoritarios y lesionan garantías fundamentales como el derecho a la libertad de expresión. 

Caldas mencionó como ejemplos  de las situaciones que se presentan el que algunos grupos exigen aplicar o reinstaurar la pena de muerte, y los asesinatos policiales que según el magistrado muchas veces son realmente una ejecución de alguien que no ha sido juzgado. “No se pueden defender los crímenes de lesa humanidad inclusive, como la tortura, la pena de muerte o muertes sin juzgamiento, asesinatos muchas veces policiales por supuestos enfrentamientos”, remarcó. 

Sobre los políticos que han ganado con los votos el derecho a gobernar y luego han limitado los derechos y las libertades de sus ciudadanos, Caldas manifestó que se trata de un doble discurso, un doble estándar en el que el gobierno dice que respeta pero no es así. 

“Y es muy importante garantizar derechos como la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de opinión y la libertad de recibir información, que esa es una dimensión colectiva de la libertad de expresión”, destacó Caldas, quien agregó que todas las personas tienen derecho a conocer lo que pasa en su ámbito nacional y cuáles son las críticas que vienen desde afuera. 

Incluso, dijo que es imprescindible estar atentos a los discursos de odio, que pueden variar en sus temáticas pero que al final buscan poner a unos contra otros. 

Al analizar los desafíos de la democracia y la justicia como vehículo para garantizar los derechos humanos, Caldas indicó que lo más importante es que todos los derechos deben ser respetados sin importar el color partidario de la personas, y que la corrupción sea investigada y castigada sin mirar quiénes son las personas que involucradas en los hechos.  

Si está interesado en participar de las audiencias, que son gratuitas, debe inscribirse en línea aquí (http://www.corteidh.or.cr/58PES/inscripcion.html). Las sesiones tendrán lugar en el Centro de Convenciones del Hotel Radisson Decápolis, en Avenida Balboa. 

Este lunes 16 de octubre de 2017 está prevista la audiencia pública del caso  V.R.P. y V.P.C. Vs. Nicaragua, a partir de las 3:00 p.m, y tienen relación con la “alegada responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por la supuesta falta de respuesta estatal frente a la violación sexual cometida por un actor no estatal contra una niña”, detalla una nota de la Corte IDH. 

Para el momento de los hechos la niña tenía 9 años y se afirma que el Estado no cumplió con el “deber de investigar con la debida diligencia, en un plazo razonable y de manera acorde con una perspectiva de género y los deberes estatales reforzados derivados de la condición de niña de la víctima, toda vez que ésta habría sido gravemente revictimizada con un impacto severo en su integridad psíquica y en la de su madre y hermanos”, explica la nota.

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