El anuncio de nueve procesos de revocatoria de mandato para autoridades electas en tres provincias ha dividido posturas entre quienes los apoyan o los rechazan; todo mientras se conoció que el Tribunal Electoral (TE) modificó las reglas del proceso el pasado 7 de julio.
Desde quienes piensan en procesos sin fundamento, hasta quienes consideran la figura como una legítima herramienta de participación ciudadana; así han oscilado las posturas.
En el Legislativo, un proceso de revocatoria estremeció la coalición Vamos: el presentado a la diputada Paulette Thomas, del circuito 8-3, por su antiguo compañero de nómina en las elecciones de 2024, Rubén Darío de la Rosa, fundador de la coalición.
La noticia provocó la reacción del diputado Ernesto Cedeño, de la bancada ‘Seguimos’ y del Movimiento Otro Camino (Moca).
“Es abiertamente inconstitucional. El peticionario fundamenta su solicitud porque ella [Thomas] votó en favor de la modificación de la ley de la Caja de Seguro Social (CSS)”, dijo Cedeño, alegando que los diputados “no son responsables por el voto y las opiniones que den en el ejercicio de su cargo”, citando el artículo 154 de la Constitución.
El proceso de revocatoria de mandato de la diputada de Panamá Paulette Thomas, tiene visos de inconstitucionalidad, en mi concepto. El Tribunal Electoral de Panamá ha errado en avalar, el inicio del proceso. pic.twitter.com/cjD23VmcgL
— ERNESTO CEDEÑO A. (@ernestocedeno) July 11, 2025
La propia coalición Vamos emitió un comunicado respaldando la labor de Thomas y de otro miembro del colectivo en proceso de revocatoria: José Pérez, representante de Vacamonte, Arraiján, y su suplente Magualida Sánchez.
En Arraiján también hay otros procesos de revocatoria de mandato, tres de ellos presentados por un solo abogado.
Se trata del proceso de revocatoria a Stefany Peñalba, alcaldesa de Arraiján; Oliver Ríos, vicealcalde y Manuel Cheng, diputado del circuito 13-1. Los tres procesos fueron solicitados por Abdiel González Tejeira, excandidato a diputado en el circuito y coordinador del ‘Movimiento Revocatoria Arraiján’, según consta en el registro del TE.
Al ser consultado por La Prensa, González Tejeira negó motivaciones políticas y señaló que actúa con el respaldo de cerca de 400 personas que saldrán a recoger firmas.
El abogado expresó descontento con la gestión de Peñalba alegando irregularidades en nombramientos del Municipio de Arraiján y criticó algunos decretos impulsados por la alcaldía, como uno sobre multas de hasta $1,500 para quien tuviera animales en soltura o de $100 para los dueños de animales que generaran ruido excesivo en horas de la noche. Ese decreto fue suspendido por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Este medio trató de contactar a Peñalba para tener sus reacciones sobre el proceso de revocatoria impulsado por González Tejeria, pero no hubo respuesta desde el municipio.
Por otro lado, el abogado criticó al diputado Cheng, alegando que se aprovechó de un concepto de la coalición Vamos y luego se cambio de bancada.
Por su parte, Cheng emitió un comunicado señalando que tiene “disposición al diálogo” con quienes mantienen inquietudes sobre su gestión, señalando que afrontará el proceso respetando los “mecanismos democráticos”.
Además de estos procesos polémicos, hay otros que avanzan contra Raquel Murillo y Salvador Lobos, representante y suplente, respectivamente, de la junta comunal de Juan Demóstenes Arosemena de Arraiján.
En Barú, Chiriquí, avanza la revocatoria del alcalde de ese distrito, Franklin Valdez.
Antes de que se notificaran los procesos públicamente, el Tribunal Electoral (TE) difundió un boletín con modificaciones importantes al proceso de revocatoria de mandato a través del Decreto N°8 del 7 de julio de 2025.
Dos modificaciones resaltan: el cambio en el método de recolección de firmas, que deberá ser presencial, según el artículo 7 del decreto y la posibilidad de que un ciudadano que firmó la revocatoria pueda retractarse, retirando su firma.
