El exprocurador de la Administración y columnista de La Prensa, Rigoberto González, señaló que el debate por la eliminación del examen de barra como requisito obligatorio para ejercer la abogacía en Panamá está mal enfocado, pues a su juicio el problema no radica en la existencia del examen, sino en la manera en que este ha sido diseñado.
Su declaración se da en medio de la controversia generada tras la aprobación por insistencia en la Asamblea Nacional del proyecto de ley 168, que elimina la obligatoriedad del examen de barra y permite ahora optar por vías alternativas, como una tesis o una práctica profesional, para obtener la idoneidad. (La iniciativa aún debe ser sancionada o vetada por el Órgano Ejecutivo).
“En mi opinión el problema no está en el examen, sino en la forma como se puede formular ese examen”, afirmó González. Recordó que los estudiantes de derecho ya enfrentan exámenes durante toda su formación universitaria, y nadie ha pedido eliminarlos.
Agregó que el error histórico ha sido aplicar una evaluación como si el aspirante ya fuera un abogado litigante. “Tú no puedes hacerle un examen a alguien que va a optar para la idoneidad y ejercer la profesión de abogado, ponerle un examen como si él ya fuera un abogado en ejercicio”, advirtió.
González también cuestionó que los temas del examen no se informen previamente, lo que impide que el aspirante pueda prepararse correctamente. “Para que tú puedas medir el conocimiento de un estudiante, tienes que darle con antelación el tema que va a ser objeto de examen (…) para que pueda estudiarlo y estar en capacidad de superarlo”, señaló.
Sobre la ley recientemente aprobada, recordó que las alternativas al examen —tesis, trabajo profesional o práctica supervisada— no son nuevas, ya existen en las universidades para la obtención del título.
Lo que cambia es que ahora se aplicarían bajo la misma lógica para obtener la idoneidad ante la Corte Suprema de Justicia.
“Dicho de otra manera, quedamos en lo mismo”, resumió González, quien insistió en que el debate no debió girar en torno a eliminar el examen, sino a garantizar que este mida capacidades reales en función del nivel formativo del aspirante.
Opiniones divididas
La aprobación de este proyecto por insistencia ha generado una intensa discusión en redes sociales, especialmente tras una pregunta realizada por La Prensa en Instagram que consultaba directamente a la ciudadanía su postura sobre el tema.
Entre los comentarios a favor, usuarios sostienen que el examen representa una barrera adicional y burocrática que retrasa la entrada al ejercicio profesional, pese a que los estudiantes ya han cumplido con un proceso universitario formal.
“Excelente que sea opcional, se da oportunidad de escoger otras alternativas”, comentó el usuario Leonel Chiari.
Algunos opinan que la idoneidad debería validarse a través de prácticas supervisadas, tesis o mecanismos alternos que permitan adaptar el proceso a distintos perfiles académicos.
Sin embargo, otras voces rechazan la eliminación del examen, argumentando que este constituye una garantía mínima de calidad y ética profesional ante la ciudadanía. “Una desfachatez! En vez de ser mas estrictos o profesionalizar, queremos es bajar el nivel de las profesiones. En verdad todos los abogados incluso los que tienen idoneidad deberían tomarlo”, comentó el usuario Víctor J. Almengor C.
También plantean que, en un contexto de múltiples universidades con niveles académicos dispares, una evaluación unificada es necesaria para salvaguardar la confianza pública en la profesión legal.
Igualmente se destacó el temor de que la medida pueda generar un impacto negativo en la percepción internacional del sistema jurídico panameño. Usuarios señalaron que en varios países el examen de idoneidad es un estándar que refuerza la credibilidad institucional.
El debate continúa activo y evidenció una división clara entre quienes ven el requisito como una traba innecesaria.
A la Corte
Luego de que la Asamblea aprobara por insistencia el proyecto, el presidente José Raúl Mulino, no descartó este jueves recurrir a la Corte Suprema de Justicia.
“Creo que es un gran error, porque esa ley distorsiona la manera de hacerse abogado en este país”, afirmó Mulino en la conferencia de prensa semanal desde Veraguas.
“Tendrá que llegar a mi despacho nuevamente y, si es del caso, —no lo he visto en detalle—, haré lo que corresponda frente a la Corte Suprema. Pero me preocupa mucho ese tema”, recalcó.
