Los diputados de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional desafiaron al Órgano Ejecutivo al rechazar, este miércoles 12 de agosto, la objeción por inexequibilidad presentada por el presidente José Raúl Mulino contra el Proyecto de Ley No. 571, que modifica las normas de protección de los arrecifes coralinos, los pastos marinos y las especies asociadas.
El informe aprobado por la comisión sostiene que la reforma es compatible con la Constitución y recomienda al pleno de la Asamblea Nacional insistir en su aprobación.
La comisión es presidida por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Benicio Robinson, quien, además, presentó la polémica propuesta que, según el Ejecutivo, reduce la protección de los pastos marinos. Precisamente, este cambio fue uno de los argumentos utilizados por Mulino para objetar el proyecto.
No obstante, el documento aprobado por los diputados representa una respuesta directa a los argumentos planteados por Mulino, quien objetó el proyecto en su conjunto al considerar que algunas de sus disposiciones vulneran los artículos 118, 119, 120 y 121 de la Constitución Política.
La única diputada que votó a favor de la objeción del Ejecutivo fue Alexandra Brenes, de Vamos. La diputada también considera que la propuesta de ley de Robinson representa un retroceso en materia ambiental.
Argumentos de la comisión
La comisión legislativa, sin embargo, no comparte esa interpretación. En su informe sostiene que la Constitución no establece un sistema de prohibiciones absolutas para el aprovechamiento de los recursos naturales, sino que ordena al Estado reglamentar, fiscalizar y aplicar las medidas necesarias para garantizar su utilización racional y evitar su depredación.
El artículo 120 de la Constitución es uno de los principales argumentos utilizados por los diputados para defender la reforma. Según el informe, esta norma establece un modelo de gestión basado en la regulación, el control y la fiscalización de las actividades que puedan afectar los recursos naturales, siempre bajo la supervisión de las autoridades competentes.
A partir de esa interpretación, los diputados sostienen que el Proyecto de Ley No. 571 no debilita la protección ambiental, sino que cambia el mecanismo para determinar qué actividades pueden realizarse en estos ecosistemas.
La reforma otorga al Ministerio de Ambiente un papel central como autoridad rectora, con la responsabilidad de evaluar, autorizar, supervisar y fiscalizar las actividades compatibles con la conservación.
La comisión también rechaza la afirmación de que el proyecto elimina la protección existente sobre los pastos marinos. El informe destaca que el texto mantiene una prohibición expresa para cualquier actividad que pueda ocasionar un daño irreversible a la salud de estos ecosistemas. Lo que cambia, según los diputados, es el procedimiento para determinar la viabilidad de las actividades permitidas.
Otro de los argumentos utilizados para defender la constitucionalidad del proyecto es que sus disposiciones no funcionarían de manera aislada. La comisión señala que la reforma se incorpora al sistema jurídico ambiental vigente, que incluye la Ley 41 de 1998, General de Ambiente, y las normas relacionadas con la evaluación de impacto ambiental, las auditorías, la fiscalización, el seguimiento y el control.
Así las cosas, los diputados de la Comisión de Gobierno recomiendan al pleno insistir en la aprobación del Proyecto de Ley No. 571 y rechazar la objeción presidencial. El documento fue firmado por Benicio Robinson, Julio de la Guardia y Luis E. Camacho Castro.
Objeción del Ejecutivo
Entre las principales preocupaciones planteadas por la Presidencia para objetar esta norma destaca el cambio en el régimen de protección de los pastos marinos. Mientras la legislación vigente prohíbe, de forma general, las actividades de construcción o modificación en estos ecosistemas, la reforma abre la puerta a autorizarlas mediante permisos administrativos, un cambio que, según el Ejecutivo, flexibiliza significativamente las restricciones existentes.
El análisis gubernamental advierte que el proyecto no establece criterios técnicos, límites ni parámetros legales para otorgar esas autorizaciones. Esa ausencia de reglas claras dejaría un amplio margen de discrecionalidad al Ministerio de Ambiente, lo que, a juicio del Ejecutivo, podría traducirse en decisiones inconsistentes y en una menor seguridad jurídica para la conservación de los ecosistemas marinos.
