Pandora, el escándalo del año: la caja que, al abrirse, reveló que servidores públicos con ingresos inferiores a los $800 mensuales se daban la gran vida por el mundo entero: Viajes por todo el globo terráqueo y lujos propios de un diputado corrupto: carros, fincas, piscinas, joyas, caprichos y excentricidades que, tras la fiesta, los dejaban tan limpios como cuando habían empezado. Así se armó el bucle: robar, gastar, quedarse limpio. Y otra vez: robar, gastar, quedarse limpio. Lo gozado no se los iba a quitar nada ni nadie.
Lo hacían en familia. El dinero sucio unió núcleos familiares. Algunos de sus miembros habrán sospechado que la súbita prosperidad no era de origen santo. ¿Todo costeado? Ni el diablo es tan generoso con las almas de sus víctimas. Fiestas en Panamá y en el exterior, y si lo único que los invitados tenían para empacar eran chanclas para ir a un fiestón en Punta Cana, París o Cancún, ¡no problem! La anfitriona garantizaba de todo para todos, menos miseria. No era un secreto. Lo subían a sus grupos de Whatsapp o a redes sociales. Vestían y se comportaban como político en boutique de Rodeo Drive. Pero nadie cuestionó absolutamente nada, al menos públicamente. Estamos tan acostumbrados a convivir con la corrupción como a comer salchicha con hojaldre.
Mientras tanto, el Ministerio Público ha sido inusualmente generoso en darnos detalles: cada arresto, decomiso, allanamiento, auditoría, sospechas. No hay queja: cada día es un capítulo de esta serie que nos roba la atención, no porque esa gente se haya robado decenas de millones –algo que vemos con demasiada frecuencia entre funcionarios–, sino porque lo hicieron en las narices de sus jefes y porque son –hasta ahora– el eslabón más débil del ecosistema de la depravación: Pasaron de ser sardinitas a temibles tiburones blancos: superdepredadores alfa que conquistaron la cima del pillaje, hasta entonces reservada exclusivamente a los más poderosos. Ellos están al mismo nivel de un presidente o ministro. Este ha sido, a mi juicio, el mayor salto de la corrupción en las últimas décadas.
Y la cosa empeora. Las sardinitas se codearon con grandes corporaciones del país que hoy se rasgan las vestiduras asegurando que no sabían nada de nada. No descarto que algunas se hayan comido el cuento que le echaron los intermediarios para comprar a descuento los créditos fiscales. Pero, si fueron engañados como a niños a los que se les quita un dulce, entonces ¿de qué sirven sus procesos de cumplimiento? ¿O es que cuando se trata de ellos no los hacen?
Eso de conocer a tu cliente –si es que actuaron de buena fe, como aseguran– sería entonces un cuento malo, malísimo, porque estas sardinitas lograron burlar supuestos controles férreos, no una ni dos: fueron decenas de veces. ¿Comprar $40 millones en créditos fiscales a un par de intermediarios no enloqueció las alarmas?
Y, si ya todo esto no fuera alucinante, las sardinitas se fueron de paseo para abrir cuentas en los principales bancos del mercado. ¿Cómo se puede depositar tanto efectivo y que las alarmas permanezcan en silencio? ¿Los fiscales ya preguntaron a la Unidad de Análisis Financiero si bancos, agencias de carros y promotoras de bienes raíces reportaron las evidentes operaciones sospechosas de esta gente? ¿Dónde quedaron los mecanismos para prevenir esta lavandería? Es que, si nada de esto pasó, muestro mundo no es más que una bola de mentiras o un mundo de vergonzosos fracasos. Tantas alarmas ¿y ni una sola sonó? O sea que, si no es por la denuncia de un despechado, ¿las sardinas seguirían de francachela?
Y hay algo más que me incomoda en todo este asunto. La investigación, por ahora, parece centrada en las sardinas. Pero la única forma de probar la inocencia o culpabilidad de los beneficiarios finales del fraude es saber si, de antemano, conocían o sospechaban que estas operaciones eran parte de un entramado para estafar al Estado.
Es decir, los fiscales deben investigar si las empresas sabían o no el origen ilegítimo de lo que compraban. No basta con que los beneficiarios lo juren de rodillas, con la camisa desgarrada y el llanto desbordado. El Ministerio Público tiene que asegurar las pruebas que lo confirmen: computadoras, correos, celulares y qué tan alto llegó el conocimiento del fraude, si ese fuera el caso. Si ya las aseguraron, aplausos. De lo contrario, ha habido suficiente tiempo y difusión de testimonios como para hacer posible que otros sospechosos hagan desaparecer evidencias. Ojalá no sea el caso.
