Es curioso cómo resultan las cosas. Hace 11 años, el diputado Raúl Pineda (PRD) presentó un proyecto de ley —aprobado a la velocidad de la luz— que aumentaba el impuesto al consumo de licor. Dijo que su propósito era recaudar impuestos para invertirlos en salud, para el bienestar de la comunidad, para disminuir la violencia doméstica y el consumo de alcohol. Nobles propósitos que, en el fondo, ocultaban asuntos más macabros, algo que el actual presidente de la República afirma que el tiempo le ha dado la razón: “… Mucha plata sucia y mucho tránsito de drogas con auspicio y beneplácito de funcionarios”.
Sus preocupaciones por el consumo de licor de antaño ahora se ven superadas por asuntos más importantes, aunque menos nobles. Su hijo —y el propio diputado— están bajo una enorme presión judicial y mediática, respectivamente. De los expedientes de la Fiscalía de Drogas ha emergido una espeluznante realidad alterna que, por cierto, no sorprende a nadie, pues de ello se hablaba —un día sí, un día no— en las redes sociales, en el Consejo de Seguridad, en YouTube —de la viva voz de Pineda en una grabación—, en los corrillos políticos, en la Presidencia de la República, en una barbacoa o en una reunión familiar. Ni hablar de San Miguelito, el circuito electoral del diputado.
Su hijo y él han recibido más publicidad en una semana que toda la que el diputado recibió durante los meses de su campaña electoral. Pero Pineda padre —el nimbado de esta historia— fue eximido de la investigación. Se necesitaba la prueba idónea para ir contra él. A la Corte Suprema de Justicia no le satisfizo escuchar los audios donde, según la fiscalía, Abraham Rico Pineda se dirige telefónicamente a su padre para pedirle instrucciones sobre dónde entregar una bolsa con $90 mil en efectivo a un colombiano que, tras recibir el dinero, fue detenido por la Policía y poco después confesó que era plata blanqueada.
También fue insuficiente que, según esos mismos audios a los que alude la fiscalía, el diputado le indicara a su hijo dónde se haría la entrega del dinero, cómo se haría, y que él, presumiblemente, estuviera personalmente en el lugar donde el colombiano recibió el bolso con el dinero: nada menos que en la empresa que maneja su hijo en Betania, aunque las instrucciones originales del diputado eran darle el dinero en la calle, a plena luz. Así de seguro se sentía el “aforado”, como lo identifican los abogados de su hijo.
Me pregunto si el aforado hubiese sido el acusado. Quizá los magistrados se hubiesen creído el cuento de los abogados: que el dinero —que sería enviado a Colombia en forma de tokens— era para comprar bloques, cemento, zinc y carriolas para remodelar su casa en Albrook. Alguien me contó que habría jurado escuchar las carcajadas de Ron Damón al fondo de la sala cuando intentaban convencer al juez.
No sé cómo saldrá de esto el retoño con cara de “yo no fui”. Lo que sí sé es que Abraham Rico Pineda ha completado satisfactoriamente el perfil para ocupar una curul en la Asamblea, como su padre y otros más, o para el Parlamento Centroamericano (Parlacen), donde han corrido varios a buscar protección. Si por alguna razón los diputados perdieran su inmunidad en una reforma electoral, es probable que los diputados panameños soliciten al Parlacen no 20, sino 100 o 200 curules, porque si solo son 20, habrá puños, patadas y bofetadas por cada silla.
