El pasado jueves, en su habitual rueda de prensa, el presidente de la República dijo algo que me ha confundido: “No voy a meter al Gobierno Nacional en una cacería de brujas, sobre todo ante la enorme agenda que tengo que cumplir para resolver los múltiples problemas del pueblo”. En primer lugar, hay múltiples evidencias de corrupción y sus presuntos autores están identificados. Las denuncias se pueden interponer con nombre y apellido, y eso no es ir ni de pesca ni de cacería. Además, cabe recordarle al presidente que fue elegido no solo para resolver los problemas del pueblo, sino también para cuidar, como buen padre de familia, nuestro patrimonio. Si se lo robaron, su deber como ciudadano y funcionario es interponer tantas denuncias como sospechas y evidencias haya. Y en este caso, no es poco lo robado ni pocos los que nos robaron. Hay miles de millones botados o hurtados por ese grupo de incompetentes y ladrones que gobernó el país en el último quinquenio.
Ni él ni su equipo pueden pretender empezar de cero cuando hay tantas pruebas sobre la mesa. Si lo hacen, es como darnos una bofetada. Pero creo saber sus razones y es algo que tiene que ver justo con lo que tanto critica ahora. En el gobierno de Ricardo Martinelli también hubo despilfarro y robo de dinero, y todo fue denunciado. Por ello, el expresidente está condenado, al igual que sus hijos en Estados Unidos, tras confesar sus crímenes. Y esto me lleva a la segunda parte de su mensaje.
Dijo: “Hay una cosa que se llama el rechazo social, que a veces funciona más que una condena de 20 años. Con que les dé vergüenza salir a la calle, es una gran condena...” Este comentario me parece simplista e inapropiado. Sugiere que el presidente cuenta con que esos ladrones tienen vergüenza, pero dudo que el mal que hacen o hicieron les turbe.
A los hijos de Martinelli, por ejemplo, les importa un rábano el rechazo social. Se presentaron a una elección –aunque indirecta– y fueron elegidos como suplentes –y juramentados– ante el Parlacen, junto con otros colegas como Juan Carlos Varela, Jaime Ford y David Ochy, todos ellos con procesos judiciales pendientes. Pero además, ¿alguien cree honestamente que el rechazo social le importe a Ricardo Martinelli, sentenciado por lavado de activos, condena que le impidió ser el nuevo presidente de Panamá? ¿O a Benicio Robinson, cuya patológica polifagia es indescriptible?
No creo que echen de menos la aceptación social, salvo por el riesgo de perder algunos votos. Parte de nuestra sociedad, que los elige para ocupar cargos en el Gobierno, asume que la corrupción es consustancial a la política, por lo que sus cuestionables prácticas han pasado a ser parte de la cultura electoral y social. Entonces, no concuerdo con el presidente en eso. O pone –él y/o su equipo– las denuncias de ley o, contrario a lo que él dice, la percepción será que hay un “pacto de no agresión” con esa turba de ladrones. Y aunque creo que es prematuro llegar a esa conclusión, insisto en que, bajo las actuales circunstancias, el presidente no solo debe combatir la corrupción, sino parecer que lo hace.
