Al presidente José Raúl Mulino le encanta pregonar que es un “hombre de derecho”, un abogado, un “hombre de leyes”. La insistencia resulta tan llamativa como contradictoria. Cada vez que se autoproclama fiel cumplidor de la ley, sus actos —o los de su gobierno— lo desmienten.
Los exabruptos y excesos del contralor, por ejemplo, no reciben correctivos, sino constantes espaldarazos. El mensaje a la ciudadanía es inequívoco: el todopoderoso de la Avenida Balboa está por encima de la ley.
En el gobierno del “hombre de leyes”, la ley no es igual para todos. Y, para sorpresa de nadie, los fallos de la Corte Suprema de Justicia tampoco. Su cumplimiento no es obligatorio, sino selectivo: si conviene, como en los puertos, se acata; si estorba, como en la mina, se ignora.
Mientras usted lee esta columna, Minera Panamá —con autorización del MICI— está sacando 70 mil toneladas de cobre que pertenecen al país y pagando regalías al Estado con base en un contrato que no existe. En un “Estado de derecho” eso se investigaría como peculado, y las extralimitaciones del contralor, como delitos. Pero ya ni se esfuerzan por sostener esa ficción: el único estado que protegen es el de los intereses económicos del círculo cero. Hacia allá apunta —con paso firme— este gobierno.
Con ese norte, también se han llevado por delante la ley de conflicto de intereses. El ejemplo más reciente es el proyecto de bioetanol, cuya discusión fue suspendida tras la revelación de los intereses cruzados entre el poder y el azúcar. La iniciativa presentada por el Ejecutivo beneficiaría a cuatro ingenios azucareros ligados a las familias del contralor Anel “Bolo” Flores, del expresidente Ricardo Martinelli, del ministro de Economía Felipe Chapman y del asesor presidencial Aníbal Galindo.
La Ley 316, que regula los conflictos de intereses, es clara: si existen intereses personales, familiares o económicos que puedan influir en sus funciones públicas, los servidores del Estado deben revelarlos y declararse impedidos. Aquí no vale con decir, como lo hizo el ministro Chapman, que se mantuvo “al margen”, cuando su firma aparece en la resolución de gabinete que autorizó de manera unánime el proyecto de bioetanol . Se mantuvo al margen, sí… pero del cumplimiento de la ley.
Si bien la maraña de intereses que rodea la producción de azúcar es parte de la historia de Panamá, la ley se creó precisamente para evitar que los servidores públicos utilicen sus cargos en beneficio de intereses privados. No ha sido así. Es quizás la norma más pisoteada en la actualidad.
El mismo esquema se repite con los conflictos de intereses alrededor de la mina de Donoso. Concolón llamó a su investigación al respecto “La Patria Minera”, y ahora los mismos de siempre nos trajeron “La Patria Azucarera”.
Ambas son expresiones de la captura del Estado por intereses económicos. Un objetivo que se extiende más allá de la mina y el azúcar y crece con el secretismo acerca de los beneficiarios finales de las empresas contratistas del Estado.
Esto no es un ataque a la inversión extranjera ni a la empresa privada. La buena inversión extranjera respeta nuestra Constitución, y los buenos empresarios no necesitan que el gobierno les garantice el mercado y las ganancias. Bien lo dijo Guillermo Chapman, padre del ministro de Economía y Finanzas: en Panamá lo que hay es un capitalismo de amiguetes.
Y aquí vuelvo a donde comencé: a un presidente cuyas palabras están divorciadas de sus acciones. Mientras defendía —tras un año de crisis de agua potable en Azuero— el nombramiento del hijo de su amiga “Chelín” González al frente del Idaan, habló sobre Belisario Porras. “Un presidente que no pensaba en los negocios, que se pudo haber hecho de tierras, de industrias y murió pobre, sin cama en su elefante blanco. El primer guerrero contra la oligarquía panameña”, remató.
Es curioso que un mandatario que representa la antítesis de Belisario Porras dedique tanto tiempo a la descripción de sus virtudes. ¿No se da cuenta de que torna el contraste mucho más evidente y chocante?
“Dime de qué presumes y te diré de qué careces”, dice el refrán. Quizás eso explique la manía presidencial por disparar palabras tan alejadas de los hechos. Mulino no pierde ocasión para pontificar sobre el “Estado de derecho”, mientras continúa enterrándolo con cada acción que fortalece la patria minera, la patria azucarera y la cooptación del Estado por intereses privados cercanos al poder.
