Los temas más sensibles alrededor de la mina de Donoso parecen haber quedado por fuera de la auditoría cuyos resultados conoceremos este viernes 29 de mayo. Aunque SGS —la empresa que firma el informe— es independiente del gobierno, el alcance de la revisión no lo definió la firma auditora, sino el propio Ejecutivo. Fueron los ministerios de Ambiente y Comercio los que trazaron los límites de qué se examina… y qué no. No es una auditoría “integral”, como se ha dicho. Es una revisión acotada por las mismas autoridades que ya han dado señales claras de querer reactivar la mina.
Ahí aparece otra gran inconsistencia. El gobierno insiste en que las conclusiones del informe servirán para decidir el futuro de la mina. Pero si el desenlace realmente dependiera de esos hallazgos, ¿por qué ya se han autorizado operaciones y tomado medidas orientadas al reinicio de actividades? Cuesta sostener que el rumbo sigue indefinido, cuando las acciones oficiales apuntan desde hace meses en una sola dirección. La pregunta es si la auditoría busca llegar al fondo de lo ocurrido… o darle legitimidad técnica a una decisión política ya tomada. Una decisión que, según Morgan Stanley, sería oficializada durante el Mundial de Fútbol.
Así las cosas, y antes de que la Marea Roja nos sumerja en la euforia colectiva, conviene enumerar los goles que la auditoría no cantará, porque están fuera de su área de juego. Muchos de ellos coinciden con las jugadas que el gobierno ha ido avanzando de hecho y que tienen a Minera Panamá en posición adelantada.
Hace un año el presidente José Raúl Mulino permitió que volviese a operar la única termoeléctrica que quema carbón: la de Cobre Panamá. Panamá prometió eliminar la generación eléctrica a carbón para 2026 y ha construido parte de su imagen internacional alrededor de su condición de país carbono negativo. Sin embargo, según una investigación de Concolón, de mantenerse operativa la planta, el país perdería ese estatus. Y este mismo lunes, ENSA señaló a la planta de Cobre Panamá por dejar sin electricidad a 29 mil personas en horas del mediodía. No cabe duda que esa planta contaminante arroja más oscuridad que luz. Aunque la empresa salió a negarlo, no cabe duda que esa planta contaminante arroja más oscuridad que luz.
El gobierno autorizó a Minera Panamá a procesar, exportar y comercializar miles de toneladas de cobre, e incluso pagarle regalías al Estado panameño, con base a un contrato que no existe. Y aunque el Ejecutivo intenta explicar la jugada, buena parte del país sigue sin entender cómo una empresa puede seguir operando sin contrato vigente. Y ese es apenas el comienzo. ¿Cuál será la fórmula para reabrir oficialmente la mina, si la propia Corte ha dicho dos veces que tendría que haber una licitación y que para eso habría que derogar la ley de moratoria minera? Se anticipa una goleada contra el Estado de derecho y no hay VAR, auditoría ni árbitro que quiera cantarla.
Qué bueno sería si dentro de los resultados del informe de SGS se incluyera una auditoría forense de la relación entre First Quantum Minerals y el Estado panameño. Algo similar a lo que el contralor hizo con Panama Ports Company. Una revisión capaz de responder una pregunta fundamental: ¿ha sido realmente FQM un buen socio para Panamá? Porque en la mina no solo hay gigantes financieros y Estados extranjeros. También orbitan figuras influyentes de los círculos de poder económico y político panameño. Tal vez siguiendo la ruta del dinero entenderíamos por qué la mina nunca terminó de cerrarse realmente.
Pero quizás el vacío más fundamental es otro: nadie está respondiendo si el Estado tiene realmente la capacidad de vigilar una mina a cielo abierto que coexiste con la cuenca del Canal.
Si Panamá no ha sido capaz de garantizar agua potable en Azuero por un año, sancionar con contundencia la contaminación de ríos ni impedir que la crisis hídrica termine convertida en negocio, resulta difícil pedirle al país un acto de fe frente a una mina del tamaño de San Miguelito operada por una multinacional con enormes tentáculos económicos y políticos dentro y fuera de Panamá.
Por eso, más que aclarar las preguntas de fondo, la auditoría parece cumplir otra función: darle un barniz técnico a una decisión política ya tomada. Porque el problema de la mina no es solo el cumplimiento de obligaciones ambientales. También es de legitimidad social y de respeto al Estado de derecho. Y quizás ahí está el mayor problema de todos: el enorme cráter abierto en Donoso también refleja el tamaño de la debilidad institucional panameña. Y es que ninguna auditoría limitada por el propio gobierno puede sustituir la confianza pública de la que hoy carecen las instituciones.
