Hace un año el país fue testigo de un despliegue de politiquería y desprecio por la separación de poderes. Basta recordar algunas imágenes: Shirley Castañeda en el Palacio de las Garzas, el contralor Anel Bolo Flores buscando infructuosamente los votos y, finalmente, el triunfo de una supuesta “coalición opositora” con Jorge Herrera a la cabeza, que resultó ser ni coalición ni mucho menos opositora.
Para este 1 de julio, Mulino aprendió la lección. No porque le hubiera ido mal con la sumisa directiva de la Asamblea, ni mucho menos porque ahora vaya a respetar la independencia del Órgano Legislativo. Simplemente quiere evitarse el bochorno de la derrota del año pasado. Como el viento sopla desde Colombia a favor de la abogada de Ricardo Martinelli, ya Mulino le dio su bendición: “Yo no tengo ninguna objeción personal respecto a la diputada Shirley Castañeda. Si es amiga de Ricardo Martinelli o no, ese es un tema completamente aleatorio”.
De aleatorio no tiene nada. El segundo intento de Shirley Castañeda por presidir la Asamblea es la expresión más visible de un gobierno de dos cabezas. El mismo que llegó al poder con la consigna “Mulino es Martinelli, Martinelli es Mulino”. Por mucha agua que haya corrido bajo ese puente, si Shirley gana —además del terrible mensaje institucional de tener como presidenta a la abogada de Ricardo Martinelli y de “Cholo Chorillo”— no habría que sorprenderse de que la puerta giratoria de la justicia para los cercanos a Mulino termine favoreciendo, eventualmente, a quien lo llevó al poder.
Pero la mayor lección no era para Mulino. Es para aquellos diputados y diputadas —y fueron mujeres las más sobresalientes— que no se dejaron seducir por las tentaciones del poder y todavía pretenden ejercer un verdadero contrapeso al Ejecutivo. ¿Qué significó para estos diputados la Presidencia de Jorge Herrera? Una enorme decepción. No se reformó el reglamento interno, no se aprobaron las leyes anticorrupción y la planilla legislativa siguió creciendo, pese al show de Bolo Flores y a espaldas de la propia Comisión de Presupuesto. Todo eso ocurrió porque el famoso pacto legislativo ni siquiera les otorgó el control de las principales comisiones.
El problema nunca fue únicamente quién presidía la Asamblea, sino una mayoría legislativa que renunció a ejercer el contrapeso que prometió. Y eso será mucho más grave durante el tercer año del gobierno, que empieza hoy: el último año efectivo de mandato antes de que la política y la prometida Constituyente Originaria se lo tomen todo.
Empecemos por la que parece ser la prioridad del Ejecutivo: la reapertura de la mina de Donoso. No sé si el presidente Mulino revele cuál será esa “fórmula creativa” que le permita reactivarla a pesar de la ley de moratoria minera y “sin pasar por la Asamblea”. Lo que sí sé es que un Órgano Legislativo que se respete a sí mismo no debería dejar pasar una decisión de semejante magnitud evadiendo su función institucional.
Todos escuchamos al canciller pregonar que Panamá es una democracia que respeta la separación de poderes y los fallos de la Corte. Pues bien, ¿qué mejor forma de mostrar que no se trató de un discurso selectivo, que aplicarlo también a una decisión tan trascendental para el futuro del país como la reapertura de la mina? Es en temas como éste donde se comprobará cuán efectiva y vigorosa será la oposición legislativa.
La acumulación de escándalos y arbitrariedades también requiere con urgencia la fiscalización del Órgano Legislativo. Basta mirar los últimos: contrataciones directas por $9.2 millones a las empresas de siempre para la Asamblea de la OEA y los actos del Bicentenario, con almuerzos de hasta $1,250 por comensal. Los ministros que violan la ley de conflicto de intereses. También los numerosos viajes del Presidente y su séquito, cuyos costos y beneficios para el país siguen sin ser reportados. ¿No era este el gobierno de la austeridad?
Pero la democracia también se pone a prueba de otras maneras. Estudiantes del Instituto Nacional de Agricultura (INA) han sido amonestados y amenazados por protestar pacíficamente contra la mega cárcel que el gobierno pretende construir en los terrenos del centro educativo. La prisión forma parte de los $392 millones que gastará el gobierno en nuevas cárceles, sin que antes haya existido una sola explicación coherente —ni una renuncia de alto nivel— tras la mayor fuga de la historia de Panamá. Los diputados tienen la responsabilidad de exigir rendición de cuentas en este y en muchísimos otros asuntos en los que reinan la opacidad, la corrupción y los abusos.
Por eso, lo que suceda hoy no es aleatorio, ni está determinado únicamente por el nombre de quién presida la Asamblea. Y es que cuando los controles institucionales se debilitan, las agendas de impunidad se convierten en instrumento político y el Ejecutivo busca una aplanadora legislativa para su último año efectivo de gestión, la democracia no se defiende reduciendo contrapesos. Se defiende ampliándolos. Empezando por la Asamblea.
