Los meteorólogos advierten que una versión extrema del fenómeno de El Niño —un “super-Niño”— podría provocar en Panamá una de las peores sequías de los últimos años.
Pero en el país ya se consolida otra sequía, igual o más catastrófica, conforme inicia el tercer año de gobierno de José Raúl Mulino: la sequía democrática. Los principales contrapesos del Estado se erosionan o son cooptados por el Ejecutivo. Aquí ya no hacen falta pronósticos. Las evidencias están a la vista.
Mulino cerró la jornada del 1 de julio con un gesto de descaro absoluto: agradeció públicamente a las bancadas que hicieron posible la elección de Shirley Castañeda como presidenta de la Asamblea. “No se van a arrepentir”, sentenció. En lugar de rendir cuentas al país tras dos años de gobierno, el presidente celebró el matraqueo politiquero que le aseguró el control del Legislativo y ratificó el pacto Mulino-Martinelli. ¿Y la separación de poderes? Quedó como un cuento para los chinos.
La nueva mayoría incluye a RM, CD, PRD y la bancada mixta. También a un panameñismo que creyó que absteniéndose podía quedar bien con Dios y con el diablo. Si con Jorge Herrera presidiendo el Legislativo mostraron sumisión y continuidad al clientelismo de siempre, ¿se imaginan ahora, con la promesa de una ley de amnistía que beneficiaría tanto a Juan Carlos Varela como a Ricardo Martinelli?
La posibilidad de hacer contrapeso político al Ejecutivo recaerá en los pocos diputados y diputadas que han demostrado con hechos que comprenden la función fiscalizadora de la Asamblea. Son quienes han denunciado el manejo opaco y selectivo de los recursos públicos, citado ministros a rendir cuentas y enfrentado represalias desde la Contraloría.
Y conviene aclarar: quienes dicen ser una oposición “responsable” muchas veces posan de opositores mientras le allanan el camino al poder, haciendo posible que leyes, como las anticorrupción, sigan estancadas.
En la justicia, los contrapesos están tan debilitados como en la Asamblea. O quizás más. Al presidente le gusta denunciar la “puerta giratoria” para ciertos delincuentes, mientras figuras cercanas a su entorno salpicadas por la corrupción acumulan revocatorias de condenas, absoluciones y rebajas de penas. Esa sí es la puerta giratoria que debería escandalizar al país. Sobre todo si la misma implica el regreso de Ricardo Martinelli y la consagración de la impunidad para los flagrantes delitos del pasado y los del presente.
Pero mientras tanto, conviene prestar atención a otra erosión de los contrapesos: la de los derechos y libertades propios de una verdadera democracia. Los sindicatos de trabajadores y los gremios docentes han sido durante décadas protagonistas de la movilización social. Hoy algunos de sus dirigentes enfrentan procesos con coincidencias difíciles de ignorar. Por ejemplo, Marco Andrade fue aprehendido en una investigación contra CONUSI, justo después de denunciar al Estado panameño ante la OIT por violaciones a la libertad sindical. Durante la Asamblea de la OEA en Panamá, la propia Comisión Interamericana de DDHH advirtió que las investigaciones contra él y otros dirigentes podrían constituir represalias.
Por el lado de las libertades de expresión y de prensa, la sequía se intensifica conforme avanza la obsesión por reabrir la mina de Donoso. La investigación Taladores Digitales documentó la ofensiva sistemática para atacar y desacreditar a periodistas, ambientalistas y ciudadanos que cuestionan la reactivación de la mina. Pero ese clima de intimidación no se limita al tema minero. También alcanza a otras voces críticas del gobierno. El resultado es un ambiente donde el hostigamiento judicial, las campañas de descrédito y el uso de la pauta publicitaria estatal como mecanismo de presión, asfixian a quienes ejercen el periodismo independiente, cuestionan al poder o simplemente disienten.
Cuando el costo de denunciar aumenta, también se deteriora el derecho de todos los ciudadanos a conocer la verdad. Especialmente sobre los millonarios contratos directos del Estado, los beneficiarios finales de las sociedades contratistas y los conflictos de intereses entre ministros y empresas favorecidas.
Nada de esto es casual. Los contrapesos no se debilitan por accidente. Se debilitan porque estorban. Estorban para reabrir la mina a pesar de lo que establecen las leyes, los fallos de la CSJ o la voluntad de la mayoría de los ciudadanos. Estorban para continuar con el despilfarro de los recursos públicos sin fiscalización efectiva Y estorban para llegar al final del mandato con una ley de amnistía que permita el regreso de Ricardo Martinelli y establezca un nuevo pacto de impunidad y protección del poder hacia el futuro.
¿Cuánto durará esta sequía? Es difícil saberlo. La pregunta es cuánta democracia quedará cuando finalmente regresen las lluvias.
