“Si viviéramos en Suiza, lo entendería, pero vivimos en Panamá”. La expresión fue utilizada por la ministra Lucy Molinar para desvirtuar las críticas por los cambios e improvisaciones en el calendario escolar.
Su propia ocurrencia le causó tanta gracia que rió relajadamente en televisión. Lucía tan fresca y sobrada con la excusa, que casi se sentía la brisa de los Alpes a través de la pantalla. Una imagen que resume la ligereza con la que muchos funcionarios asumen la responsabilidad de gobernar: como vivimos en Panamá, se creen con licencia para ignorar la planificación, la evidencia científica y los procedimientos de contratación; violar las leyes y hasta la Constitución.
Para empezar, si viviéramos en Suiza no estaríamos comprando laptops mientras hay escuelas sin agua, electricidad o condiciones básicas. Menos aún cuando el estudio “El espejismo tecnológico” concluyó que entregar computadoras sin cambios curriculares, capacitación docente o seguimiento no mejora el aprendizaje. Pero vivimos en Panamá, donde las laptops adquiridas para docentes ni siquiera cumplen con las especificaciones técnicas prometidas. ¿Terminarán en un depósito del Meduca, como las que compró la propia Lucy Molinar durante la administración Martinelli?
Por ahora, dejemos a un lado a Lucy y su risa y pasemos a la desfachatez de los diputados oficialistas. Esos que “no se van a arrepentir” de ser parte de un pacto con el presidente Mulino.
Ese grupo representativo de la peor politiquería ha aprovechado la reforma al Reglamento Interno para, en vez de adecentar la Asamblea, legalizar el juega vivo, el clientelismo y la corrupción.
Si prosperan estos cambios, no se descontará el salario por la inasistencia, no se castigará el nepotismo y se revivirán las tristemente célebres partidas circuitales, pues los diputados “gestionarán proyectos” en sus circuitos. La Constitución es clara y no les da esa función. Los diputados legislan, fiscalizan y representan; el Ejecutivo es quien ejecuta. Siendo así, la sinvergüenzura que intenta imponer la aplanadora oficialista en la Asamblea violaría la Carta Magna. Algo que definitivamente no ocurriría si viviéramos en Suiza.
Tampoco ocurriría el peligroso invento del ministro de Seguridad, Frank Ábrego: un “Comando Conjunto” que coloca bajo una sola línea de mando a todos los estamentos de seguridad para proteger el Canal y cambia la doctrina de seguridad basada en el principio de neutralidad permanente.
Juristas advierten que el nuevo comando canalero viola el artículo 310 de la Constitución —que establece que Panamá no tendrá ejército y que los servicios policiales tendrán organización y escalafón separados— e instala la idea de que se necesita una fuerza militar para defender el Canal. Difícil pensar que sea casual que se anuncie durante los ejercicios Panamax y en vísperas de la llegada del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.
No pasa inadvertido el silencio del presidente Mulino al respecto. ¿Será que las violaciones a la Constitución también son tratadas por el mandatario con el doble estándar que caracteriza a su gobierno?
Mulino se pronunció el fin de semana contra la Policía Municipal de Mayer Mizrachi, después de que la agresión a un exfuncionario durante una protesta —que aún permanece hospitalizado— pusiera el tema en la agenda pública. “Ojalá que se tumbe”, dijo el mandatario.
Con igual contundencia debería el presidente cuestionar el Frankenstein creado por su ministro de Seguridad. Porque, además de los vicios de inconstitucionalidad, ambos excesos comparten un tufillo de remilitarización del país.
En el caso de la Policía Municipal, la metamorfosis ha sido muy visible. Los vigilantes que antes custodiaban parques y monumentos se convirtieron en agentes con rangos, armas y facultades represivas, incluido el uso de la fuerza. El Concejo Municipal aprobó la criatura con “urgencia notoria”. Mayer, encantado con su invento, no ha perdido oportunidad de posar con su nueva policía ni de exhibir su afición por las armas, compartida con su asesor estrella, presidente de la Asociación Panameña de Propietarios de Armas.
Aunque la risa de Lucy lo anticipó, la diferencia con Suiza no son los Alpes, sino las instituciones: una cultura de rendición de cuentas y un sistema democrático basado en la participación ciudadana que impide la concentración del poder. Allá, diputados y gobernantes no gozan de la colección de fueros, privilegios y prerrogativas que aquí se han otorgado y fortalecido.
Cuando le preguntaron a Belisario Porras qué le faltaba a Panamá para ser como Suiza, respondió de forma breve y lapidaria: “Solo nos faltan los suizos”. Quizás tenía razón, pero solo a medias. Nos falta también comportarnos como ciudadanos que exigen y eligen mejor a sus autoridades. Quizás así no reelegiríamos a los mismos diputados, no daríamos segundas oportunidades a ministros que ya fallaron ni convertiríamos a influencers en alcaldes.
Y es que algunos parecen haber entendido que vivir en Panamá no es una realidad geográfica, sino una licencia para hacer lo que les da la gana.
