La reculada con el 7% del ITBMS al comercio digital dice mucho sobre cómo se están manejando nuestras finanzas públicas. Por supuesto que es positivo que se haya escuchado el clamor ciudadano y se haya frenado un proyecto inoportuno que ponía más carga a la golpeada clase media. Pero todo el episodio ha dejado al descubierto la improvisación reinante en la toma de decisiones de quienes nos gobiernan.
¿A dónde irán a parar todos los malabares argumentativos que utilizaron para vender este cobro de impuestos como uno que establecía “reglas claras”? ¿Reglas claras? Lo que se vio fue todo lo contrario: confusión, contradicción y desesperación por meterle la mano al bolsillo a los contribuyentes.
Inicialmente, el ministro Chapman había dicho que el 7% a las plataformas digitales era la renta sustitutiva para compensar la eliminación del ITBI (Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles) para viviendas nuevas. Luego cambió de opinión: aseguró que no se necesita renta sustitutiva porque esta nueva exoneración para el sector inmobiliario no estaba incluida en el Presupuesto General del Estado.
A estas alturas, lo único claro es que una de las dos explicaciones no era cierta. El problema deja de ser solo tributario y empieza a ser de confianza. Y vaya paradoja: Chapman suele utilizar la figura confiable del “buen padre de familia” para explicar cómo deben manejarse los recursos públicos. Midamos entonces su gestión con la vara que él mismo escogió.
Para empezar, un buen padre de familia eliminaría gastos innecesarios y establecería las prioridades ciudadanas en el presupuesto, la principal herramienta de planificación del Estado. Pero aquí se planifica poco y se acomoda mucho.
Por donde se mire hay una danza de millones que subvenciona privilegios y desestima las necesidades urgentes de los panameños. El año pasado, la Asamblea, con el beneplácito del MEF, gastó $132 millones en cinco meses, dinero que habría alcanzado para financiar 15 centros de salud.
Para el próximo año, hay $176 millones destinados solo al funcionamiento de la Presidencia, mientras que en la ciudad de Panamá más de 20 comunidades sobreviven con menos de cuatro horas de agua al día. Los millones por un lado y las prioridades por otro. Y tengamos en cuenta que el presupuesto presentado es una mera ficción: después de aprobado, los traslados y aumentos de partidas se suceden al ritmo de los pactos políticos.
Y dentro de la invocación al “buen padre de familia”, también cabe preguntarse: ¿quiénes son los hijos favoritos? Difícilmente ese 72.4% de panameños que gana menos de mil balboas mensuales. Parecen tener mejor suerte los parientes del presidente Mulino y del canciller Martínez-Acha nombrados en el servicio exterior; la televisora que recibe millones en publicidad estatal mientras no paga la cuota obrero-patronal; los diputados oficialistas con sus planillas sin control o la presidenta del Tribunal de Contrataciones Públicas, con su hija nombrada en la misma jurisdicción.
Los millones que se pierden entre privilegios, conflictos de interés y corrupción también son un impuesto. Uno que terminamos pagando todos. Panamá recauda impuestos equivalentes a apenas el 11.3% de su PIB, frente a un promedio de 21.7% en América Latina y el Caribe. Antes de mirar el bolsillo del consumidor, un buen padre de familia debería preguntarse por qué.
Parte de la respuesta está en una arraigada cultura de evasión fiscal y en otra vieja realidad panameña: el “club de los exonerados”.
Los ciudadanos “de a pie” pagan un 53% más de impuesto sobre la renta que todas las empresas del país juntas, mientras industrias, proyectos hoteleros, concesionarios de puertos o minas de cobre reciben exoneraciones, incentivos y los tristemente célebres créditos fiscales. Cambian los gobiernos, pero el club sigue admitiendo socios.
Y a la improvisación y la inequidad se suma otra razón para desconfiar: claramente los ciudadanos no ven qué hace el Estado con los impuestos que pagan. Los servicios públicos son paupérrimos o inexistentes. Faltan agua, medicamentos, seguridad, calles transitables y educación de calidad. Ya para este punto tenemos un padre de familia que no dice toda la verdad, que se gasta la plata saliendo de juerga y que, para rematar, tiene hijos preferidos. Una versión muy alejada de esa aspiración de ser un “buen padre”.
Casualmente, Guillermo Chapman, padre del ministro, acuñó una expresión que retrata de manera muy realista el capitalismo panameño distorsionado por privilegios y exoneraciones: la economía de “amiguetes”. Felipe Chapman dice que escuchó a los ciudadanos y admitió que “no tiene la verdad absoluta”. Aprovechemos, pues, esta ventana de humildad para mandarle un mensaje: antes de buscar en el bolsillo de los consumidores, que ponga en cintura a los amiguetes.
Eso sí sería administrar como un buen padre de familia.
