El nombramiento de diputados suplentes en la planilla de la Asamblea Nacional no solo constituye un abierto desafío a la Corte Suprema de Justicia, que en 2017 prohibió su remuneración, sino que además sus salarios representan millones de dólares al año para el erario público.
La suma de los salarios de los suplentes de todas las bancadas del Legislativo supera los $117 mil 300 mensuales, según los registros de planilla disponibles, lo que equivale a más de $1.4 millones anuales. Son sueldos destinados a personal cuyo rol es, en gran parte, eventual y que, según la prohibición judicial, no deberían percibir remuneración alguna, pero que siguen apareciendo en los libros contables de la Asamblea Nacional.
Actualmente, 52 suplentes se encuentran emplanillados, cada uno recibiendo un salario que varía entre $2 mil y $5 mil mensuales, dependiendo de su función y cercanía con el diputado titular.
En la presidencia de la diputada Dana Castañeda (2024-2025) había 54 suplentes nombrados en la planilla de la Asamblea, mientras que en el quinquenio pasado (2019-2024), de los 71 diputados suplentes, 66 estaban en la planilla del Legislativo, cada uno con un salario de $2 mil al mes como “asistente técnico parlamentario”, su supuesto cargo. La continuidad de esta práctica revela que la norma judicial de 2017 ha tenido escaso efecto en la operación diaria del Legislativo.
Las bancadas
La Prensa llevó a cabo una revisión de la planilla de la Asamblea, que arrojó que en la bancada Vamos, de 19 diputados, hay 14 suplentes que suman $35 mil 550 mensuales. Algunos entran y salen del hemiciclo sin que nadie note su paso; otros permanecen como figuras de apoyo, listas para intervenir cuando la voz de un diputado se ausenta.
La bancada Realizando Metas (RM) tiene ocho suplentes, que perciben en conjunto $19 mil mensuales. Allí, el asesor de Alaín Cedeño hijo recibe $5 mil, un salario que lo distingue del resto. Los demás, uniformes, perciben 2,000 dólares cada uno.
En el Partido Revolucionario Democrático (PRD), ocho suplentes generan un gasto mensual de $18 mil 800. Benicio Robinson hijo destaca en el cargo de asistente administrativo con $4 mil 300, mientras que los demás oscilan entre $2 mil y $2 mil 500.
Los suplentes de Cambio Democrático (CD), siete en total, suman $14 mil mensuales. Todos reciben $2 mil, cumpliendo funciones de asistencia parlamentaria. Por su parte, el Partido Panameñista mantiene ocho suplentes con un gasto mensual de $16 mil, cada uno percibiendo $2 mil, uniformes como notas idénticas en una partitura.
El argumento de Herrera
El diputado del Partido Panameñista y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, ha defendido públicamente que los suplentes deben cobrar salario, argumentando que cumplen funciones necesarias para el funcionamiento del Legislativo.
Herrera reconoció que la Corte fue “muy enfática” al señalar que la figura del diputado suplente no debe aparecer dentro del organigrama institucional. Sin embargo, sostuvo que existe un margen para su contratación bajo otras denominaciones: “El fallo manifiesta que el diputado suplente, tipificado dentro del organigrama, no puede aparecer. Pero, al final, el suplente es una figura que durante un proceso electoral acompaña al principal”, dijo.
Por su parte, las bancadas Mixta Democrática y Seguimos suman un total combinado de $14 mil en salarios para suplentes. En la primera son cinco; en la segunda, dos. Cada uno recibe $2 mil mensuales, todos con funciones de asistencia parlamentaria.
Transparencia y disparidad
La disparidad en los salarios también llama la atención. Mientras la mayoría de suplentes recibe $2 mil, algunos vinculados a diputados influyentes perciben hasta $5 mil, como ocurre en PRD y RM. La transparencia es otro tema sensible: los registros muestran nombres y montos, pero no detallan las tareas concretas de cada suplente. Además, las bancadas de Vamos y PRD concentran más recursos en suplentes que los partidos pequeños.
En definitiva, el pago a los suplentes se mantiene como un capítulo silencioso pero costoso de la Asamblea Nacional. Más de $1.4 millones al año destinados a personal eventual reflejan la tensión entre la ley, la práctica administrativa y los privilegios políticos que persisten en el Legislativo.
