La llegada de una nueva embajadora de Nicaragua en Panamá podría destrabar un problema recurrente en los últimos dos gobiernos: el uso de una delegación diplomática para hacer política por parte del expresidente Ricardo Martinelli, condenado por blanqueo de capitales.
Primero ocurrió con la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024), que se negó a otorgarle un salvoconducto a Martinelli para que se asilara en Nicaragua. Ahora, la situación se repite con su copartidario, el presidente José Raúl Mulino, a quien Martinelli critica de forma constante, abierta o veladamente, por sus decisiones de gobierno.
El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó a este medio que el pasado 31 de enero recibió las copias de las cartas credenciales de la embajadora Jessica Yaoska Padilla Leiva y que, en los próximos días, se las presentará a Mulino, quien tiene previsto abordar el tema del salvoconducto con la nueva funcionaria.
Martinelli ha usado la embajada de Nicaragua en Panamá, donde se encuentra asilado desde el 7 de febrero de 2024, como una especie de cuartel desde el que interfiere en asuntos políticos del país. El pasado sábado, por ejemplo, financió la publicación de un mensaje en la red social X en el que usó una metáfora bélica y etiquetó a su partido Realizando Metas para darle visibilidad a una actividad de uno de los gremios que por estos días avivan las protestas contra el proyecto de ley 163, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS).
Este martes, decenas de personas que afirmaron ser miembros del partido Realizando Metas, colectivo fundado por Martinelli, protestaron frente a la Presidencia de la República exigiendo puestos de trabajo al presidente José Raúl Mulino.
