La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional desestimó el proyecto de ley 44, que buscaba extender el delito de prevaricato a fiscales, jueces y magistrados de Panamá.
La propuesta, presentada por el presidente de la comisión, el diputado de Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, fue rechazada con cinco votos en contra y tres a favor. Todo ocurrió en la sesión de este martes 30 de septiembre de la mencionada comisión.
El prevaricato es un delito cometido por un funcionario judicial cuando dicta resoluciones o emite decisiones contrarias a la ley, a sabiendas de que son injustas.
Además de Camacho, votaron a favor Raphael Buchanan y Sara Magallón, suplente de Jairo “Bolota” Salazar, del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Opinión institucional
El debate comenzó con la lectura de notas que contenían las opiniones de la Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría de la Administración, instituciones que estimaron que la propuesta no era viable.
Por la Procuraduría General de la Nación emitió concepto Melisa Isabel Navarro Rodríguez, en calidad de procuradora encargada. Argumentó, entre otras cosas, que las conductas presentadas en el proyecto de ley ya están contempladas en el artículo 346 del Código Penal, así como en otras normas relativas a la corrupción de servidores públicos, especialmente en lo referente a la aceptación, recepción o solicitud de donativos o ventajas indebidas.
El diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino, uno de los cinco que votaron en contra, explicó que “estaríamos normando materia ya existente que podría chocar con lo que se está ejecutando por parte del sistema”.
Al momento de defender su propuesta, Camacho explicó que el objetivo era hacer extensivo el delito de prevaricato, que según él, actualmente se limita a los abogados que son parte de un proceso, para que también aplicara a fiscales y funcionarios del Órgano Judicial. Sustentó que se trata de una figura muy antigua, presente en diversas legislaciones, y que su propósito es garantizar la correcta aplicación de la justicia. “Estoy convencido de que la justicia es fundamental y de que debemos proteger el Estado de derecho”, afirmó.
¿Y los proyectos del procurador?
La Comisión de Gobierno aún no debate los proyectos de ley anticorrupción presentados por el procurador Luis Carlos Gómez. Uno de los proyectos propone la adopción de una “ley general anticorrupción”, mientras que otro modifica artículos del Código Penal relacionados con delitos contra la administración pública.
Según el procurador, ambos buscan adecuar el marco penal panameño a los estándares internacionales en materia de prevención y lucha contra la corrupción.
Uno de ellos rescata la protección al denunciante y, de alguna manera, le hace justicia al proyecto de ley presentado por el diputado Jorge Bloise, que se ahogó en el pleno legislativo la semana pasada.
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