Luego de varios años sin actividad, el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo se reactivó esta semana tras una reunión clave entre las nuevas autoridades y las diversas fuerzas vivas del país.
En dicha reunión, dirigida por el ministro de la Presidencia y presidente de la Concertación, Juan Carlos Orillac, se plantearon los futuros temas a discutir así como la designación de un nuevo secretario ejecutivo.
De hecho, el proceso de elección de la nueva figura que llevará la batuta de este foro nacional ya está en marcha. El gobierno hizo la convocatoria y hay 35 profesionales que se postularon, informó María Fábrega, secretaria ejecutiva Ad-Hoc de la reunión.
Entre los postulados figuran Jaime Jácome, quien ya ocupó ese cargo (2011-2015); Jorge Panay, expresidente de la Asociación de Municipios; Rogelio Donadio, exviceministro de Seguridad.
La responsable de seleccionar al nuevo secretario será una comisión integrada por cinco principales y cinco suplentes.
La definición de quiénes serán principales y quiénes suplentes será tomada por los propios miembros de la comisión. Dicha comisión la integran los consejeros Aniano Pinzón del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato); Antonio Fletcher, del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP); Elia López de Tulipano, de las organizaciones de Mujeres; Irving Santos, del Partido Panameñista; Irma Sáenz, de las organizaciones de Desarrollo Social; Iván Chanis, de las organizaciones de Democracia y Derechos Humanos; Jenny Vergara, del Consejo Nacional de Contraloría Social del Sistema Público de Servicios de Salud; Juliana Santiago, de los pueblos indígenas - Ngäbe Buglé; María Fábrega, del Órgano Ejecutivo; y Maritza Cedeño, del Colegio Nacional de Abogados.
De acuerdo al ministro Orillac, el presidente José Raúl Mulino tiene el interés de que se reactive ese Consejo, para que “sirva de medio de diálogo y acuerdo en la larga lista de temas complicados que debe enfrentar el gobierno”.
Indicó que estos temas van a requerir de una amplia participación social. Recordó que la Concertación Nacional para el Desarrollo, un espacio de diálogo y consulta, quedó establecida a través de la Ley 20 de 2008. Nació en la coyuntura de la ampliación del Canal Panamá y dentro de ese escenario se avalaron normas como la que aprueba el “Mecanismo de Verificación y Seguimiento” y la Ley 34 de 2008 “de Responsabilidad Social Fiscal”, que obliga a los gobiernos a presentar un plan estratégico de gobierno alineado con los objetivos de esos acuerdos.
Entre 2009 y 2014, dijo Orillac, este Consejo tuvo una constante y destacada participación en el debate nacional. “Se realizaron no uno sino varios ejercicios de verificación del cumplimiento de los acuerdos, se actualizaron y se debatió sobre diversos temas de interés nacional”.
“Cuando el señor Presidente propone la reforma del Estado a través de un proceso constituyente, es necesario referirnos al ejercicio de debate y elaboración de una propuesta de Constitución que fue consultada, debatida y elaborada en este Consejo, con la participación de valiosos profesionales y que seguro será un insumo fundamental en este tema”, sostuvo.
Añadió que “la desidia” de las administraciones anteriores llevaron al país a varias “crisis institucionales que no podemos dejar de atender en este quinquenio”, comenzando con la Caja de Seguro Social, la reforma del Estado, la reforma del modelo educativo, la atención de salud, la producción y suministro de agua, la administración de justicia y la modernización de la gestión institucional.
Este foro está integrado por 22 representantes de diversos sectores: partidos políticos, de los órganos Ejecutivo y Legislativo, gobiernos locales, iglesias, organizaciones de jóvenes y mujeres, clubes cívicos, universidades, pueblos originarios, etnia negra, ambientalistas, activistas de derechos humanos, economistas, abogados, productores y empresarios.
Estuvieron presentes en la reunión: Irving Santos, del Partido Panameñista; Elia López, de la organización de mujeres; José de Obaldía, de organizaciones ambientales; Antonio Fletcher, del CoNEP; Jenny Vergara, del Consejo Nacional de Contraloría Social del Sistema Público de Servicios de Salud; Sonia de Montoya, de Conato; William Barrigón, de los pueblos indígenas; Gaspar García de Paredes, del CoNEP; Severo Sousa, del CoNEP; Hernando Carrasquilla, de Cambio Democrático; Iván Chanis, de las organizaciones de Democracia y Derechos Humanos; Maritza Cedeño, del Colegio de Abogados; Tenaura Luque de Rodríguez (provincias); Juan Antonio Tejada, de clubes cívicos; Irma Sáez, de organizaciones de desarrollo social; Olmedo Alonso, de gobiernos locales; Juan Carlos Valdés, del Órgano Ejecutivo; Corina Cano, del Molirena; Juliana Santiago, de la Comarca Ngäbe Buglé; y Johan Caballero, de la SPIA.
