A medida que se conocen más detalles sobre el traslado de 29 privados de libertad al Parque Nacional Coiba, entre especialistas en derecho ambiental y conservación comienzan a aflorar dos inquietudes que trascienden el debate político.
La primera apunta a una posible vulneración de la Ley 44 de 2004, la norma que transformó la antigua colonia penal en un área protegida destinada exclusivamente a la conservación. La segunda mira más allá de las fronteras nacionales: el riesgo de que esta decisión termine afectando los compromisos asumidos por Panamá ante la Unesco y ponga en entredicho el estatus de Patrimonio Mundial de la Humanidad que distingue al archipiélago desde 2005.
Ricardo Wong, director de la Fundación para la Protección del Mar (Promar) y presidente del Comité Nacional de Miembros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en Panamá, advirtió que la medida representa un exabrupto y una violación de la normativa que protege una de las áreas naturales más importantes del país.
La advertencia cobra relevancia debido a que la UICN, organización que asesora técnicamente a la Unesco en la evaluación y el monitoreo de los sitios naturales declarados Patrimonio Mundial, como Coiba, mantiene entre sus funciones la supervisión del estado de conservación de estos territorios.
Según Wong, la decisión gubernamental de utilizar una zona protegida para fines penitenciarios contradice el marco legal que regula el manejo de Coiba y sienta un precedente preocupante para el resto de las áreas protegidas del país.
“Se está utilizando un área protegida que tiene una regulación propia y parte del Gobierno no está cumpliendo con la ley”, afirmó el ambientalista.
El especialista sostuvo que la acción envía un mensaje contrario a los esfuerzos de conservación impulsados durante años por organizaciones ambientales y por el propio Estado. A su juicio, permitir actividades incompatibles con los objetivos de protección debilita la credibilidad de las políticas públicas dirigidas a preservar los ecosistemas más sensibles del país.
Compromiso internacional
Wong también cuestionó el impacto que esta decisión podría tener sobre los compromisos internacionales adquiridos por Panamá ante la Unesco, organismo que declaró a Coiba Patrimonio Mundial de la Humanidad. Señaló que corresponde al Gobierno explicar cómo justificará esta actuación ante la comunidad internacional, especialmente cuando el país mantiene obligaciones específicas de conservación sobre el sitio.
La preocupación adquiere mayor relevancia debido a que Panamá será sede el próximo año del Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas, un encuentro internacional que se celebra cada diez años. Para Wong, la imagen que proyecta el país con este tipo de medidas contradice el discurso de liderazgo ambiental que busca promover en el ámbito internacional.
Consultado sobre la posibilidad de que Coiba llegue a ser incluida en la lista de sitios del Patrimonio Mundial en Peligro, el ambientalista consideró que ese riesgo existe. Recordó que la isla no solo posee la categoría de parque nacional, sino también la de reserva de la biosfera, por lo que cualquier intervención que se aparte de los objetivos de conservación puede generar cuestionamientos sobre su manejo y protección.
De manera categórica, Wong afirmó que la decisión constituye una violación de la ley y pidió al Gobierno reconsiderar la medida. Como alternativa, instó a las autoridades a buscar un lugar más adecuado para albergar a los privados de libertad, evitando comprometer la integridad ecológica de un área que, según destacó, fue destinada exclusivamente a la conservación y cuya protección trasciende las fronteras nacionales.
La normativa
Las advertencias de Wong coinciden con el contenido de la Ley 44 de 2004, que creó el Parque Nacional Coiba y puso fin de manera definitiva al uso penitenciario de la isla. La norma estableció que las tierras e instalaciones que formaban parte del antiguo penal pasarían a integrarse al área protegida y ordenó el traslado de los privados de libertad que aún permanecían en el lugar en un plazo máximo de un año.
El marco jurídico también restringe de forma estricta los usos permitidos dentro del parque. Las regulaciones de manejo contemplan únicamente actividades vinculadas a la conservación, la investigación científica, el ecoturismo y la administración del área protegida. La presencia permanente de una población penitenciaria no figura entre los usos autorizados y sería incompatible con los objetivos para los cuales fue creada la reserva.
La incompatibilidad adquiere una dimensión internacional debido a que el cierre definitivo de la colonia penal fue uno de los elementos valorados durante el proceso que llevó a Coiba a obtener la categoría de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Los compromisos asumidos por Panamá ante la Unesco exigen preservar la integridad ecológica del sitio y evitar actividades que incrementen la presión humana sobre sus ecosistemas.
Plan de manejo
Además, el Plan de Manejo de Coiba, instrumento que regula el ordenamiento y uso del área protegida, establece que cualquier actuación dentro del parque debe responder a criterios de conservación. Expertos ambientales sostienen que el retorno de personas bajo un régimen de detención representaría la reintroducción de una actividad que el Estado panameño se comprometió a eliminar.
Si bien en la isla operan unidades de seguridad del Estado para tareas de vigilancia y combate de actividades ilícitas, como la pesca ilegal, esas funciones tienen un carácter estrictamente logístico y de protección ambiental.
A esto hay que agregar que los cinco municipios con representación en el Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba —Montijo, Soná, Río de Jesús, Las Palmas y Mariato— expresaron su rechazo al traslado de privados de libertad al archipiélago mediante un comunicado conjunto en el que advirtieron que la medida contradice los principios de conservación que rigen el área protegida.
