En el Ministerio de la Presidencia persiste un modelo de concentración administrativa que ha sobrevivido a los cambios de gobierno. Bajo el argumento de ordenar y centralizar funciones consideradas similares, en las últimas administraciones se han creado nuevas oficinas y secretarías que duplican tareas ya asignadas a otras instituciones del Estado.
Este esquema, heredado de la administración 2009-2014, cuando se impulsó una lógica de control y acumulación de poder en el Órgano Ejecutivo, no solo se mantiene intacto, sino que, para diputados y analistas políticos, sigue ampliándose, con un impacto directo en el gasto público y miles de dólares destinados a planillas, sin que exista una evaluación pública clara sobre su necesidad, eficacia o resultados.
Actualmente, en el Ministerio de la Presidencia existen al menos ocho secretarías, cuyos responsables perciben salarios no menores de $3 mil mensuales y gastos de representación también de $3 mil al mes. Incluso, algunos devengan montos superiores.
El esquema de secretarías adscritas al Ministerio de la Presidencia incluye oficinas de Asuntos Públicos, Asuntos Económicos, Ferrocarril, Gabinete Turístico, Metas, Reorganización del Estado, Asuntos Constitucionales, Asociaciones Público-Privadas y Electrificación Rural, una estructura que combina dependencias heredadas de administraciones anteriores con otras creadas recientemente.
Mientras secretarías como Metas y Asuntos Públicos provienen de gobiernos pasados, otras —como la del Ferrocarril y la de Reorganización del Estado— fueron incorporadas por la administración del presidente José Raúl Mulino.
Oficinas bajo la lupa
Este tema es visto con recelo por la diputada de la coalición Vamos, Janine Prado, quien, durante la sustentación de las vistas presupuestarias en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, pidió más información sobre los resultados de estas oficinas, debido a los privilegios y altos salarios asociados a sus cargos.
A su juicio, el problema del tamaño del Estado va más allá del número de funcionarios y apunta a un modelo administrativo que requiere cambios profundos. “No podemos seguir sosteniendo el tamaño del Estado tal como está; se necesita una reingeniería completa”, afirmó, al señalar que la discusión no debe centrarse únicamente en recortes de personal, sino en la eliminación de cargos que implican altos costos para las finanzas públicas.
Prado también cuestionó la falta de transparencia en torno a estas dependencias y los beneficios asociados a sus cargos. “Tenemos una serie de secretarías que queremos entender”, dijo, al denunciar que existen privilegios tanto para ministros y viceministros como para los secretarios de la Presidencia.
Según relató, estas inquietudes fueron planteadas durante las vistas presupuestarias sin obtener respuestas claras. “Nosotros lo preguntamos en las vistas presupuestarias, pero no hubo respuestas; aunque creo que no hay voluntad”, sostuvo, al insistir además en la necesidad de abordar el tema pendiente de la carrera administrativa.
Intento fallido
Como se recordará, durante el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) se intentó reordenar la estructura del Ministerio de la Presidencia mediante la reubicación de algunas de sus oficinas, sin que la iniciativa produjera resultados efectivos.
En 2021, el Ejecutivo informó que la gestión implicaría redistribuir más de $60 millones que hasta entonces se asignaban a la Presidencia, en concepto de transferencias descentralizadas y programas, y que entidades como la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Autoridad de Innovación Gubernamental y la Comisión de Desarrollo Sostenible, entre otras, serían trasladadas —por razones sectoriales— a las instituciones a través de las cuales recibirían esos recursos; sin embargo, los cambios no lograron materializar una reducción sustancial de la centralización ni del gasto asociado.
Para el analista político José Stoute, la creación y permanencia de múltiples secretarías en la Presidencia contradice los objetivos del presidente de reducir el tamaño del Estado.
Según Stoute, aunque el mandatario ha planteado como prioridades tanto una eventual Asamblea Constituyente como el achicamiento del aparato estatal, la ejecución de este último resulta inconsistente. A su juicio, “no cabe la menor duda de que unas acciones se contradicen entre sí”, lo que debilita la coherencia del discurso gubernamental sobre la reforma del Estado.
Las medidas
Dentro del plan de reorganización del Estado impulsado por el presidente José Raúl Mulino, tres de las decisiones adoptadas han sido la eliminación del Ministerio de la Mujer y la reestructuración del Banco Hipotecario Nacional (BHN) y del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA). En el primer caso, el Ejecutivo promovió la desaparición del ministerio y su sustitución por el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), adscrito al Ministerio de Desarrollo Social.
En paralelo, el Gobierno anunció que el BHN dejará de operar como entidad independiente y será integrado a la Caja de Ahorros, como parte de una estrategia para unificar funciones bancarias estatales y disminuir estructuras consideradas duplicadas. Lo mismo sucederá con el BDA, que pasará al Banco Nacional.
“Iniciaremos de manera urgente un proceso de reforma del Estado para hacerlo más eficiente, desmontando estructuras que se superponen y que fueron pensadas en otra época”, manifestó el presidente José Raúl Mulino el pasado 1 de julio de 2025, durante su discurso ante la Asamblea Nacional.
Aunque el Ejecutivo ha avanzado en la eliminación y reestructuración de algunas entidades, las secretarías adscritas a la Presidencia se mantienen y aumentan con cada administración, en medio de cuestionamientos sobre su pertinencia y su costo.
