Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Internacional Venezuela, y José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional, advirtieron en Panamá sobre la magnitud de las tramas de corrupción transnacional vinculadas al régimen venezolano y su impacto directo en el país.
En la sede de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, los referentes anticorrupción expusieron un panorama inquietante: la corrupción venezolana no solo desangra a Venezuela, sino que también permea sistemas financieros y estructuras económicas en al menos 30 países, incluido Panamá.
Transparencia Internacional Venezuela ha identificado 178 investigaciones judiciales activas en 30 países relacionadas con tramas de corrupción vinculadas a Venezuela. Más del 60% de los casos involucran montos superiores a los 68,805 millones de dólares, una cifra equiparable a las reservas internacionales de Venezuela. Según Ugaz, esa cantidad representa 11 veces el PIB del país petrolero.
Una red con alcance global
El patrón comenzó a gestarse en 2004, aunque desde 2012 se multiplicaron los indicios de operaciones en el exterior. Actualmente, 41 personas prófugas de la justicia internacional se esconden en Venezuela, mientras fiscales de otros países han debido cerrar procesos por la falta de respuesta a solicitudes de cooperación judicial.
Los esquemas se extendieron a plazas financieras como Hong Kong, Delaware y Panamá, entre otros. De Freitas advirtió que Panamá también fue utilizado para lavar dinero a través del sector inmobiliario, lo que convirtió al país en un engranaje clave en la red. De acuerdo con los representantes de TI, este fenómeno contribuye a la formación de burbujas especulativas que distorsionan precios y afectan el acceso a la vivienda. Estos flujos, advierten, no solo alteran dinámicas económicas, sino que también debilitan la confianza de la ciudadanía y de los inversionistas internacionales.
Nicolás Maduro gobierna Venezuela desde 2013, cuando asumió la presidencia tras la muerte de Hugo Chávez. Fue reelegido en 2018 en unos comicios ampliamente cuestionados por la oposición, la comunidad internacional y organismos multilaterales, que denunciaron irregularidades en el proceso. Bajo su gestión, el país ha atravesado la crisis económica y humanitaria más profunda de su historia reciente, con denuncias persistentes de corrupción, represión política y violaciones a los derechos humanos que han provocado la migración de millones de venezolanos.
Impacto en derechos humanos y responsabilidad local
Ugaz subrayó que la gran corrupción no es un asunto meramente económico: “Tiene un impacto directo en los derechos humanos”. Panamá, dijo, es “un lugar preferente por la magnitud de capitales que circulan y porque existe un sistema judicial independiente”. Desde aquí, pidió impulsar investigaciones que respondan tanto al interés venezolano como al panameño.
Recordaron que Panamá cuenta con ventajas únicas para colaborar con la lucha contra la corrupción transnacional de origen venezolano.
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Casos emblemáticos
Entre los episodios más graves figura el escándalo de All Bank, en la que se investiga a un empresario que defraudó a miles de ahorristas y cuya operativa conecta a empresarios venezolanos con bancos en Panamá, República Dominicana y Curazao.
También mencionaron la operación Money Flight, investigado en Estados Unidos, España, Argentina y Panamá. Se trata de una trama de lavado de dinero y corrupción entre la estatal petrolera venezolana Pdvsa, contratistas y poderosos políticos allegados al gobierno. En apenas cinco meses, sus promotores obtuvieron ganancias ilícitas por 1,200 millones de dólares mediante operaciones cambiarias diseñadas para favorecer a allegados al poder venezolano.
De Freitas recordó además el mecanismo de dólar preferencial, que permitió a empresarios cercanos al régimen importar alimentos y mercancías con divisas subsidiadas. Entre los beneficiarios figura Alex Saab, hoy ministro de Industria en Venezuela, señalado de utilizar incluso la Zona Libre de Colón para triangular operaciones.
Panamá en la mira
La directora de TI Venezuela reconoció que hay al menos dos investigaciones en Panamá relacionadas con estos esquemas, aunque desconoce su estado actual. “Una de las preguntas claves es cuántos casos están abiertos o procesados en Panamá. Esa información debería conocerse a nivel de fiscalía”, dijo.
De Freitas también recordó una investigación conjunta de La Prensa, Armando.Info, el grupo CLIP y Transparencia Venezuela, que reveló cómo un empresario panameño, en sociedad con los sobrinos de Cilia Flores, primera dama de Venezuela, obtuvo contratos millonarios a dedo. Los pagos, según la pesquisa, se canalizaron a través de bancos vinculados a Víctor Vargas y entidades hoy cerradas.
A pesar del panorama, los expertos ven un espacio para la acción. “Este puede ser un momento para que la institucionalidad panameña demuestre fortaleza”, afirmó De Freitas, destacando los esfuerzos de la Unidad de Inteligencia Financiera y los ajustes en fiscalías especializadas en corrupción y blanqueo.
Ugaz cerró con un llamado enfático: “Panamá debe impulsar las investigaciones. No solo por Venezuela, también por su propio interés, porque estos capitales contaminan y afectan directamente las condiciones en las que ustedes viven aquí”.
