Diversos sectores de la sociedad civil lanzaron un llamado urgente: la ciudadanía debe vigilar de cerca la elección del nuevo defensor del pueblo para el período 2026-2031, que la próxima semana entra en una etapa decisiva.
En un comunicado de unas 50 organizaciones, se enfatiza que solo mediante la participación activa de la sociedad civil se podrá garantizar la selección de una figura que represente con dignidad la defensa de los derechos humanos y que actúe con independencia frente a intereses políticos o particulares.
El llamado ciudadano llega justo cuando el proceso alcanza un hito clave. El pasado viernes 20 de marzo, a las 4:00 p.m., la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional cerró formalmente la recepción de documentos de los aspirantes. Con esto, la elección entra en una fase de escrutinio intenso, en la que la transparencia y la vigilancia ciudadana serán determinantes para el futuro de la institución.

Los registros oficiales indican que 35 aspirantes han manifestado su interés en liderar la entidad encargada de velar por los derechos humanos. El próximo lunes 23 de marzo, la Asamblea Nacional publicará la lista oficial de candidatos que cumplen con los requisitos legales en sus medios digitales.
Escrutinio ciudadano
La ciudadanía tendrá su momento decisivo los días miércoles 25 y jueves 26 de marzo, cuando se abrirá el período para presentar objeciones fundamentadas contra cualquier aspirante. Los interesados podrán hacer sus señalamientos de forma presencial o virtual, a través de un enlace web que el Legislativo dará a conocer en los próximos días.
Más allá de los requisitos formales —tener 35 años, nacionalidad panameña y ausencia de antecedentes penales—, las organizaciones civiles insisten en evaluar la independencia y trayectoria de los aspirantes. La meta es garantizar que el elegido posea integridad, transparencia y compromiso con la defensa de los derechos fundamentales.
El proceso se respalda legalmente en el artículo 8 de la Ley 504 de 2025, que obliga a la Comisión de Gobierno a promover la participación de la sociedad civil. Además, los sectores de la sociedad civil señalan que, bajo los Principios de París, la Asamblea Nacional debe garantizar que el escrutinio sea público, riguroso y transparente, permitiendo que la ciudadanía intervenga de manera efectiva en cada etapa de la selección.
Los participantes
En la lista de aspirantes sobresalen tres nombres: el actual defensor del pueblo, Eduardo Leblanc González, que busca extender su gestión; la exmagistrada Ángela Russo, con trayectoria en la magistratura; y el diputado suplente Ricardo Valencia, que participa desde la política partidista.

La lista también incluye candidatos con experiencia técnica y conocimiento del ámbito político, aunque con menor visibilidad mediática. Es el caso de Gloria Young Chizmar, quien además de su trabajo en derechos humanos, fue diputada en la Asamblea Nacional.
Además están en el grupo un conjunto de perfiles vinculados al ámbito académico y jurídico, como Venicia Clementina Chang, con experiencia en educación superior, y los juristas Rodrigo García Rodríguez y Raúl Eduardo Peñaloza Testa, cuya trayectoria se ha desarrollado en espacios legales y administrativos.
