Dos casos recientes pusieron el foco sobre el gasto de las entidades públicas en seguros privados para sus colaboradores. Por un lado, el Órgano Judicial destina alrededor de 15 millones de dólares a este concepto, mientras que el Tribunal Electoral (TE) solicitó 1.9 millones de dólares durante la sustentación de su presupuesto para 2026.
No obstante, una revisión al portal PanamáCompra revela que, entre 1 de enero de 2024 hasta la fecha, varias instituciones públicas destinan parte de su presupuesto anual a seguros colectivos de salud y vida para sus colaboradores. Incluyendo al Órgano Judicial y al Tribunal Electoral, se identificaron otras cinco entidades que, en conjunto, asignan 168.9 millones de dólares para este fin.
El Ministerio Público contrató un seguro colectivo de salud por 9.3 millones de dólares, destinado a 5,665 funcionarios, con una vigencia de 38 meses. La inversión busca proteger la salud de quienes investigan y procesan delitos en el país.
El Ministerio de Seguridad Pública, responsable de coordinar la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional de Migración, cubre a 45,147 efectivos con un seguro colectivo de salud y vida, por 122.5 millones de dólares y una duración de 56 meses. La cobertura refleja la magnitud y los riesgos asociados al personal de seguridad.
Otras entidades
En el Órgano Judicial, el seguro colectivo de vida y salud asciende a 15 millones de dólares para 6,807 servidores durante 38 meses. La medida garantiza protección médica y vital para jueces, magistrados y personal administrativo.
El sector transporte también invierte en seguros. El Metro de Panamá contrató un seguro colectivo de vida y salud para 891 empleados por 1.8 millones de dólares durante 26 meses, mientras que Transporte Masivo destinó 400 mil dólares a un seguro de vida para 4,700 colaboradores por 18 meses. Las diferencias reflejan el alcance y el tipo de cobertura contratada.
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) cubre a 8,500 servidores con un seguro médico privado contratado por 18 millones de dólares.
El Tribunal Electoral presentó la semana pasada su presupuesto para 2026 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, por un total de 112.6 millones de dólares.
Sin embargo, la atención se centró en un rubro más discreto: 1.9 millones de dólares destinados a seguros de vida, salud y bienes. La discusión giró en torno a si estos seguros constituyen un derecho laboral legítimo o un beneficio adicional sostenido con fondos públicos.
La diputada independiente Janine Prado, de la bancada Vamos, introdujo el tema en la sesión, solicitando explicaciones sobre el alcance de las pólizas. El debate reveló que, mientras el seguro de vida cubre a toda la planilla, los seguros de salud y bienes no benefician a todos los colaboradores.
Los magistrados del TE defendieron la medida. Alfredo Juncá sostuvo que los seguros deben entenderse como un “salario emocional”, en reconocimiento a las largas jornadas de los funcionarios, muchas veces en fines de semana y sin pago de horas extra.
Salud pública deficiente
Otras instituciones, como el Ministerio Público, justifican la contratación alegando que la iniciativa surgió de un estudio elaborado por la Dirección de Recursos Humanos.
Según la entidad, la sección de bienestar del empleado ha enfrentado casos en los que funcionarios han requerido apoyo económico debido a enfermedades crónicas o accidentes —tanto laborales como personales— que implicaron cirugías, procedimientos especiales y hospitalización con altos costos.
La institución también apunta a las limitaciones del sistema oficial: “Las situaciones en la atención médica oficial, por experiencia, no satisfacen los requerimientos de toda la población y, a fin de evitar que las enfermedades o accidentes conlleven consecuencias más complicadas, se considera la contratación de un seguro colectivo de salud que ayudaría a tratar de manera oportuna las necesidades médicas”, plantea el Ministerio Público en PanamáCompra.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad sostiene que la póliza busca proteger a sus miles de agentes, expuestos a riesgos a diario en todo el país.
