La percepción de la corrupción en Panamá continuó en 2025 con una mirada negativa, sin mostrar avances significativos respecto a los datos del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) elaborado por Transparencia Internacional.
El último estudio anual de esa organización —que examina la percepción de la corrupción en los sectores públicos de los países— volvió a colocar a Panamá en una posición que revela un estancamiento crónico.
Según los resultados del informe, Panamá obtuvo un puntaje 33 entre 182 países medidos por el IPC en 2025, el mismo lugar que logró en 2024 dentro de la escala que va de “0” —el puntaje más bajo o más corrupto— hasta “100”, el más alto o más transparente. Eso lo ubica en la posición 116. La falta de cambios en la clasificación ha alimentado críticas desde sectores cívicos y analistas políticos que ven en esta persistencia el reflejo de problemas estructurales sin resolver.
La trayectoria del país en los últimos años muestra una caída paulatina, pero constante, en esta medición internacional. En 2023, Panamá alcanzó un puntaje 35, y en 2022 de 36, cifras que indican una tendencia hacia el descenso en la percepción de integridad pública. Este deterioro ha generado preocupación entre organizaciones de la sociedad civil y observadores internacionales.
La posición compartida por Panamá —con 33 puntos— no es única. El país comparte ese escalón con naciones como Ecuador, Serbia y Tailandia, lo que evidencia que, a nivel global, el nivel de transparencia y control de la corrupción en Panamá no ha mejorado respecto al año anterior.
Al desglosar la situación dentro del continente americano, la realidad es aún más inquietante: Panamá figura más cerca de naciones con pésimas calificaciones en el IPC, como Haití, Nicaragua y Venezuela, que aparecen entre los peores evaluados en la región, según la escala de Transparencia Internacional.
Promedio mundial
El contexto global del índice también muestra un panorama adverso: el promedio mundial del IPC descendió por primera vez en más de una década, situándose en apenas 42 sobre 100, con la mayoría de los países (122 de 182) obteniendo puntuaciones inferiores a 50. Esta tendencia pone de relieve que la corrupción sigue siendo un problema persistente y extendido en el mundo, dificultando esfuerzos anticorrupción incluso en regiones con mejores prácticas.
En comparación con Panamá, varios países de la región alcanzan posiciones más favorables en el IPC. Por ejemplo, Costa Rica registra una calificación superior, ubicándose en el puesto 56, muy por encima del promedio americano de 42/100. Asimismo, países como Cuba, Trinidad y Tobago, Colombia y Guyana muestran niveles de percepción de corrupción relativamente menores que Panamá, lo que plantea interrogantes sobre las estrategias que estos gobiernos han implementado para mejorar sus resultados.
Expertos advierten que los resultados del IPC sirven como una alarma: sin reformas profundas que aborden la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento institucional, Panamá corre el riesgo de mantener su posición en los lugares medios-bajos de la clasificación mundial, con las implicaciones negativas que ello tiene para la confianza ciudadana y la inversión extranjera.
Debate fallido
Como se recordará, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional rechazó en octubre de 2025 los proyectos de ley Nos. 291 y 292, presentados por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, con la promesa de modernizar la lucha contra la corrupción en Panamá.
La iniciativa 291, orientada a adoptar una Ley General Anticorrupción, y la 292, que proponía modificaciones al Código Penal para endurecer sanciones a delitos contra la administración pública, no obtuvieron los votos necesarios para pasar al segundo debate, al recibir cinco votos en contra frente a cuatro a favor en la comisión legislativa.
Diputados oficialistas liderados por Luis Eduardo Camacho, quien preside la comisión, junto al Partido Revolucionario Democrático y Cambio Democrático, argumentaron que los proyectos no estaban listos o no eran pertinentes, mientras sectores opositores aseguraron que se trataba de una oportunidad perdida para fortalecer el marco legal contra la corrupción.
