Un total de 12 agrupaciones de la sociedad civil organizada se reunió la mañana de este martes 27 de marzo en la sede de la Central General de Trabajadores de Panamá para expresar su preocupación porque la Asamblea Nacional se niega a rendir cuentas sobre el manejo de los fondos utilizados en donaciones y contratos entre 2014 y 2017
El comunicado fue leído por Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional.
Los representantes de las agrupaciones recordaron que esos fondos suman alrededor de 82 millones de dólares. De Obaldía estuvo acompaña de representantes del Movimiento Independiente, Fundación para la Protección del Mar, Red Ciudadana Urbana de Panamá, Juntos Decidimos, Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá, Espacio Encuentro de Mujeres, Alianza Ciudadana Pro Justicia, Centro de Incidencia Ambiental de Panamá y la Organización Afro Panameña Soy.
Otro punto que les preocupa a las agrupaciones es la negativa de la Asamblea Nacional de acatar la orden de la Corte Suprema de Justicia de publicar el informe de los gastos de las donaciones y contratos.
Esta reacción de la sociedad civil organizada surge un día después que se conociera que la Corte Suprema de Justicia no admitió la advertencia de inconstitucionalidad que presentó la diputada presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, contra la Ley de Transparencia.
Ábrego, a través del asesor de la directiva de la Asamblea Nacional, Jerry Wilson, pidió invalidar el artículo No. 20 de la Ley de Transparencia, que establece la sanción con dos veces su salario para quien no suministre la información requerida.
Al conocerse que la Asamblea Nacional interpuso la advertencia de inconstitucionalidad el Órgano Legislativo aclaró que era una simple “observación” y no una demanda.
En el comunicado leído por de Obaldía se hizo hincapié en que mientras en el mundo se avanza hacia más instancias de transparencia y rendición de cuentas, el intento de la Asamblea Nacional por favorecer la opacidad “nos pone en alerta ante la amenaza que representa para el derecho de los ciudadanos de recibir información veraz y oportuna sobre el manejo de la cosa pública”.
