Los diputados Luis Eduardo Camacho y Jamis Acosta, junto a su líder político y fundador de Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli, deberán seguir esperando.
La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional (AN), presidida por Camacho, fracasó en su intento de aprobar, en primer debate, el proyecto de ley que habría abierto nuevas posibilidades procesales al exmandatario (2009-2014), condenado por blanqueo de capitales en el caso New Business y enjuiciado actualmente por ese mismo delito en el caso Odebrecht.
El revés legislativo retrasa, al menos por ahora, una iniciativa que buscaba reconfigurar las vías de revisión de sentencias y que, en la práctica, podría incidir en el escenario judicial del exgobernante.
No obstante, los diputados de la coalición Vamos y del Movimiento Otro Camino (Moca) lograron que la propuesta tuviera que ser presentada nuevamente ante el pleno de la Asamblea, debido a la ausencia de un “artículo indicativo”, requisito exigido por el reglamento interno de la AN.
La iniciativa, presentada por Acosta, busca modificar el artículo 2030 del Código Judicial y el artículo 191 del Código Procesal Penal, con el fin de equiparar las vías de impugnación del antiguo sistema inquisitivo con las del modelo procesal vigente.
El núcleo de la propuesta radica en permitir que los condenados bajo el sistema inquisitivo o mixto puedan alegar violaciones de derechos fundamentales, a la Constitución y a tratados internacionales mediante el recurso de casación. Además, se plantea que las sentencias firmes también puedan revisarse con base en esa misma causal, lo que ampliaría los márgenes de defensa para quienes ya agotaron los mecanismos tradicionales.
La iniciativa introduce un nuevo numeral al artículo 191 del Código Procesal Penal al establecer que “la revisión de una sentencia firme procederá, en todo tiempo y únicamente a favor del sancionado”, cuando la condena haya sido dictada bajo el sistema inquisitivo o mixto y “hubiera infringido derechos y garantías penales y procesales contenidos en la Constitución Nacional, tratados o convenios internacionales en materia de derechos humanos (…) o en la ley”.
El texto añade que también procederá si “se hubieran infringido las garantías del debido proceso”, aunque fija un límite: “Esta causal solamente podrá ser invocada en una sola ocasión”, restringiendo así su uso a una única oportunidad para los condenados bajo el modelo procesal anterior.
La victoria parcial
Durante la sesión de la Comisión de Gobierno, el diputado de Vamos, Roberto Zúñiga, presentó una moción, debido a que el proyecto de ley que se discutía en primer debate no contaba con el artículo indicativo, como lo exige el reglamento interno en su artículo 118.
Un artículo indicativo es el que se coloca al final de un proyecto de ley para dejar claro cuáles son las normas vigentes que se propone modificar. En términos simples, si una iniciativa cambia, elimina, reemplaza o adiciona disposiciones de una ley vigente, debe incluir un artículo final en el que se precise expresamente qué normas se reforman y de qué manera.
Zúñiga, jefe de bancada de Vamos, no dudó en calificar como un “traje a la medida” el proyecto de ley que —según diversos sectores— favorecería al expresidente Martinelli.
Acosta ha sido miembro del equipo de abogados de Martinelli y Camacho es su vocero.
A su juicio, la iniciativa resulta innecesaria porque el ordenamiento jurídico ya contempla recursos como la casación dentro de los códigos vigentes.
“Después de una sentencia ejecutoriada y en firme, pretenden abrir un nuevo proceso para reconsiderarla. ¿De qué estamos hablando?”, cuestionó, al advertir que la propuesta introduce una vía extraordinaria que, en la práctica, reabre casos ya concluidos, como lo es aquel en el que Martinelli ya fue condenado a prisión.
Zúñiga sostuvo que la reforma debilitaría un sistema de justicia que, según dijo, necesita fortalecerse y no flexibilizarse. Alertó, además, sobre el impacto operativo que tendría en los tribunales al extender la posibilidad de revisión a condenas dictadas bajo el sistema mixto e inquisitivo, sin incluir el penal acusatorio.
“Imagínese la cantidad de casos que tendrían que revisarse”, planteó, al señalar que ello generaría una sobrecarga judicial significativa. En su criterio, insistir en esta modificación, cuando ya existen mecanismos de impugnación establecidos, vulnera la estabilidad del sistema judicial y responde a intereses particulares más que a una necesidad estructural.
¿Sin votos oficialistas?
La sesión de la Comisión de Gobierno transcurrió en medio de un ambiente tenso cuando se produjo un movimiento que no pasó desapercibido.
Durante el primer debate, varios diputados oficialistas y allegados al gobierno optaron por no respaldar la propuesta presentada por Acosta para continuar la discusión del proyecto. La ausencia de apoyo marcó un giro inesperado en una iniciativa que, hasta ese momento, parecía contar con el impulso del bloque afín.
Mientras Zúñiga sustentaba los argumentos para que el documento fuese nuevamente presentado, algunos miembros de la comisión se retiraron.
Rafael Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), junto a su copartidaria Sara Magallón —suplente de Jairo “Bolota” Salazar—, así como Shirley Castañeda, de Realizando Metas, y Ana María Poveda, suplente de Didiano Pinilla, de Cambio Democrático, se levantaron de sus asientos y abandonaron el recinto.
En el salón quedaron solo cinco miembros de la comisión. Camacho votó a favor de que el debate continuara, pero encontró resistencia en Zúñiga, Luis Duke y Janine Prado, de Vamos, así como de José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (Moca). La votación selló el freno momentáneo a la discusión.
Acto seguido, Acosta, el proponente de la iniciativa, arremetió contra la comisión y anunció que volverá a presentar el proyecto con el artículo indicativo exigido por el reglamento interno. Desde la bancada de Vamos le respondieron que quienes se retiraron del recinto eran, precisamente, sus propios aliados políticos, dejando al descubierto fisuras internas en el bloque que respaldaba la propuesta.
Antecedentes
Cuando la propuesta fue prohijada el año pasado, la exprocuradora y exdiputada Ana Matilde Gómez advirtió que, aunque en principio el texto podía parecer positivo, el riesgo radicaba en quiénes impulsaban la reforma. Señaló que las modificaciones al Código Procesal Penal deben manejarse con rigor técnico, especialmente cuando involucran estándares del sistema interamericano de derechos humanos.
Consultada sobre el trasfondo político del proyecto, Gómez no dudó en vincularlo con Martinelli. Recordó que una iniciativa similar promovida por Camacho incluía como causal de revisión decisiones internacionales relacionadas con violaciones al debido proceso. “A mí no me quedaría duda de que esto busca beneficiar a Martinelli”, sostuvo.
La exdiputada también hizo referencia a otro intento legislativo que proponía amnistiar a Martinelli y al expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), ambos acusados en el caso Odebrecht.
Ese proyecto, impulsado por Jairo Salazar, fue rechazado en abril de 2025 por la Comisión de Gobierno con cinco votos en contra. Posteriormente, Camacho intentó revivirlo mediante un informe de minoría en el pleno legislativo; sin embargo, la propuesta no llegó a debatirse.
