La subcomisión legislativa creada para discutir, una vez más, el proyecto de ley 625, que adopta la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos en el país, sesionó por primera vez este lunes 10 de octubre de 2022. La misma, creada la semana pasada por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, está conformada por los diputados Victor Castillo (presidente de subcomisión), Emelie García Miró y Fátima Agrazal.
Castillo, Miró y Agrazal tendrán 10 días hábiles para formular propuestas de modificación y presentarlas a la comisión.
Esta es la segunda subcomisión legislativa creada para tratar este tema. La subcomisión anterior hizo recomendaciones, pero el proyecto de ley (presentado por el Ejecutivo en abril de 2020) no fue aprobado en primer debate.
“Han querido pensar que la Asamblea Nacional tiene temor a dar camino a este proyecto de ley o satanizar el proyecto de ley. No es así. Hay voluntad por parte de la Asamblea para discutir y escuchar a la gente”, dijo Castillo.
El primero en intervenir en la sesión de este lunes fue el secretario general del Ministerio de Seguridad (Minseg), Jonathan Riggs. Aseguró que el proyecto de ley “es una necesidad” y planteó que la entidad aspira a lograr un consenso que permita que el proyecto de ley avance en la agenda legislativa.
Aclaró algunos puntos sobre la propuesta y la iniciativa que impulsa el Ejecutivo, a través del Minseg. Explicó que como está planteando en la propuesta actual, se trata de una jurisdicción autónoma que se elaboraría paralelamente a un proceso penal.
Castillo preguntó sobre el presupuesto que se necesitaría para poner en marcha lo planteado en el proyecto de ley. Riggs aseguró que se tendría que presupuestar a través del Ministerio Público y el Órgano Judicial.
Riggs señaló que el Minseg tiene intención de proponer modificaciones al mismo proyecto que presentó hace año y medio, luego de atender consultas y foros.
Tomó la palabra el abogado Miguel Antonio Bernal. “Es mi opinión que este proyecto de ley viola los principios constitucionales”, dijo Bernal, quien pidió archivar la propuesta. Lo mismo solicitó el abogado Alfredo Vallarino, miembro prominente del equipo de defensores del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal.
“Los que nos oponemos a este proyecto de ley, no estamos a favor de la criminalidad”, dijo Bernal.
A su juicio, el proyecto es “evidencia clara de un autoritarismo que atenta contra los derechos humanos.. echa por tierra la seguridad jurídica ciudadana”. Argumentó que no considera que el proyecto sea una necesidad para el país.
La diputada Agrazal tomó la palabra y pidió a quienes tengan consideraciones sobre los artículos y el proyecto de ley, que manden sus propuestas por escrito a la subcomisión. Esto, con la idea de poder utilizar cada opinión como insumo para elaborar modificaciones o propuestas.
