El número de funcionarios sancionados de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) aumentó. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) informó que, a la fecha, ha sancionado a 53 servidores públicos de esa casa de estudios superiores.
De ellos, la Antai recomendó la destitución de 20, entre decanos, directores, administrativos y docentes, tras la apertura de investigaciones por posibles casos de nepotismo. Varios de los implicados formaron parte del entorno de la exrectora de la Unachi, Etelvina de Bonagas, quien renunció el pasado 8 de junio. Incluso, algunos de ellos son pareja o tienen familiares nombrados dentro de la universidad.
De acuerdo con la Antai, 23 funcionarios fueron sancionados económicamente, de los cuales “varios ya han realizado el pago correspondiente”. La ley faculta a la entidad para imponer una sanción económica equivalente al 50% del salario mensual del servidor público.
El martes, durante la sustentación del presupuesto de la Unachi, que asciende a $80.7 millones, el nuevo rector, Absel Navarro, reveló que aún no habían llegado a sus manos los casos relacionados con las recomendaciones de destitución. Adelantó, además, que en estos momentos no puede ejecutar destituciones ni realizar nuevos nombramientos debido a la crisis financiera que enfrenta la institución.
Navarro también indicó que los vicerrectores y directores que ha designado no han podido asumir formalmente sus cargos. Añadió que tiene conocimiento de que un grupo de funcionarios que estaba bajo investigación “fue absuelto”.
Su respuesta surgió luego de que el diputado chiricano de la bancada Vamos, Jhonathan Vega, le preguntara por las recomendaciones de destitución de funcionarios. Entre los casos mencionados está el de Indira Candanedo, exdirectora de Recursos Humanos de la Unachi.
La Antai, por su parte, indicó que, respecto a las recomendaciones de destitución, remitirá las respectivas notas a la Unachi “a fin de conocer el estatus y seguimiento dado a cada una de ellas”.
Además, este martes la entidad entregó a la universidad dos nuevas notas relacionadas con las sanciones.
Las recomendaciones se sustentan en supuestas infracciones al Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos, establecido mediante el Decreto Ejecutivo No. 246 de 2004, y a la Ley No. 33 de 2013. Las resoluciones señalan posibles incumplimientos de principios como probidad, prudencia, justicia, responsabilidad, transparencia y legalidad, así como de las normas sobre nepotismo.
