El cierre de las sesiones ordinarias de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) dejó al descubierto el tamaño del financiamiento público de la política: si se mantiene el esquema actual, las elecciones de 2029 podrían costar $158.6 millones, es decir, $49.6 millones más que los $109 millones asignados en 2024.
El financiamiento público de los partidos es uno de los temas más polémicos de las reformas electorales. Mientras algunos sectores lo consideran excesivo en un contexto de contención del gasto público, otros lo defienden como una herramienta clave para garantizar la organización de los comicios y la competencia entre las fuerzas políticas.
Actualmente, este financiamiento equivale al 1% de los ingresos corrientes del Estado, un mecanismo que sostiene gran parte de la actividad política en los procesos electorales. Bajo esta fórmula, el monto tiende a aumentar en cada elección, ya que se calcula en función de los ingresos del Estado, que por lo general crecen con el paso de los años.
Los escenarios
El tema del financiamiento público no es nuevo dentro de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Meses atrás ya había sido objeto de discusión, aunque se optó por dejarlo para el tramo final de las sesiones debido a la sensibilidad política que genera. En ese momento, algunas propuestas planteaban reducir el porcentaje del 1% al 0.50% de los ingresos corrientes del Estado.
En la recta final de las discusiones, el representante del Partido Panameñista ante la comisión, José Isabel Blandón, planteó reducir el financiamiento público del 1% al 0.75% de los ingresos corrientes del Estado. Sin embargo, incluso con ese ajuste, las proyecciones indican que el subsidio electoral superaría en cerca de $9 millones el monto asignado para las elecciones de 2024.
Ante el debate sobre el costo del financiamiento político, la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político del Tribunal Electoral presentó tres proyecciones para mostrar cómo variaría el monto según el porcentaje que se mantenga.
Si se conserva el 1% de los ingresos corrientes del Estado, el financiamiento para las elecciones de 2029 alcanzaría unos $158.6 millones, muy por encima de los $109 millones asignados en 2024. De ese total, cerca de $79.3 millones se destinarían al periodo preelectoral y $73.7 millones al financiamiento poselectoral.
Si el porcentaje se redujera al 0.75%, como propuso Blandón, el financiamiento para 2029 se ubicaría en aproximadamente $118.9 millones. Aun así, la cifra sería unos $9.9 millones mayor que la asignada en el quinquenio electoral actual. Un tercer escenario plantea reducir el financiamiento al 0.50%, lo que situaría los recursos disponibles para 2029 en alrededor de $79.3 millones, es decir, $29.6 millones menos que el monto actual.
El resultado final
Finalmente, la propuesta de Blandón de reducir el financiamiento público del 1% al 0.75% fue rechazada por la mayoría de los partidos políticos (cuatro votos a favor y siete abstenciones). Solo recibió el respaldo del Partido Panameñista, Movimiento Otro Camino, los representantes de libre postulación y el delegado de los trabajadores en la comisión.
Con esa decisión, el esquema de financiamiento público permanece sin cambios en el 1% de los ingresos corrientes del Estado.
Al ser consultado, Blandón subrayó que el subsidio electoral representó en su momento un avance para el sistema democrático panameño. “Nosotros estamos a favor del financiamiento público. Cuando se estableció significó un adelanto en el sistema electoral panameño”, afirmó, al tiempo que señaló que este mecanismo debe mantenerse, explicarse mejor ante la ciudadanía y someterse a una fiscalización más rigurosa.
Según Blandón, el objetivo principal de este modelo es reducir la influencia del dinero privado en la política y evitar que la actividad electoral dependa exclusivamente de donaciones particulares.
No obstante, el dirigente panameñista advirtió que el crecimiento proyectado del subsidio electoral resulta difícil de justificar en el contexto actual del país. Recordó que Panamá enfrenta numerosas necesidades sociales y presupuestarias, por lo que un aumento significativo del financiamiento político podría generar rechazo ciudadano.
“En un país como el nuestro, donde hay tantas necesidades, es como una bofetada que los partidos tengamos $49 millones más”, sostuvo.
Otras opiniones
El diputado Jorge Bloise, de la bancada Vamos, cuestionó el aumento proyectado del financiamiento público electoral y reiteró que su propuesta era reducirlo de forma drástica. Según explicó, el esquema actual provoca que el monto crezca de manera automática con cada elección.
“Nosotros propusimos reducirlo a la mitad, al 50%, porque el financiamiento público electoral es el 1% del presupuesto del año anterior, y por lógica ese número siempre va a ir aumentando”, afirmó el político, quien aportó que el subsidio electoral ha crecido de forma desproporcionada en las últimas décadas.
También el diputado señaló que, aunque algunas propuestas planteaban ajustes menores —como la reducción al 0.75% sugerida por otros sectores—, la mayoría de los partidos optó por mantener el 1%, lo que, según advirtió, provocará un aumento de más de $40 millones en el financiamiento público. “Eso no es lo que fortalece la democracia; no se trata de darle más plata al sistema”, concluyó.
Por su parte, el representante de los trabajadores en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, Exonobel Quintero, señaló que, aunque apoyó la propuesta de Blandón, también defendió la importancia del financiamiento público como un mecanismo para proteger la transparencia de los procesos electorales.
A su juicio, reducir demasiado estos recursos podría abrir la puerta a una mayor influencia del dinero privado en las campañas.
Siguiente paso
El magistrado del Tribunal Electoral, Luis Guerra, recordó que las decisiones adoptadas en la Comisión Nacional de Reformas Electorales aún deben pasar por un proceso de revisión institucional antes de convertirse en proyecto de ley.
Explicó que el documento final será remitido al Tribunal Electoral, que tendrá la responsabilidad de revisarlo antes de enviarlo a la Asamblea Nacional. “El proyecto final de lo que se dé aquí lo envía al Tribunal Electoral, y si hay cuestiones que van en contra de la ley o de la Constitución, el Tribunal Electoral va a enderezar el proyecto hacia la Asamblea Nacional”, señaló.
Además pidió a los diputados actuar con responsabilidad al momento de discutir las reformas.
