La Fiscalía Anticorrupción realiza diligencias este lunes 24 de agosto en la Caja de Seguro Social (CSS), tras una denuncia presentada por Julissa Morales, quien descubrió que en 2023 aparecía registrada como funcionaria de la Asamblea Nacional, pese a que durante ese periodo laboraba en una empresa privada.
La situación pone bajo escrutinio los registros de personal de la institución y ha generado preocupación en Morales, quien teme que esa supuesta vinculación laboral afecte su jubilación o la exponga a consecuencias legales por un hecho que asegura no haber cometido. Tras conocer la anomalía, acudió el pasado 20 de agosto al Ministerio Público.
Morales asegura que ni ella ni su familia han trabajado en la Asamblea Nacional. Sus únicos parientes que tuvieron vínculos con el sector público fueron dos tíos, ya jubilados, que laboraron en otras entidades del Estado.
Por eso, cuando descubrió que su nombre aparecía asociado a la Asamblea, la noticia la tomó por sorpresa. “Eso me cayó como un balde de agua fría”, recuerda al describir el momento en que encontró el registro.
El hallazgo
El hallazgo ocurrió el lunes 17 de agosto, cuando Morales intentaba verificar su información laboral en el sistema de la CSS, como parte del proceso para conocer a qué modalidad de jubilación podría acogerse. Pasadas las 4:00 p.m., ingresó al sistema y revisó su historial. Allí encontró que aparecía como funcionaria del Legislativo durante todo 2023, con un salario registrado de $4,933. El dato, sostiene, es falso: durante ese año trabajaba en una empresa privada y nunca ocupó un cargo en la Asamblea.
Al día siguiente comenzó a buscar respuestas. Primero llamó a la CSS y, al no obtener una explicación clara, acudió personalmente a una oficina de la institución en Clayton. Allí fue remitida de un departamento a otro hasta llegar al área relacionada con las planillas.
Posteriormente, Morales acudió a la Fiscalía Anticorrupción, donde formalizó una denuncia y entregó la documentación relacionada con su historial laboral. Su principal objetivo, explica, es desvincular su nombre de un registro que asegura desconocer. Teme que la aparición de un salario y de cuotas correspondientes a un empleo que nunca tuvo termine generándole problemas cuando llegue el momento de jubilarse o incluso la exponga a una investigación por dinero que no recibió.
“Yo no estoy para que nadie me vaya a llevar presa por culpa de otro”, sostiene.
Ahora espera que las autoridades determinen cómo llegó su nombre a esos registros, quién reportó las supuestas cuotas y qué ocurrió con los fondos asociados a esa relación laboral.
Morales también niega haber firmado documentos, entregado su cédula o realizado alguna gestión que pudiera explicar su aparición como funcionaria pública. Dice que nunca ha estado inscrita en un partido político y que su única petición es que se corrija su historial y se elimine cualquier vínculo con la Asamblea. “Lo que quiero es que me limpien mi nombre”, insiste.
Otros casos
En 2024, una investigación de La Prensa reveló que al menos 12 personas aparecían en los registros de la CSS como empleados de la Asamblea Nacional, con salarios de hasta $10,000 mensuales, pese a asegurar que nunca trabajaron para el Legislativo ni recibieron esos pagos. Yulissa Reyes, por ejemplo, descubrió que supuestamente había cobrado $8,900 mensuales entre octubre y diciembre de 2023 y $157 en enero de 2024. Tras conocer el caso, presentó una denuncia ante el Ministerio Público.
Entre los afectados también estaba Iván Candanedo, funcionario del Ministerio de Educación, quien aparecía como empleado de la Asamblea y con pagos por $14,933 durante noviembre y diciembre de 2023.
Otro caso fue el de Maryan Hernández, cuyos registros mostraban supuestos pagos por $10,000 en dos meses. Ambos aseguraron que nunca trabajaron en la Asamblea ni autorizaron el uso de sus datos para cobrar dinero a su nombre.
Los tres casos tenían un elemento en común: sus datos aparecían asociados al número patronal de la Asamblea. La institución aseguró que no existían registros de cheques o desembolsos a nombre de los denunciantes y presentó una denuncia penal. Por su parte, la CSS atribuyó las inconsistencias a una actualización de su sistema que habría provocado un cruce de información entre asegurados y entidades estatales.
¡No se trata solo de un caso!
— La Prensa Panamá (@prensacom) June 26, 2024
Conversamos con varios afectados.
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El episodio se sumó a otros antecedentes de irregularidades en las planillas del Legislativo. En 2018, el entonces contralor Federico Humbert denunció que 318 cheques de la Asamblea, por $808,888, fueron cambiados en el Banco Nacional. En ese caso aparecieron los nombres de 35 personas que supuestamente trabajaban para al menos 18 diputados y que aseguraron desconocer que se cobraran cheques a su nombre.
