Al cumplirse mes desde que concluyeran las discusiones en la mesa de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), el paquete de modificaciones al Código Electoral aún no ha llegado al pleno de la Asamblea Nacional.
¿La razón? Aunque el Tribunal Electoral (TE) confirmó que el documento ya se encuentra en fase de análisis técnico, la institución ha optado por esperar un escenario político más favorable antes de remitir formalmente el proyecto de ley al Órgano Legislativo.
De acuerdo con el TE, actualmente “una comisión técnica está analizando todo el paquete de reformas electorales para luego remitirlo al Pleno del Tribunal Electoral para su revisión y estudio”. Dicho pleno está integrado por los magistrados Narciso Arellano, Luis Guerra y Alfredo Juncá.
Solo después de esa etapa, la institución tiene previsto proceder con la presentación del documento ante el Palacio Justo Arosemena.
Sin embargo, el envío no ocurrirá de inmediato, sino en la próxima legislatura (a partir del 1 de julio de 2026), cuando se instale una nueva junta directiva en el Parlamento, confirmó el TE.
La decisión también ocurre en medio de cambios institucionales. Hace apenas unos días, la Asamblea eligió como nuevo magistrado del TE al abogado Jaime Barroso, exmiembro del Partido Panameñista, quien asumirá el cargo a partir de enero de 2027.
Votaron a favor de Barroso la bancada oficialista Realizando Metas —partido de Ricardo Martinelli—, Partido Panameñista, Cambio Democrático, Partido Revolucionario Democrático (PRD) y tres diputados de la bancada independiente Vamos: Jorge Bloise, Neftalí Zamora y Manuel Samaniego.
Aunque su entrada será posterior, el movimiento marca un reacomodo dentro del propio Tribunal en momentos en que se terminan de afinar las reglas del sistema electoral.
A la vez, el Tribunal parece estar calculando el pulso político del Legislativo. Actualmente, el diputado panameñista Jorge Herrera preside la Asamblea Nacional, pero en el inicio del tercer año de sesiones ordinarias el 1 de julio deberá escogerse una nueva junta directiva.
El periodo legislativo es de cinco años, por lo que la elección de esa directiva es considerada por diversos sectores del país como determinante para definir la agenda política y legislativa de lo que resta del quinquenio.
La decisión de esperar tendría implicaciones directas en la ruta del proyecto en la Asamblea.
Si el documento se presenta en la siguiente legislatura, podría coincidir con un cambio en la presidencia de la Comisión de Gobierno, actualmente encabezada por el diputado Luis Eduardo Camacho (RM), instancia clave para el primer debate de las reformas.
Esa comisión será el primer filtro para un paquete de cambios al Código Electoral que, por lo general, suele generar fricciones entre partidos políticos, independientes y la sociedad civil organizada.
Durante el cierre de la CNRE, el pasado 12 de marzo, el magistrado del TE, Narciso Arellano, insistió en que la intención de la entidad es remitir un proyecto que refleje en gran medida el consenso alcanzado en la mesa de discusión, pero advirtió que no enviarán propuestas que sean contrarias a la Constitución o a fallos judiciales.
“La intención es que lo que salga de esta mesa sea lo que se lleve como proyecto a la Asamblea”, expresó Arellano. Sin embargo, reconoció la realidad política del trámite legislativo: “Al final en la Asamblea van a hacer ustedes mismos lo que van a decidir, y eso me lo han dicho ustedes también bastantes veces”, dijo ante la mesa, en la que están presentes representantes de los partidos y del legislativo.
El magistrado también dejó claro que el TE no está dispuesto a respaldar artículos que puedan ser cuestionados jurídicamente.
“No vamos a mandar nada que sea ilegal, inconstitucional o contrario a una sentencia de una Corte”, dijo, al tiempo que señaló que el margen de coincidencia entre lo que se discute en la CNRE, lo que el TE presenta y lo que finalmente aprueba la Asamblea ha ido disminuyendo con el paso de los años.
El paquete de reformas incluye temas sensibles que han generado debate desde el inicio del proceso.
Entre los puntos señalados por actores como el diputado Jorge Bloise se encuentran la figura de la renuncia tácita para quienes firman en respaldo a candidaturas por libre postulación, cambios al mecanismo de votación en circuitos plurinominales y la reducción o no del financiamiento público electoral —que en las próximas elecciones podría ser de $158.6 millones, es decir, $49.6 millones más que los$109 millones asignados en 2024—.
También está el fuero electoral, la revocatoria de mandato y el nuevo proceso para la elección de los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) para las elecciones de 2029, luego de que la Corte Suprema declarara en 2025 como inconstitucional el modelo anterior por considerarlo antidemocrático y contrario a la Carta Magna.
