Los rectores de las principales universidades estatales manifestaron su oposición a la propuesta de ley que busca prohibir la reelección inmediata en las instituciones oficiales de educación superior.
La iniciativa, presentada por el diputado Ernesto Cedeño Alvarado y respaldada por otros parlamentarios, tiene como objetivo fortalecer la democracia en la gestión universitaria y evitar la concentración del poder en una sola figura.
De acuerdo con la propuesta, un rector podrá ejercer su mandato por el período establecido en el régimen orgánico de su universidad, pero no podrá optar por la reelección de manera consecutiva. Según los proponentes del anteproyecto de ley, la medida pretende fomentar la renovación del liderazgo académico y permitir la incorporación de nuevas ideas dentro de las universidades.
Argumentan que la permanencia prolongada de un rector en el cargo podría favorecer prácticas autoritarias y afectar la autonomía universitaria. Además, se busca garantizar procesos electorales justos y equitativos, en los que todos los aspirantes cuenten con las mismas oportunidades de postulación, sin la influencia de quien ya ocupa el puesto.
El proyecto se encuentra en la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, pendiente de su primer debate.
Discusión en la subcomisión
Una subcomisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional de Panamá llevó a cabo una sesión clave en la que se debatió el documento. Entre los asistentes destacó la presencia del rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, quien enfatizó que no tiene intenciones de reelegirse.
Flores subrayó la inconstitucionalidad del Proyecto de Ley 83, argumentando que la Universidad de Panamá cuenta con un régimen de autogobierno reconocido por la Constitución y ratificado por la Corte Suprema de Justicia. En su intervención, instó a los diputados a respetar la autonomía universitaria y evitar modificaciones sin la debida consulta a la comunidad académica.
Durante la sesión también se escucharon voces favorables al proyecto, argumentando que la alternancia en el liderazgo universitario puede prevenir la perpetuación de estructuras de poder y fomentar la renovación académica.
Posiciones de otras universidades
El debate también ha alcanzado a la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), cuyo vicerrector académico, Angelino Harris, destacó la importancia de que cada universidad determine sus propias reglas de gobernanza.
Harris recordó que, tras una serie de reformas en los años noventa, la UTP eliminó la reelección inmediata de sus autoridades, asegurando que cualquier cambio en el sistema electoral universitario debe surgir desde el propio estamento académico y no por imposición externa. “Las universidades deben analizar su estructura y necesidades sin presiones externas que respondan a intereses ajenos a la educación superior”, afirmó.
En el caso de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), su vicerrector de investigación, Pedro González, centró su intervención en la defensa de la autonomía universitaria, señalando que la discusión no debe girar en torno a la reelección, sino en preservar la independencia de las universidades frente a decisiones políticas. González denunció que el presupuesto de la Unachi ha sido recortado en 50 millones de dólares, lo que, a su juicio, representa otra forma de vulnerar la autonomía universitaria.
En la sesión también participó el vicerrector de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), Erick García, quien expresó su preocupación por la constitucionalidad de la propuesta.
Finalmente, la Comisión otorgó un plazo de cinco días hábiles para que los interesados presenten sus propuestas por escrito, permitiendo que el debate continúe y que se incorporen diversos puntos de vista antes de tomar una decisión final sobre el anteproyecto de ley 83. Se espera que en las próximas semanas continúe el análisis de la propuesta, tomando en cuenta los argumentos presentados por los diferentes actores.
Esta semana, el Consejo General Universitario de la Universidad de Panamá rechazó el anteproyecto de ley y advirtió que la iniciativa representa una amenaza para la independencia y los principios fundamentales de la Universidad de Panamá.
