No se podrán bloquear las vías completamente y los manifestantes mantendrán dichas áreas libres de basura y desechos. Queda prohibida la invasión y destrucción de propiedad pública y privada. Los organizadores de las manifestaciones serán responsables de los daños causados a bienes públicos y privados.
Estas son algunas medidas que implementará el distrito de Tierras Altas, en Chiriquí, para blindarse de los efectos de los cierres de calles. Durante casi todo el mes de noviembre, este municipio, importante para la producción agrícola, estuvo cercado debido a las protestas contra el contrato minero.
La disposición está consignada en el Decreto Alcaldicio 15 del 5 de diciembre de 2023, firmado por el alcalde de Tierras Altas, Javier Pittí, y la secretaria general, Lorena Rivera.
El decreto también establece que se deberá comunicar con 24 horas de anticipación al despacho del alcalde, sobre cualquier reunión o manifestación. Además, que el juez de paz correspondiente deberá velar por el respeto de las normas nacionales, con la colaboración de la fuerza pública.
El documento está amparado en los artículos 17, 27, y 38 de la Constitución Política, que garantizan el libre tránsito y las reuniones pacíficas, respectivamente, así como por la Ley 106 de 1973, modificada por la Ley 52 de 1984, la Ley 37 de 2009 y el artículo 29 de la Ley 16 de 2016, sobre régimen municipal.
El pasado 22 de noviembre, la Cámara de Turismo de Tierras Altas querelló penalmente a 21 personas que bloquearon las vías durante un mes, impidiendo el libre tránsito, situación que produjo millonarias pérdidas para los productores y el turismo.
“Se está afectando a más de 23 mil personas que habitan en la comunidad y contabilizan las pérdidas en 50 millones de dólares”, aseguró Maru Gálvez, presidenta de la Cámara de Turismo.
Como una iniciativa de la comunidad y la Cámara de #TierrasAltas, se aprobó hoy El Decreto Alcaldicio 015:
— Maru Galvez (@MaruGalvez) December 6, 2023
-Las protestas deberán comunicarse 24 hr antes
-Los organizadores son responsables si hay daños
-No podrán bloquear vías
-El juez de paz le compete resolver los conflictos pic.twitter.com/RFS4Dj5rSe
Producto de los bloqueos de vías, las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro quedaron aisladas. Sus pobladores denunciaron una y otra vez que se sentían secuestrados. No tenían acceso al combustible y al gas de cocina, así como a otros alimentos. Miles de citas médicas y clases se perdieron y la población hasta salió a la calle a pedir un alto al “secuestro” en el que estaban. La situación se normalizó después de que la Corte Suprema de Justicia (el 28 de noviembre pasado) declaró inconstitucional la Ley 406, que adoptó el contrato entre el Estado y Minera Panamá, S.A.
Mientras tanto, el Ministerio Público admitió la querella interpuesta por la Cámara de Turismo de Tierras Altas, contra aquellas personas que promovieron y ejecutaron el cierre de vías.
