La rendición de cuentas en Panamá enfrentará un duro golpe en 2026, luego de que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) recibiera un presupuesto inferior al de este año.
No solo se trata de una asignación menor a lo solicitado, sino que representa el presupuesto más bajo en los últimos tres años, poniendo en riesgo la continuidad de programas clave de capacitación, monitoreo y fortalecimiento institucional de la entidad.
Para 2026, la institución solicitó 3.8 millones de dólares, pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le recomendó 2.8 millones. Para ponerlo en perspectiva, el presupuesto de ANTAI en 2025 fue de 3.5 millones y en 2024 de 4.7 millones de dólares.
Durante la sustentación del presupuesto para el próximo año ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, la directora de la ANTAI, Sheyla Castillo, advirtió sobre un recorte significativo entre lo solicitado y lo recomendado, que asciende a un millón 157 mil 446 dólares.
Castillo detalló que esta reducción representa más de un 25 % en el presupuesto de funcionamiento y, aún más crítico, la eliminación total del renglón destinado a inversión. “Recalco mucho: tenemos cero presupuesto de inversión asignado. Esto nos deja sin la posibilidad de renovar equipos, robustecer plataformas y mejorar los programas de la academia virtual”, subrayó.
Programas afectados
La funcionaria recordó que el proyecto formativo de ANTAI ha permitido ofrecer tres diplomados a funcionarios públicos y a la ciudadanía en general, en temas de ética, transparencia, gobierno abierto y datos abiertos. “Esperamos que se modifique el presupuesto recomendado para poder añadir nuevos cursos, como el de conflicto de interés y ciudadanía digital segura”, añadió.
Castillo advirtió: “El presupuesto puede disminuir la presencia de ANTAI a nivel nacional”.
Otro punto de preocupación señalado fue la exclusión de fondos en el renglón de transferencias corrientes. Según la directora, este ajuste deja a la institución sin recursos para cumplir con pagos a organismos internacionales, lo que —advirtió— podría afectar la imagen del país y su compromiso en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.
Las contribuciones de Panamá a estos organismos, explicó, permiten la participación en redes globales, el fortalecimiento institucional y el cumplimiento de estándares internacionales. “Si no se hacen los aportes, se corre el riesgo de afectar la reputación del país en las listas internacionales”, alertó.
Entre los organismos mencionados están la Organización de Estados Americanos (OEA), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) y la Open Government Partnership (OGP), conocida en español como la Alianza para el Gobierno Abierto. Se trata de una iniciativa internacional lanzada en 2011 que busca promover la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en los gobiernos.
Planilla
En materia de personal, Castillo precisó que ANTAI cuenta con 82 posiciones en su estructura, de las cuales 15 permanecen congeladas. Actualmente trabajan 67 funcionarios y, para 2026, la institución había solicitado tres nuevas plazas que no fueron aprobadas.
Entre los proyectos que se verían afectados mencionó el sistema integrado de conflicto de interés, la academia de transparencia y el futuro observatorio de transparencia.
En este último caso, Castillo explicó que el observatorio sería una herramienta de gran valor para el país, al consolidar datos y buenas prácticas internacionales en materia de rendición de cuentas. “Es un compromiso con nuestra imagen internacional y con los ciudadanos”, aseguró.
La diputada Janine Prado señaló que este recorte es preocupante porque se trata de una institución clave en la transparencia del país. Su colega, Miguel Campo, también expresó su respaldo a la gestión de ANTAI y calificó el recorte como “alarmante”.
En este primer año de gestión, ANTAI ha impulsado más de 1,500 expedientes contra casos de conflicto de interés y nepotismo, cinco veces más que los casos manejados por el gobierno anterior, entre 2019 y 2024.
