La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), exigió la anulación de los mutuos acuerdos, que calificó de “abusivos”, acordados por gerentes y directivos de la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (Etesa).
En seis de estos acuerdos implican el desembolso de casi $1 millón.
En un comunicado, TI solicita que “la cadena de responsabilidad que falló en su deber de proteger los fondos públicos rinda cuentas, revise y cambie los procesos fallidos”.
Acusa directamente a la Contraloría General de la República por lo que considera una “ausencia de fiscalización” a la administración saliente.
“Otra instancia del desgreño administrativo, el abuso de los fondos públicos a través de puestos y la ausencia de fiscalización de la Contraloría”, reiteró el organismo.
Agregó que la Contraloría “tiene que cumplir su deber de fiscalización y abandonar las prácticas permisivas y la omisión de sus funciones de control”, debido a que ello ha permitido un abuso de los fondos públicos.
TI hizo un llamado a que no solo se anulen los mutuo acuerdos “auto regalados por funcionarios sin contrapesos, sino que toda la cadena de responsabilidad que falló en su deber de proteger los fondos públicos rinda cuentas”.
‘Nombramiento políticos’
En la nota divulgada en redes sociales, TI subraya la necesidad de que la junta directiva de Etesa salvaguarde los mejores intereses del Estado, por lo que debe asumir “responsabilidad por este obvio conflicto de intereses”.
@LibertCiudadana espera que anulen esos mutuo acuerdos, que la cadena de responsabilidad que falló en su deber de proteger los fondos públicos rinda cuentas, revise y cambie los procesos fallidos.
— Libertad Ciudadana (@LibertCiudadana) June 25, 2024
Además, evitar los abusos y la ausencia de fiscalización por @ContraloriaPma pic.twitter.com/aVX45nNfkM
La reacción de TI surge luego de que este medio divulgara que el gerente general de Etesa, Carlos Mosquera, recibirá una indemnización de $249,195.96. Mosquera devenga un salario de $14,315.22 al mes, más del doble de lo que recibe el presidente de la República.
Otros funcionarios, como Óscar Rendoll, subgerente general de Etesa, recibirían $306,615, y Pablo Castrejón, director de Finanzas, espera el refrendo de una liquidación por $116,577.53. En tanto, los directores Ramón Palacios y Zorina Carles, de Asesoría Legal y de Servicios Corporativos, recibirían $119,366.94 y $91,068.11, respectivamente.
TI señala que la naturaleza de Etesa como empresa estatal no cambia la realidad de que estos nombramientos políticos son, en esencia, contratos temporales.
Agrega que el presidente electo José Raúl Mulino ha destacado la distinción entre lo legal y lo justo en este caso, instando a la Contraloría a cumplir con su deber de fiscalización.
TI enfatizó la importancia de evitar futuros abusos y garantizar una fiscalización efectiva por parte de la Contraloría, asegurando así una gestión transparente y responsable de los fondos públicos.
