La primera sesión de la subcomisión de Educación, Cultura y Deportes, convocada ayer lunes 18 de agosto para examinar varios proyectos de ley vinculados al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) —la entidad encargada de gestionar becas, créditos educativos y programas de formación para estudiantes en Panamá— se convirtió en un escenario de intenso debate.
La discusión de la subcomisión de Educación enfrentó la protección de los datos personales con el derecho de la ciudadanía a conocer cómo se administran los recursos públicos.
El tema no es nuevo. Durante el gobierno pasado (2019-2024), tanto el exdirector del Ifarhu, Bernardo Menenes —hoy detenido— como el excontralor Gerardo Solís declararon de “acceso restringido” la información de los beneficiarios de los polémicos auxilios económicos, que en su mayoría llegó a familiares y allegados políticos del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
El debate en la comisión
Durante el debate en la subcomisión, la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Sheyla Castillo, enfatizó que la protección de los datos de los menores de edad es “clave” y subrayó que, bajo ninguna circunstancia, se debe registrar la cédula de los estudiantes que reciben becas, auxilios económicos o préstamos educativos.
La diputada del partido Movimiento Otro Camino (Moca) y presidenta de la subcomisión, Grace Hernández, en contraste, puso sobre la mesa la perspectiva histórica y social del tema. “En mi época, ganarse una beca era la envidia de toda la escuela, pero hoy, si eres menor, hay que ocultar quién eres porque nadie puede saber que tienes una beca”, relató, destacando cómo la legislación actual limita la transparencia respecto a los beneficiarios de estos programas.
Castillo respondió recordando que “en tu época no había ley de protección de datos”, lo que abrió un cruce de argumentos sobre los límites y alcances de la normativa vigente. Hernández replicó que la ley “es tan relativa, porque se protege hasta lo que se necesita comunicar” y defendió que los panameños tienen derecho a conocer quiénes acceden a recursos públicos por méritos académicos.
Danza en Madagascar
El debate sumó al diputado de la coalición Vamos y presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, Jorge Bloise, quien respaldó la postura de Hernández y llamó a reforzar la transparencia institucional.
“Hay una tarea que nos pone Grace que debemos lograr: enviar un mensaje al país de una ley modificada que pueda transparentar la institución y garantizar que efectivamente el panameño que menos tiene pueda acceder a una beca”, afirmó, destacando la necesidad de un equilibrio entre privacidad y acceso público a la información.
Finalmente, Luis Herrera, secretario general del Ministerio de Educación (Meduca), abordó la necesidad de robustecer la reglamentación de participación en estos programas.
Señaló que se deben definir claramente quiénes pueden participar, qué tipo de auxilios económicos se otorgan y a qué carreras pueden acceder los estudiantes, recordando que “el hueco que se presentó en el Ifarhu fue de gente estudiando teatro y danza o inglés en Madagascar; no eran carreras necesarias para el desarrollo del país.”
Los auxilios económicos
Uno de los temas llamativos surgió al concluir el debate. El director del Ifarhu, Carlos Godoy, abordó a los medios y defendió la continuidad del programa de auxilios económicos, aunque aclaró que este ha sido reformado con requisitos más estrictos.
Según explicó, ahora se exige una evaluación socioeconómica para determinar a los beneficiarios, un cambio que busca garantizar que los apoyos lleguen a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, además de premiar la excelencia académica.
Godoy recordó que los auxilios no fueron eliminados, sino reestructurados. Entre las modalidades que contempla el programa mencionó los apoyos a puestos distinguidos, convenios con universidades y concursos. Subrayó que el objetivo es equilibrar las becas tradicionales con mecanismos que atiendan a jóvenes que no necesariamente tienen el mejor promedio, pero que enfrentan limitaciones económicas.
“Antes, no estaba orientada a las poblaciones vulnerables, sino a carreras que el país demandaba. Ahora se busca darle un nombre y un enfoque más acorde con la realidad”, explicó.
Como se recordará, entre 2014 y 2024, el Ifarhu gastó $380,833,655.91 en auxilios económicos no reembolsables y otros programas, muchos de ellos asignados con criterios políticos.
Ahora, a través de una subcomisión, la Comisión de Educación, Cultura y Deporte busca transparentar esta información. De hecho, quiere unificar en uno solo cuatro proyectos de ley relacionados con establecer normas mínimas de transparencia en el otorgamiento de becas, así como evitar que funcionarios de alto perfil puedan otorgar auxilios económicos a sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad.
Tras la reunión de este lunes, la subcomisión prepara un nuevo encuentro la próxima semana para unificar criterios sobre la transparencia de las becas y auxilios económicos, lo cual debe entregar a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. La pregunta sigue en el aire: ¿se hará pública la información de los beneficiarios?
