La reciente ratificación de Nicolás Brea como director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) reabre una historia que parecía cerrada: tres figuras absueltas en el caso donde se investigó peculado por la indemnización a dueños de buses “diablos rojos” hoy ocupan posiciones de poder dentro del gobierno de José Raúl Mulino.
Además de Brea, están Ventura Vega, secretario general de la Contraloría, y Jorge Ricardo Fábrega, asesor presidencial. El triunvirato converge en espacios de decisión, control y ejecución, con incidencia directa en áreas importantes del aparato estatal.
El nombramiento que reactivó el foco
En la tarde del 4 de marzo pasado, el pleno de la Asamblea Nacional ratificó a Brea para ocupar el puesto más importante de la ATTT, una entidad vital en la regulación del transporte público, la movilidad urbana y la gestión de concesiones.
De acuerdo con el conteo del Legislativo, 55 diputados le dieron el visto bueno. Ese mismo día, pero más temprano, había pasado el primer filtro en la Comisión de Credenciales. En esa instancia le preguntaron por el caso de los diablos rojos.
Brea, quien era uno de los investigados, se defendió. Dijo que el proceso comenzó por una denuncia que la administración 2009-2014 presentó, pero luego, añadió, el caso tomó “un giro inesperado” y así fue como quedó involucrado.
En 2014, durante el gobierno de Juan Carlos Varela, la Fiscalía Anticorrupción comenzó a 541 personas por supuesto peculado en medio del programa para indemnizar a dueños de buses tipo diablo rojo.
Todo ocurrió en el quinquenio 2009-2014, cuando Ricardo Martinelli era el presidente de Panamá. En ese entonces, desde el Ministerio de la Presidencia se puso en marcha un millonario plan sobre el transporte público: sacar de la calle a los buses tipo diablos rojos, que desde la década de 1970 eran los dueños absolutos de las vías capitalinas. La estrategia era reemplazarlos por los nuevos buses del sistema Metro Bus, servicio que eventualmente se complementaría con los trenes del Metro de Panamá.
La teoría del Ministerio Público se sustentó en que propietarios de los vehículos cobraron doble indemnización o recibieron pagos por buses que ya eran chatarra y estaban fuera de circulación.
Entre los investigados había 79 funcionarios de la ATTT.
“Todos los que estábamos en la institución y que teníamos que ver con el proceso, desde la persona que recibía la documentación en ventanilla, la que la pasaba al tramitante, como el tramitante, el mensajero interno, tesorería, todos los departamentos fuimos imputados, todos. Y yo decía: no puede ser que usted me diga a mí que yo soy el creador de ese proceso, que lo hicimos mal, que lo hicimos bien (...)”, dijo Brea aquel día de principios de marzo en el Legislativo.
Brea fue asesor de la ATTT durante el gobierno de Martinelli.
Los nueve diputados de la comisión votaron a favor de su ratificación.
Los tentáculos
Pero el caso de los diablos rojos también alcanzó a Ventura Vega, quien fue director de la ATTT entre julio de 2012 y febrero de 2013. Y también a Jorge Ricardo “Ricky” Fábrega, director de la mencionada institución entre 2010 y 2012.
Ventura Vega es actualmente el secretario general de la Contraloría General de la República, donde ocupa un rol estratégico en los procesos de control previo, refrendo y fiscalización del gasto público. A su lado está el contralor Anel Flores.
Antes de asumir en la Contraloría, Ventura Vega fue asesor del presidente Mulino, quien, antes de pisar el Palacio de Las Garzas, le dio poder para negociar con el Legislativo, valiéndose de la “armónica colaboración” que reza la Constitución.
Jorge Ricardo Fábrega, en su rol de asesor presidencial, forma parte del entorno cercano al Ejecutivo, con influencia en la toma de decisiones de gobierno. En conjunto, sus posiciones abarcan áreas neurálgicas del funcionamiento estatal.
Los arquitectos del voto
Sus nombres hicieron ruido en julio de 2025, cuando emergieron como arquitectos de la búsqueda de votos en la Asamblea Nacional para llevar a la diputada Shirley Castañeda, del partido oficialista Realizando Metas (RM), a la presidencia del Legislativo. Casi lo logran, pero al final, Jorge Herrera, del Partido Panameñista, se impuso.
El 19 de julio de 2024, el gobierno de Mulino apenas tenía unos días de haber llegado al poder. Ese día se conoció que la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público pasó de acusar a exonerar. En el caso diablos rojos, pidió la absolución de los cuatro exdirectores de la entidad, entre los que se contaban Ventura Vega y Fábrega.
Lea aquí: Ventura Vega, el caso diablos rojos y el inesperado giro de la Fiscalía Anticorrupción
“Yo respeto mucho la justicia. Después de 12 años en este proceso, se ha dado un fallo. Y respeto los fallos, no importa el tipo que sea. Los funcionarios públicos tenemos que darle cuentas a la sociedad”, afirmó Vega cuando La Prensa le consultó sobre el tema por aquellos días.
Todo ocurrió en medio del juicio del caso. El equipo de fiscales, integrado por Blanca Jiménez, Ilka Poveda, Anilú Batista, Edwin Juárez, Pedro Menacho y Mahmad Daud Hasan, alegó, entre otras cosas, que los exdirectores de la ATTT no tenían responsabilidad en las irregularidades detectadas en el proceso de compensación de los buses y le endilgaron esa obligación a la comisión técnica evaluadora encargada de gestionar dicho trámite.
Pero en mayo de 2022, al momento de exponer su teoría en la audiencia preliminar del caso, las fiscales Anilú Batista y Kyra Tascón pidieron llamamiento a juicio para “todos” los 541 acusados, argumentando que funcionarios de la ATTT se asociaron con miembros de las concesionarias y transportistas para compensar buses de manera fraudulenta.
Al finalizar el juicio, la juez Águeda Rentería decidió llamar a juicio a 198 personas.
En septiembre de 2025 se le puso punto final al caso. El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales dictó un veredicto absolutorio a favor de los implicados.
