Los diputados Bernardino González, del Partido Panameñista; Marylín Vallarino, de Cambio Democrático; y Gabriel Silva, independiente; integran una subcomisión legislativa que se encargará de analizar el proyecto de ley 28 que estipula sanciones para los responsables de paralizar obras del Estado.
La decisión se tomó hoy martes 14 de enero en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, que preside el diputado Leandro Ávila. La Comisión de Gobierno discute esta mañana al menos seis proyectos, entre ellos, el número 28 presentado por la diputada Mayín Correa, de Cambio Democrático.
La iniciativa legislativa, que entre otras cosas estipula pena de cárcel de hasta siete años para el funcionario que “con dolo”, ocasione la pérdida, paralización, o deterioro de una obra pública, de acuerdo a Ávila, necesita revisarse a raíz de que contiene varios artículos que necesitan modificarse.
“Puede parecer bueno [el proyecto de ley] pero ha quedado demostrado de que hay un número de artículos que tendrán que desaparecer o se van a modificar”, manifestó el diputado perredista en calidad de líder de la Comisión, al momento de sustentar el hecho de que la propuesta debía ir a una subcomisión. En 30 días, los tres diputados de esa subcomisión deberán entregar resultados.
Ávila también dijo que el proyecto “no tiene efectos retroactivos”.
En la sustentación del proyecto de ley, la diputada Correa advierte, entre otras cosas, lo siguiente: “el pasado quinquenio [2014-2019] se caracterizó por un absoluto y escandaloso desgreño administrativo que provocó pérdidas superiores a los mil millones de dólares por la paralización de proyectos que quedaron inconclusos, que presentan atrasos, deterioros y pérdidas”.
Por otro lado, la Comisión de Gobierno acogió el proyecto de ley 269 impulsado por la diputada perredista Cenobia Vargas, que busca que se modifiquen artículos del Codigo Penal, para el aumento de penas por robo en centros educativos, templos religiosos, entre otros. Por ejemplo, se busca que las penas sean de 5 a 10 años cuando el hurto se cometa en archivos, centros escolares, sitios de uso publico, iglesias, o templos religiosos.
