El Tribunal de Cuentas, a través de un oficio de hoy lunes 13 de enero, decidió llamar a juicio a 20 personas, y a cuatro empresas, por el proceso que siguió la Fiscalía de Cuentas relacionado con supuestas irregularidades en el alquiler de horas vuelo de helicópteros, hecho cometido en el periodo de gestión 2009-2014.
La medida alcanza a cinco ministros de la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014). Ellos son: Emilio José Kieswetter, y Oscar Osorio, quienes fungieron como titulares del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Igualmente a Guillermo Ferrufino, quien fue ministro de Desarrollo Social; y Franklin Vergara, Javier Díaz, quienes fueron ministros de Salud.
El resto de los que deberán enfrentar el juicio son: Franklin Oduber, exdirector de la Autoridad Nacional y Administración de Tierras; Giácomo Tamburrelli, exdirector del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN); Lina Tejera, exfuncionaria del MIDA; Rafael Guardia Jaén, exdirector del PAN; Arturo Alvarado De Icaza, exdirector del Sistema de Protección Civil; Yessica Pérez, exfuncionaria del Ministerio de Desarrollo Social (Mides); Jorge Torregroza, exfuncionario del Midez; Eliece Lara, exfuncionario del Mides; Serafín Sánchez, exviceministro de Salud; Ramón Cuervo, exfuncionario del Ministerio de Salud; y Adelys Verala, exfuncionaria del Ministerio de Salud. En el grupo también están los comerciantes Fotis Limberópulos, José Agustín Rodríguez, y Gabriel Gaby Btesh.
Mientras que las empresas vinculadas son: Cabin Corp.; Heliflight Panamá, S.A.; Angels Wings Life Team Inc. y Level One Venture Everlast Aviation (Love Aviation Inc.), quienes de acuerdo a la Contraloría se habrían beneficiado con contratos millonarios.
El proceso se sustenta en una auditoría de la Contraloría, cuyos resultados se hicieron públicos en 2015. Ese documento determinó que funcionarios y comerciantes habrían pactado una serie de contratos irregulares en el alquiler de helicópteros, negocio que habría generado una lesión al Estado de $10.1 millones. Sin embargo, la investigación de la Fiscalía de Cuentas dio cuenta que la lesión habría sido de $33 millones.
El Ministerio Público a través de una fiscalía anticorrupción también investigó el caso. Sin embargo, el Juzgado Decimoquinto Penal desestimó el proceso a varios de los implicados.
