Cuando Josefa Olivardía llegó a vivir a la Renta 10, por el viejo barrio de Calidonia, una libra de carne costaba 25 centavos, cinco michas de pan se compraban por 10 centavos, y todavía en la mano le sobraba un cuartillo.
En el edificio, construido por la Caja de Seguro Social (CSS), había 134 apartamentos y cada familia debía pagar 23 dólares mensuales de alquiler.
Josefa, con sus dos hijos, ocupó el número 93. Cincuenta y cinco años después sigue allí, sola y sin muchas ganas de irse, aunque el balcón frente a su puerta se desmorona como merengue.
La Renta 10, así como las otras seis que quedan en la ciudad de Panamá, fue uno de los edificios que la CSS construyó entre 1944 y 1947, con la idea de generar ingresos para el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Como afirma el arquitecto Eduardo Tejeira Davis en su libro Guía de Arquitectura y Paisaje de Panamá, con la construcción de estas rentas - cuyo diseño marca el inicio del movimiento moderno arquitectónico en el país- el Gobierno pretendía también "sanear" los barrios obreros de El Chorrillo, Santa Cruz y El Marañón.
Más de medio siglo después, sin embargo, las 11 que se mantienen en pie (en Panamá y Colón) son edificios a los que poco les queda de la gloria pasada, y entre las venas de sus estructuras se cuelan sin remedio las raíces de los helechos que proliferan como chavelitas.
Condenado hace 10 años
Era el 6 de enero de 1998 cuando el Ministerio de Vivienda (Mivi), mediante Resolución No.05-98, estableció que la Renta 10 debía desalojarse y demolerse porque su estado era "deplorable".
Diez años y cuatro meses después, tanto el Mivi como la CSS intentan ponerle fin al problema, mientras los habitantes del edificio manifiestan la dificultad para encontrar un lugar nuevo, la desconfianza en las autoridades o la apatía ante el ultimátum.
"En octubre ese inmueble va para abajo", recalca Gilberto Córdoba, director de Arrendamiento del Mivi.
De acuerdo con los censos,de las 134 familias que viven en la Renta 10, 35 mantienen contratos de arrendamiento con el Seguro Social. El resto (99) es catalogado como "intrusos" .
Como todas deben salir, la CSS ha destinado una partida de 180 mil dólares para la mudanza de las familias: 3 mil dólares para los "legales" y 850 dólares para los "intrusos".
La Renta 10 tiene octubre como punto límite de existencia, pero el Mivi también ha condenado la número 15 (ubicada en Santa Ana), y tiene en proceso condenar las restantes.
"Todas las rentas deben ser desalojadas porque tienen daños estructurales muy grandes, pero primero hay que declarar su condena", recalca Gilberto Tuñón, asesor en la CSS.
Pero, mientras todo esto se dice en las oficinas, en la Renta el tiempo transcurre con parsimonia. Entre el bullicio de un equipo de sonido y el vaivén de las ropas colgadas al viento, Luris Guadamoz comenta que no encuentran un sitio cercano que cueste menos de 225 dólares mensuales y Edmund Crooks deambula entre los pasillos, sin oficio aparente.
Josefa, por su parte, sigue buscando razones para no irse, aunque su balcón esté en pedazos, como mantecado en la boca golosa de un niño.
