El año legislativo iniciado el pasado 1 de julio del año 2022 arrancó con la fractura de la bancada del partido Cambio Democrático (CD), que en forma mayoritaria respaldó al diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Crispiano Adames, en contra de los designios de la presidencia del partido CD, a cargo de Rómulo Roux.
Durante los meses siguientes parecía que en cualquier momento los 15 diputados de CD serían expulsados del partido y perderían sus curules. Afortunadamente para estos políticos, el PRD los respaldó en todo momento y el Tribunal Electoral bloqueó su expulsión, lo que les permitió insistir en su proyecto político para propiciar una alianza con el expresidente de la República Ricardo Martinelli.
En esa primera legislatura no solo ardió la tolda del CD sino que también, durante gran parte del mes de julio del 2022, el país estuvo paralizado por una gigantesca huelga de docentes del sector público, apoyada por trabajadores de la construcción y comunidades indígenas (que bloquearon la vía Panamericana), en reacción al alto precio de los combustibles, de los medicamentos y de la canasta básica de los alimentos.
Mientras la gran discusión nacional se trasladó a Penonomé para la realización de una mesa única de diálogo entre los representantes de los manifestantes y las autoridades nacionales, la Asamblea Nacional fue un convidado de piedra en este proceso.
El primer proyecto de ley que surgió del diálogo y fue enviado al Órgano Legislativo, el de la eliminación de los incentivos fiscales al turismo, fue rechazado principalmente por los diputados de la bancada de gobierno.
La historia de esos créditos fiscales a las inversiones turísticas demostraba la lealtad que los diputados, especialmente de la bancada de gobierno, mantenían con los donantes de las campañas electorales. Para evitar que una demanda de inconstitucionalidad dejara sin efecto los créditos fiscales originalmente aprobados por la Ley 122 de 2019, la Asamblea había aprobado una segunda versión de esta norma, la cual luego del refrendo del presidente Laurentino Cortizo se convirtió en la Ley 314 de 2022. Cuando esta fue demandada nuevamente, los diputados lograron aprobar el proyecto de ley 888 en el cual se establecía que, por un solo día calendario, se le reconocía el crédito fiscal del 100% de la inversión turística a quienes no pudieron aprovechar las leyes anteriores. Esta vez, Cortizo lo vetó y aunque la Asamblea la aprobó por insistencia, la Corte Suprema de Justicia tuvo tiempo suficiente para declarar inconstitucional un parágrafo de la Ley 314 de 2022, el que daba el crédito fiscal por el 100% de la inversión, a quienes hubieran iniciado su tramitación antes de la entrada en vigencia de dicha ley.
El desafío de Crispiano
Lo que parecía iba a ser otro año legislativo cargado de “armónica colaboración” devino en otra trayectoria. En lo que estaba destinado a convertirse en la “coronación” del vicepresidente José Gabriel Carrizo como precandidato presidencial en las primarias del PRD, se desdibujó por la presencia en la contienda del propio presidente de la Asamblea, Crispiano Adames. Aunque otros perredistas como Pedro Miguel González también entraron al ruedo, la aspiración de Adames significó en la práctica que la bancada del PRD quedaba dividida, lo que resultó en una mayor cohesión de la facción parlamentaria que respalda al vicepresidente Carrizo, con la bancada rebelde de CD.
La aspiración de Adames hizo más evidente el matraqueo dentro de las comisiones legislativas y la abierta rebelión de los diputados de la bancada del PRD y sus aliados, que rompieron el quórum cuando se pretendía interrogar al administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz, y al director de Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Juan Antonio Ducruet. En paralelo, el Ministerio de Economía y Finanzas dilató el pago de muchos funcionarios del Órgano Legislativo y otros gastos, como parte del pase de factura a Adames -según dijo el propio diputado- por su osadía de competir en las primarias del PRD.
El reino de la impunidad
El año legislativo tiene dos legislaturas, la segunda de las cuales concluye formalmente el 30 de abril, pero que en la práctica terminó el pasado jueves, cuando luego de muchas expectativas y negociaciones de todo tipo, el proyecto de ley de extinción de dominio de bienes ilícitos tuvo que ser archivado ante la histórica maniobra de 38 diputados, principalmente de las bancadas del PRD y CD, que le dieron un portazo a esta iniciativa clave del gobierno de Cortizo, que por dos años se mantuvo en la agenda legislativa con la esperanza de convertirse en ley para quitar uno de los últimos obstáculos a la salida de Panamá de las listas discriminatorias.
Es evidente que si el bando que apoya al vicepresidente Carrizo en las primarias del PRD fue precisamente el grupo de diputados que lideró la derrota del proyecto de ley de extinción de dominio, esto significa que la administración de Cortizo tendrá serios problemas en presentar nuevamente este proyecto de ley, dado que es muy claro que estos diputados lo que buscan es impunidad para sí mismos y para sus allegados.
En la dimensión desconocida de la política panameña no es casual que la diputada Zulay Rodríguez, otrora la parlamentaria más vocal en la Asamblea Nacional y quien lidera el proceso de recaudación de firmas como aspirante por la libre postulación a la presidencia de la República, haya bajado tanto su perfil en los últimos meses. Ayer 28 de abril, en la Feria Internacional de Azuero, luego de una paciente espera, la Corte Suprema de Justicia la notificó finalmente del proceso penal en su contra, por hechos vinculados a unos lingotes de oro.
El presidente Cortizo anunció que volverá a presentar el proyecto de ley de extinción de dominio en el mes de julio. Sin embargo, siendo entonces el inicio de su último año de gobierno, es de esperar una mayor rebeldía de parte de la bancada del PRD. Si las heridas de las primarias son profundas, el clima de trabajo y la coordinación necesaria para avanzar iniciativas de ley y por supuesto para escoger a las juntas directivas de la Asamblea y de las comisiones, será un verdadero dolor de cabeza. Si algo se puede aprender de la historia reciente es que los diputados siempre hacen lo que más les conviene.
