Más de una década después de la sanción original, el Ministerio de Ambiente logró concretar el cobro total de la multa impuesta en 2014 a Campos de Pesé, S.A. por la contaminación con vinaza de la fuente hídrica del río La Villa, en la provincia de Herrera.
El pago marca el cierre de un proceso administrativo que permaneció pendiente durante años y que se convirtió en símbolo de la lentitud en la ejecución de sanciones ambientales en el país.
La sanción fue establecida mediante la Resolución AG-0688-2014, del 3 de octubre de 2014, que fijó una multa de $608,930, tras comprobarse la afectación al recurso hídrico. Aunque la empresa interpuso recursos ante instancias judiciales, la decisión se mantuvo sin modificaciones. Sin embargo, el pago no se hizo efectivo en ese momento, lo que obligó a la institución a mantener abierto el expediente.
Los detalles
Fue en diciembre de 2025 cuando la Dirección Regional remitió el caso al Juzgado Ejecutor de la entidad ambiental para iniciar el proceso de cobro coactivo. Una vez emitido el mandamiento de pago, se activaron las medidas legales correspondientes, lo que dio paso a una etapa de ejecución orientada a recuperar los fondos adeudados al Estado.
Como parte de esas acciones, se enviaron oficios a entidades bancarias e instituciones gubernamentales, entre ellas, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Las diligencias permitieron el secuestro de 69 vehículos pertenecientes a la empresa, así como la retención de una cuenta bancaria, medidas que presionaron el cumplimiento de la obligación pendiente.
Finalmente, el 11 de febrero de 2026, la empresa canceló la totalidad de la multa, cuyo monto actualizado ascendió a $669,823. Con este resultado, el Ministerio de Ambiente destacó que la ejecución coactiva permitió hacer efectivo el pago en un plazo de dos meses, contados desde el ingreso del expediente al juzgado ejecutor, y exhortó a otras empresas con obligaciones pendientes a regularizar su situación de forma voluntaria para evitar medidas más restrictivas, conforme a la ley.
La contaminación
En junio de 2014, el cauce del río La Villa, principal fuente de abastecimiento de agua potable para la península de Azuero, amaneció teñido de un tono rojizo que encendió las alarmas en las provincias de Herrera y Los Santos.
Las plantas potabilizadoras suspendieron operaciones y, en cuestión de horas, miles de residentes de Chitré y La Villa de Los Santos quedaron sin suministro seguro. El olor, el color y los primeros análisis técnicos confirmaron que no se trataba de un fenómeno natural.
Las autoridades detectaron en el agua presencia de vinaza, un residuo líquido derivado de la producción de etanol y, posteriormente, niveles elevados del herbicida atrazina, una sustancia utilizada en actividades agrícolas y prohibida en agua destinada al consumo humano. La combinación de ambos contaminantes obligó a emitir advertencias sanitarias y a desplegar operativos de distribución de agua embotellada, mientras se realizaban muestreos y peritajes ambientales.
En el centro de la controversia quedó la empresa Campos de Pesé, dedicada al cultivo de caña de azúcar y a la producción de etanol en la región. Informes preliminares de las autoridades ambientales apuntaron a posibles descargas o filtraciones vinculadas a sus operaciones. La compañía negó responsabilidad, pero el Ministerio Público abrió investigaciones por presuntos delitos contra el ambiente y la salud pública.
El impacto social fue inmediato. Más de 100 mil personas enfrentaron restricciones en el acceso al agua potable durante varios días. En supermercados y tiendas se agotaron las botellas de agua, mientras cisternas estatales recorrían barriadas y corregimientos. Las protestas no tardaron en surgir: los residentes exigían sanciones ejemplares y mayores controles a las actividades agroindustriales que operan en la cuenca.
Con el paso de las semanas, el caso derivó en sanciones administrativas y procesos judiciales que se extendieron durante años y que culminaron en 2026 con el cobro de la multa.
