El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, sigue la pista de docentes y funcionarios administrativos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) que habrían obtenido títulos académicos expedidos por las universidades American Andragogy University y Atlantic International University, ambas con oficinas en Estados Unidos.
A través de la nota PGN-SS-SPA-368-2026, fechada el 6 de marzo de 2026, Gómez Rudy solicitó formalmente a la secretaria general de la Unachi, Enis Grajales, una amplia documentación relacionada con procesos de validación, homologación y reconocimiento académico realizados dentro de la institución.
La solicitud surge en el marco de una investigación por la presunta comisión de un delito contra la administración pública. En el oficio, el Ministerio Público pidió las generales completas de todas las personas que hayan tramitado títulos emitidos por ambas universidades, incluyendo nombres, números de identidad, cargos y cualquier otro dato que permita individualizarlas dentro de la estructura universitaria. La petición también abarca cualquier procedimiento de evaluación académica aplicado a esos títulos.
Otros requerimientos
El requerimiento va más allá de la validación de credenciales universitarias. La Procuraduría exigió identificar cuáles de esas personas fueron contratadas posteriormente por la Unachi o prestaron servicios en calidad de docentes, administrativos o consultores profesionales. Además, solicitó detallar los cargos desempeñados, las fechas de ingreso y la modalidad de contratación utilizada en cada caso.
La investigación también apunta a establecer si esos títulos tuvieron un impacto directo en la carrera laboral y salarial de funcionarios universitarios. El Ministerio Público pidió determinar si, como consecuencia de la presentación o reconocimiento de esos diplomas, algunos trabajadores recibieron ascensos, reclasificaciones, cambios de categoría, mejoras salariales u otros beneficios económicos dentro de la universidad. Para ello, exigió copia autenticada de las resoluciones y actos administrativos que respaldaron esas decisiones.
Otro de los elementos relevantes del oficio es que la Procuraduría no fijó límites temporales para la entrega de la información. La solicitud ordena revisar “la totalidad de los casos registrados” dentro de la Unachi vinculados a títulos expedidos por ambas universidades.
El documento, al que tuvo acceso La Prensa, concluye señalando que toda la información requerida será utilizada como “elemento de convicción” dentro de la noticia criminal que adelanta el Ministerio Público.
Diplomas exprés
Este medio realizó una búsqueda preliminar sobre ambas casas de estudios superiores. Las dos universidades afirman tener oficinas en Hawái y se promueven como “online universities”, es decir, instituciones que ofrecen programas de estudio a distancia o virtuales. De hecho, en sus páginas web aclaran que “no están acreditadas” por ninguna agencia reconocida por el Departamento de Educación de Estados Unidos, debido a que utilizan métodos de enseñanza no tradicionales.
Profesores de la Unachi que prefirieron mantener el anonimato ante posibles represalias indicaron que estos diplomas permitieron que varios de sus colegas pasaran de devengar salarios de $1,800 mensuales a percibir cerca de $5,000 al mes. Precisamente, esa es parte de la información que busca precisar el Ministerio Público.
Llama la atención que los diplomas emitidos por ambas universidades no son aceptados en varias jurisdicciones de Estados Unidos, e incluso son rechazados por universidades nacionales como la Universidad de Panamá. Así lo manifestó el propio rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, el año pasado.
“La UP no reconoce, por normativa del Consejo Académico, los títulos del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica de Nicaragua, de la American Andragogy University de Honolulu, Hawái; los títulos de la Atlantic International University, ni los de ninguna otra universidad extranjera que no esté debidamente reconocida en su respectivo país”, manifestó Flores Castro.
Este fue uno de los reclamos que el exdiputado Juan Diego Vásquez hizo en su momento a la rectora de la Unachi, Etelvina Medianero de Bonagas, al cuestionar que se estuvieran otorgando nombramientos como profesores a tiempo completo a personas con supuestas maestrías y doctorados de corta duración expedidos por instituciones no acreditadas por agencias reconocidas en Estados Unidos.
El exdiputado independiente cuestionó que, para un profesor, contar con un doctorado permite obtener más rápidamente un nombramiento a tiempo completo. Por ello, Vásquez sostuvo que la Unachi estaba fomentando una competencia desleal entre sus propios docentes. Incluso, citó como ejemplo el caso de la Universidad de Panamá, que únicamente reconoce doctorados que impliquen al menos dos años de estudio.
“No hay un doctorado serio en la vida que dure seis meses y ustedes le están dando valor a ese título, pese a que no tiene reconocimiento en Estados Unidos y está generando una competencia desleal entre sus propios docentes”, le dijo Vásquez a Medianero de Bonagas al referirse a los llamados diplomas exprés.
Los beneficiados
Además de la nota de la Procuraduría, se conoció que, durante una intervención ante el Consejo Académico del pasado 14 de abril de 2026, el vicerrector académico de la Unachi, Jorge Bonilla, confirmó que el foco principal de las pesquisas del Ministerio Público son los títulos emitidos por universidades extranjeras y utilizados dentro de la institución para procesos de validación, homologación, reconocimiento y equiparación académica.
Según Bonilla, las autoridades universitarias identificaron a unos 110 profesores que presentaron esos títulos. De ese total, 27 docentes habrían utilizado esas credenciales en trámites administrativos o académicos dentro de la universidad, mientras que el resto únicamente las incorporó a su hoja de vida o expediente personal. No obstante, fuentes internas de la Unachi informaron a este diario que la cantidad podría ser mucho mayor.
La investigación no se limita a quienes poseen los diplomas. El Ministerio Público también solicitó información sobre las comisiones encargadas de evaluar esos títulos, incluyendo los nombres de sus integrantes y la forma en que se desarrollaron los procesos de análisis y aprobación.
Uno de los temas que más llama la atención dentro de la Unachi son los elevados salarios que reciben algunos profesores y funcionarios, un factor que, según voces internas, ha contribuido a la crisis económica que enfrenta actualmente la institución.
Con una planilla que supera los 2,000 funcionarios entre personal académico y administrativo, el costo mensual asciende a $5.8 millones, lo que evidencia el peso financiero que representa esta casa de estudios superiores para el Estado.
Dentro de esa estructura, al menos 249 funcionarios devengan salarios superiores a los $7,000 mensuales. La propia rectora encabeza la escala con un ingreso de $12,000, por encima del salario del presidente de la República, José Raúl Mulino, fijado en $7,000. Este contraste ha reavivado cuestionamientos sobre la proporcionalidad y los criterios de asignación salarial dentro de la institución.
Este medio intentó obtener la versión de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas sobre las investigaciones que adelanta la Procuraduría General de la Nación. La llamada fue contestada por una mujer con una voz muy similar a la de la rectora, aunque aseguró ser su secretaria. “Habla su secretaria, ¿qué desea?”, preguntó al otro lado de la línea.
Al explicarle que se buscaba una reacción sobre las pesquisas del Ministerio Público, la interlocutora respondió con aparente conocimiento del caso: “Toda esa información ya se le entregó al Ministerio Público y, por tratarse de una investigación, es mejor no emitir comentarios”. Acto seguido, recomendó contactar al vicerrector Pedro González. Sin embargo, las llamadas realizadas posteriormente a González tampoco fueron respondidas.
